Indígenas de Corinto, en huelga contra el Dane: piden que sus autocensos entren en estadísticas poblacionales

Las comunidades indígenas tienen a las instituciones del Gobierno haciendo cuentas, literalmente. Un grupo de integrantes del pueblo de Corinto, en Cauca, llegó hace una semana a las instalaciones del Departamento Nacional de Estadística (Dane) a hacer una huelga de hambre para pedir que revisen el censo de esa comunidad.

El reclamo no es nuevo. Los indígenas de Corinto llevan cinco años sosteniendo mesas técnicas con el Departamento para pedirles un ajuste en el censo de 2018, que arrojó que ese pueblo solo tiene 798 integrantes, pese a que las cuentas que hace la autoridad local indican que son 12.918.

La diferencia entre los datos oficiales y los que levantó el pueblo son abismales: da cuenta de la metodología que cada una de las instancias implicadas utiliza para contar a la población. El número promedio de esta se redujo en un 94 % entre la estimación oficial y la extraoficial. El problema viene de antes, pero los manifestantes pensaron que encontrarían solución durante el gobierno de Gustavo Petro.

Lejos de resolverse el inconveniente, los indígenas llevan 15 meses esperando que su reclamo entre en la agenda de prioridades del presidente y del Departamento de Estadística, por lo que decidieron desplazarse hasta Bogotá para manifestarse.

Estas personas llevan una semana y media haciendo plantones frente al Dane y declarados en huelga de hambre. Ya sus voceros dijeron ante el Congreso de la República que, si no les dan solución, más integrantes de las comunidades se desplazarán hasta Bogotá para pedir que se revisen los datos estadísticos del país.

“Lo que pedimos es la validación de los autocensos porque los gobiernos indígenas dentro de los territorios estamos amparados por la Ley 89, en la cual se establece que como autoridades indígenas, como gobiernos dentro de los territorios, tenemos también la potestad de construir nuestros censos poblacionales y poder establecer instancias de coordinación de gobierno a gobierno”, detalló Vladimir Cocha, líder del pueblo de Corinto.

Si bien el caso de esa comunidad es el más grave por la diferencia numérica que registra, no es el único. El representante indígena Ermes Pete Vivas aseguró que pueden ser cerca de 500 comunidades las que tengan algún tipo de diferencia en el censo interno del pueblo (el “autocenso”) en relación con el que maneja el Gobierno nacional para la toma de decisiones de política pública.

El problema aqueja a varios y prueba de ello es que en la mesa técnica con el Dane están sentados representantes de los emberá, del resguardo escopetera Pirsa, del Cric y de otras instancias indígenas: todas esperando que el Dane acepte dentro de sus estadísticas oficiales los números que maneja cada grupo, porque así la diferencia sea de una o dos personas, aseguran que hay datos dispares.

Pero el Dane no acepta que esos “autocensos” entren en la información estadística oficial del Estado, señalando que la Ley 715 de 2001 detalla que los criterios de los autocensos o registros de población étnica no pueden ser utilizados como fuente oficial para certificar la población indígena de los resguardos.

“Debido a los criterios técnicos y legales establecidos, no es factible que el Dane recoja o valide los autocensos como datos oficiales para el conteo de población, ya que se requiere una residencia habitual, que implica que las personas sean censadas donde pasan la mayor parte de su tiempo, mientras que los autocensos se basan en la pertenencia al resguardo, independientemente de su ubicación o residencia”, sostuvo el Departamento en un cuestionario enviado a SEMANA.

Desde Corinto aseguran que no aparecer en los registros oficiales les impide acceder a subsidios o a programas públicos destinados exclusivamente para esas comunidades y aseveran que, como gobiernos autónomos, tienen derecho a que sus propias cifras sean tenidas en cuenta.

Sin embargo, la cuestión para el Departamento de Estadística es todo un asunto de números, porque los datos que levantaron para el censo de 2018 se explican en que se tuvo en cuenta la residencia permanente de las personas y no la dinámica de migración hacia las ciudades, que es común en esa población.

El Dane puntualiza: “Las comunidades indígenas han tenido voz en estos escenarios, desde la consulta técnica de 2016 hasta la mesa de análisis jurídico que actualmente está en funcionamiento. En resumen, el Dane ha brindado oportunidades para el diálogo y la participación activa de las comunidades indígenas a lo largo de este período para abordar sus inquietudes relacionadas con los censos”.

Con dos visiones dispares sobre cómo contabilizar a las comunidades indígenas, la puja sigue y los indígenas prometen mantenerse en huelga hasta que sus números sean tenidos en cuenta, mientras que los tecnicismos del mundo estadístico (y la misma ley colombiana) lo impiden.