Indulto a miembros de la Primera Línea: el pulso entre Gustavo Petro y su coalición en el Congreso

El gobierno del presidente Gustavo Petro acaba de sufrir el que es hasta ahora el traspiés más grande que ha enfrentado en el Congreso: las plenarias del Senado y la Cámara aplazaron el último debate del proyecto de ley de paz total, que es considerado, junto a la reforma tributaria, uno de los proyectos más importantes de la agenda legislativa de Petro.

La iniciativa, en principio, busca darle algunas herramientas al Gobierno Nacional para que avance en procesos de paz con grupos armados ilegales que tengan un origen político y dejar sentado que la búsqueda de la paz en el país será una política de Estado que trascendería a los gobiernos de turno.

Esta ley de orden público es prorrogada cada cuatro años por los gobiernos, pero, en este caso, está siendo aprovechada también para dejar las bases de la búsqueda de la paz total que propone la administración de Petro.

Sin embargo, la iniciativa tuvo un duro freno este miércoles en el Congreso: la Plenaria de la Cámara decidió aplazar el debate al encontrar “dudas jurídicas” sobre el texto, mientras que la Plenaria del Senado se quedó sin quorum a la hora de votar el informe de ponencia, que es el primer paso para iniciar el debate. ¿Qué hay detrás de lo sucedido?

Aunque desde hace varios días la coalición de Petro en el Congreso venía mostrando grietas, el detonante fue la inclusión de dos polémicos artículos en la ley de orden público que beneficiarían de manera directa a los miembros de la llamada Primera Línea, un asunto que no ha caído bien entre los partidos.

El más polémico, el artículo 17 de la iniciativa, plantea: “Facúltese al Presidente de la República para que, en el marco de la política de Paz Total, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta”.

Esto quiere decir que, en caso de aprobarse este artículo, el mandatario de turno, en este caso el presidente Gustavo Petro, podría indultar a los ciudadanos condenados por delitos que hayan sido cometidos en medio de una protesta o de una marcha, así estas conductas no estén relacionadas directamente con las manifestaciones.

En estos procesos hay varios jóvenes de la llamada ‘primera línea’, la cual, según los promotores de esas manifestaciones, fueron los encargados de estar al frente de las protestas y enfrentar los supuestos abusos de algunos integrantes de la fuerza pública. Pero también quedaron en evidencia a la hora de protagonizar actos de vandalismo y destrozos contra propiedades.

La otra disposición controversial es la que señala que “el Presidente de la República podrá designar como promotores de convivencia y participación ciudadana a personas que se encuentren privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta, para lo cual podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la orden de captura o la medida de aseguramiento. Lo anterior no implica la suspensión o terminación del proceso penal”.

Esto, para algunos sectores, implicaría que, por ejemplo, miembros de la Primera Línea puedan actuar como gestores de convivencias en las manifestaciones.

Estos artículos generaron una aguda discusión en ambas plenarias que estaban citadas este miércoles para dar el debate y generó malestar el hecho de que se quiera meter a la fuerza una propuesta de tan profundas repercusiones.

Incluso, en la discusión de la Plenaria de la Cámara hubo voces del petrismo que se mostraron de acuerdo con el aplazamiento de la discusión.

“Se ha tomado una decisión acertada a la hora de aplazar este importante proyecto, porque tenemos realmente muchas dudas sobre su contenido”, reconoció la representante de Alianza Verde Katherine Miranda, quien fue jefe de debate de la campaña de Petro en Bogotá.

Y tampoco es un hecho menor que fue el propio presidente de la Cámara, David Racero, el que tomó la decisión de aplazar el debate. No se puede olvidar que Racero es de la línea dura del petrismo. Es decir, ni los propios alfiles de Petro salieron a defenderlo en esta oportunidad.

Este asunto tiene como telón de fondo el primer gran pulso entre el presidente Petro y su coalición. No se puede olvidar que el indulto a los miembros de la Primera Línea fue una de las promesas de campaña del actual jefe de Estado.

En un video que circula en redes sociales, que corresponde a un acto de campaña del actual mandatario, una persona se acerca a Petro y le pide un saludo para “los muchachos de la primera línea de Boyacá que hoy están privados de la libertad”, así como para sus madres y familias que sufren por la situación de sus seres queridos.

“Toda la solidaridad, habrá un proceso de indulto para quienes han sido tan perseguidos tan injustamente, simplemente, por manifestarse”, expresó Petro en ese momento.

Este hecho lo confirmó el representante del Pacto Histórico Alirio Uribe, quien explicó que uno de los compromisos de campaña del presidente Petro fue el de trabajar por la liberación de estos jóvenes y que, por ello, se iniciaron las labores para lograr dicho objetivo.

Tan es así que el propio Alirio Uribe, desde principios de agosto, lideró la proposición para crear una comisión accidental en el Congreso para buscar la liberación de los miembros de la Primera Línea.

“Ante la realidad de que en Colombia hay una cantidad de jóvenes que están presos por ejercer los derechos a la protesta social, hemos creado una proposición para crear la Comisión Accidental de derechos humanos para garantizar los derechos de los jóvenes que se encuentran injustamente privados de la libertad”, dijo el representante Uribe en su momento.

Según el congresista, el objetivo de esta comisión, que ya está funcionando, es excarcelar a estos jóvenes en varias ciudades del país, por lo que se han establecido contactos con oenegés, abogados e, incluso, con los integrantes de la Primera Línea para buscar esas fórmulas jurídicas.

Otro de los que confirmó que, efectivamente, esta fue una promesa de campaña fue el presidente del Congreso, Roy Barreras, ficha clave del Pacto Histórico.

“El Pacto Histórico, como fuerza política, ha tenido el compromiso desde la campaña de rescatar a quienes en la protesta social terminaron judicializados”, apuntó Barreras.

Es decir, este no es un hecho accidental, liberar a los miembros de la Primera Línea es una de las cruzadas del presidente Petro. Y lo dejó claro desde el mismo día que se proclamó presidente, el 19 de junio, cuando le lanzó una controversial petición al fiscal general, Francisco Barbosa: “Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. Liberen a los jóvenes”.