Impunidad total: apenas el 2% de las denuncias por robo que llegan a la Fiscalía termina en condena, ¿qué está pasando?

Normalmente se dice que la justicia ‘cojea pero llega’. Sin embargo, en Colombia, ni siquiera llega. Así lo demuestra un análisis de datos elaborado por SEMANA, en el que se examinó el comportamiento de todas las noticias criminales, es decir, el conocimiento de la existencia de algún delito por parte de la Fiscalía General de la Nación, en los últimos 13 años, y los resultados son realmente alarmantes: apenas en el 4 por ciento de los casos se llega a algún tipo de condena.

De acuerdo con las bases de datos de la Fiscalía analizadas por esta revista, desde 2010 hasta mayo de este año se han abierto 16.680.951 noticias criminales en el país, de las cuales el 70 por ciento (11.363.628) se quedaron en indagación, es decir, no pasaron más allá de la denuncia. El 21,4 por ciento en la fase querellable, el 3,6 por ciento llegaron a etapa de juicio y solo en el 4 por ciento de los casos se llegó a una condena. En otras palabras, 7 de cada 10 procesos quedaron en el ‘limbo jurídico’.

Para dimensionar el desamparo en el que viven los ciudadanos en Colombia frente a la paquidermia de la justicia, SEMANA analizó la impunidad que existe en los llamados delitos de mayor impacto, es decir, lo que más afecta al ciudadano en su día a día, y el panorama es aún más desolador.

Por ejemplo, el hurto simple, que es el delito que más afecta al ciudadano en su día a día, cuando le roban el celular, le quitan la billetera o lo asaltan a la salida de algún establecimiento, es una de las conductas con la menor tasa de esclarecimiento.

Según los datos analizados, de las 3 millones 200 mil noticias criminales que se abrieron por esta conducta desde 2010 hasta la fecha, el 84 por ciento se quedaron en indagación, es decir, no fueron más allá de la denuncia; el 1,5 por ciento quedó en etapa de juicio y solo en el 2,5 por ciento se llegó a una condena.

En otras palabras, en nueve de cada 10 robos comunes que sufren los ciudadanos no pasa nada. Por ello, es normal ver casos como el de Jorge Rodríguez, alias Baby Face, quien según reportes de la Policía ha sido arrestado en flagrancia, es decir, mientras comete el delito, en 16 oportunidades por atracos callejeros y a supermercados.

“Hemos tenido casos en donde ladrones de establecimientos comerciales, celulares y residencias han caído siete veces en menos de seis meses. No es fácil explicarle a la ciudadanía que mientras en un lado de la balanza de la justicia se hacen cosas, en el otro no. Lo que se hace con el codo se borra con la mano”, afirmó un oficial de la Policía.

Una situación similar ocurre con el secuestro, un delito que ha venido en aumento en el país. El 75 por ciento de los casos no pasaron de la denuncia, el 6 por ciento están en etapa de juicio, pero contrario al hurto, la ejecución de penas es mayor, en el 9 por ciento de los casos se llega a una condena, una cifra que, en todo caso, sigue siendo baja.

Para el caso de la extorsión, un delito del que son víctimas especialmente los comerciantes, el 80,7 por ciento de los casos se quedan en la denuncia y apenas el 9,4 por ciento avanzan hasta una condena.

Ni siquiera en el homicidio, un asunto en el que se acaba con el bien supremo que es la vida, la situación mejora. El 82 por ciento de los casos no pasaron de la indagación.

Igual de preocupante es lo que ocurre con los delitos relacionados con la corrupción: cohecho, peculado y celebración indebida de contratos. Tan sólo el 5 por ciento de las noticias criminales notificadas por estas conductas terminaron en una sentencia condenatoria.

Sistema engorroso

Una de las explicaciones que entregan los expertos frente a la alarmante desprotección judicial en la que viven los ciudadanos en Colombia es lo engorroso que es el sistema.

“Usted, como colombiano, puede perder todo un día poniendo una denuncia. Cuando logra que avance el proceso se encuentra con el aplazamiento de las audiencias, porque no hay dónde hacerlas o se estrella con que le cambian el fiscal. Tengo procesos donde me han cambiado tres o cuatro veces los fiscales y el nuevo funcionario debe empaparse del expediente antes de continuar con las etapas”, le explicó a SEMANA el abogado penalista Santiago Valencia.

A esto se suma el hecho de que, como lo aseguró el penalista Francisco Bernate, “el problema está en que no tenemos suficientes investigadores, de tal manera que un mismo investigador puede estar atendiendo cinco o seis despachos de fiscales, es decir, tranquilamente puede tener 10.000 investigaciones a su cargo, lo que genera que los procesos se demoren”.

Esta falta de investigadores queda en evidencia cuando se trata de investigar conductas en las que se requiere recaudar una importante cantidad de pruebas para poder pasar a la etapa de juzgamiento, como es el caso de las amenazas, un delito que no siempre es fácil de comprobar.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, el 98 por ciento de las denuncias de amenazas no pasan de la etapa de indagación y las condenas no llegan ni al 1 por ciento.

Otro elemento que contribuye al colapso del sistema es que muchas veces los ciudadanos, ante cualquier mínimo problema, todo lo quieren solucionar recurriendo al sistema penal. Ello explica por qué, en promedio, en Colombia se abren 106 mil noticias criminales al mes, es decir 3.560 por día, 148 por hora.

No obstante, este elevado número de denuncias también es un reflejo de la exposición al delito a la que se ven enfrentados a diario los ciudadanos.

Por ejemplo, mientras en más del 80 por ciento de los casos los colombianos no encuentran respuestas en la justicia, sí ven cómo van en aumento delitos como el secuestro. Según cifras del Sistema de Información de la Policía Nacional, 152 personas fueron retenidas ilegalmente entre el primero de enero y el 31 de mayo de este año.

Si se analiza en detalle este dato y el periodo en el que ocurrieron los hechos, no se reportaba un alza de estas magnitudes desde 2012. En los primeros cinco meses de ese año se cometieron 146 secuestros. Las zonas más afectadas por este flagelo son Antioquia, Norte de Santander, Cauca y Arauca, terrenos donde operan ampliamente las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN.

Una situación similar ocurre con el hurto, el delito de mayor impacto, que ha tenido un incremento del 16 por ciento entre enero y mayo de este año, comparado con el mismo periodo del año pasado, según cifras del propio Ministerio de Defensa.

Más dramático es lo sucedido con la extorsión, que se elevó en un 33 por ciento entre enero y mayo de este año, comparado con 2022.

A este círculo de impunidad que enfrentan todos los días los colombianos, se suma un fenómeno que se ha venido acentuando en los últimos meses y es la disminución en el número de capturas.

Por lo menos así lo reportan cifras de la Policía Nacional, en las que se evidencia una situación paradójica: mientras han aumentado los delitos, han bajado las capturas.

Según los reportes de la entidad, el país pasó de tener 108.296 capturas entre enero y junio del año pasado a 78.698 en el segundo semestre del año, una disminución del 28 por ciento.

Y si se analiza el inicio de este año (enero y febrero), la situación es aún más dramática: es el periodo con menos capturas desde 2018.

Justo cuando el país enfrenta una oleada de violencia, los ciudadanos se ven enfrentados a un círculo perverso: suben los delitos, bajan las capturas y la justicia los deja en el limbo. ¿Impunidad total?