Informe interno de la Agencia Nacional de Tierras advirtió irregularidades desde 2023: ¿se embolata la reforma agraria?

Un informe de la oficina de control interno de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) advirtió desde diciembre de 2023 sobre las irregularidades que estaban ocurriendo en la compra de predios para la reforma agraria rural.

El documento al que tuvo acceso SEMANA registró, para entonces, tres riesgos en los que estaban los procesos porque se estaban destinando recursos para estudiar predios con inviabilidad jurídica, se utilizaron fondos del Estado a terrenos que no se registraron y hasta transacciones a los propietarios sin que estos transfirieran la propiedad de los inmuebles.

Esas anomalías salen a la luz en un contexto en el que ya se están destapando las irregularidades ocurridas con el predio Los Cachorros, terreno que fue entregado por el presidente Gustavo Petro a asociaciones campesinas desde el 19 de enero de 2024, pero al que no han podido ingresar los nuevos propietarios (quienes víctimas del conflicto armado) porque no se han publicado las resoluciones de propiedad individual.

Los problemas en la gestión de la ANT se registraban desde el año anterior. El reporte da cuenta de que no se estuvieron aplicando los procesos debidos para la adquisición de 57 predios que fueron comprados de manera directa por la institución con recursos públicos.

“No se observa en los estudios técnicos, jurídico o agronómicos que el predio es apto para la compra (...) en mucho de estos en los avalúos y en los mismos estudios técnicos se han dejado plasmadas restricciones de usos de suelos y categorizaciones agrológicas incompatibles con el desarrollo de proyectos productos que propendan por alcanzar los objetivos de la reforma rural”, se lee en el dossier de 89 páginas.

Los funcionarios de la agencia estuvieron diligenciando formatos que no eran uniformes con los documentos que debían entregar y que no estaban dentro del diseño de procedimientos, además, tampoco se siguió la minucia técnica en el llenado de los documentos que daban cuenta de la viabilidad jurídica.

Esto ocurrió con el pago de una parcela que fue adquirida el 29 de junio de 2023, pese a que el estudio preliminar del 24 de marzo de ese mismo año (efectuado tres meses antes de la compra) indicaba que el inmueble no cumplía con las condiciones de viabilidad jurídica.

“Ninguno de los expedientes evidencia que permitiera ver el modo de consulta por cruce de capas espaciales, tomando como fuente las capas dispuestas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT) para determinar si los predios ofertados están en algún trámite de restitución de tierras, lo cual implica, nuevamente, la generación de riesgos asociados al cumplimiento de la misionalidad de la Agencia”, detalla el informe. Esto significa que se utilizaron recursos del Estado para analizar predios que no podían ser adquiridos.

Es más, la ANT compró predios que no fueron registrados oportunamente dentro de la contabilidad de la entidad, ni en el Fondo de Tierras de la Agencia, porque no había acta de entrega material del predio, por lo que no había garantía de la propiedad del Estado sobre esos terrenos.

“Se evidenció debilidades en el Sistema de Control Interno en la ‘adjudicación de predios’, en todas sus etapas (planeación, procedimiento, gestión financiera, gestión contable, administración de bienes) debido a la debilidad en la generación de lineamientos, controles y seguimientos de supervisión, para la compra de predios”, se lee en el reporte al que tuvo acceso SEMANA.

La normativa colombiana en relación a la adquisición de tierras por parte del Estado indica que el pago debe hacerse una vez se haya registrado el dominio del inmueble, no obstante, la ANT pagó por seis fincas sin que se registrara la titularidad entidad.

Esas irregularidades se documentaron durante 2023 cuando la ANT estaba a cargo de Gerardo Vega. Sin embargo, hasta el momento se han abierto investigaciones contra directores técnicos que estuvieron a cargo de la toma de decisiones sobre la compra de tierras que se conjugaron como posibles irregularidades.

La reforma agraria es uno de los puntos acordados por el Estado en el Acuerdo de Paz con las Farc y uno de los compromisos suscritos con los campesinos durante décadas. Si bien el presidente Petro les prometió entregarles 3 millones de hectáreas, esa meta ha sido esquiva para su administración.