Ingrid Betancourt pide que el llamado a juicio de Álvaro Uribe no se convierta en “una cuenta de cobro” con color político

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno a testigos. De acuerdo con el comunicado del ente acusador, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó el escrito de acusación contra el exmandatario colombiano.

Por esa razón, diferentes sectores políticos han reaccionado a la noticia judicial y han expresado sus posturas frente al tema. Una de esas reacciones provino de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien llegó este martes al Congreso de la República para participar de la conmemoración del día de las víctimas.

Al ser consultada por el llamado a juicio del expresidente Uribe, Betancourt señaló que el país debe conocer toda la verdad de lo que ha ocurrido, pero con garantías procesales para que sea un juicio justo.

“Yo espero que esto no sea una cacería política. Necesitamos que se sepa la verdad, pero que esto no se vuelva una cuenta de cobro porque no ayuda a la paz de Colombia”, dijo.

La excandidata señaló que no conoce a fondo los detalles del expediente, pero que el país debe entender que este proceso se debe adelantar “sin color político y sin represalias”.

Además, dijo que las víctimas en el país están siendo catalogadas con base en sus posturas o ideologías políticas y que eso no aportará para nada en la búsqueda de la paz. “Las víctimas tenemos color político. Si somos víctimas de las Farc no nos oyen, pero si son del Ejército las escuchan. Eso no tiene sentido alguno”.

El encargado de llevar el caso del expresidente Uribe será el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villarreal, y el escrito de acusación contra el exmandatario ya fue radicado en el centro de servicios judiciales de Paloquemao.

Esta es una de las primeras decisiones de gran trascendencia político-judicial en la administración de la recién posesionada fiscal general, Luz Adriana Camargo. En la administración del exfiscal general Francisco Barbosa, el ente acusador solicitó en dos ocasiones la preclusión del proceso, pero los jueces la habían negado.

”A partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal”, advierte un comunicado de la Fiscalía.

Sobre el trámite de esta nueva decisión, que pone al expresidente Uribe, nuevamente, en el banquillo de acusados, la Fiscalía aclaró que, “una vez el Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá cumpla con el reparto y se conozca el juzgado penal del circuito al que le corresponda el juicio, se realizará la audiencia de formalización de la acusación, en la fecha y hora que fije la judicatura”.

Este llamado a juicio, cuando apenas inicia la gestión de Camargo, como era de esperarse, de inmediato generó reacciones a favor y en contra, y relacionadas justamente con el cambio de administración en la Fiscalía.

Por eso, desde la entidad advirtieron que “la Fiscalía General de la Nación garantiza el derecho al debido proceso en la presente y en todas las actuaciones a su cargo. Ahora, el investigado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y quienes reclaman la calidad de víctimas con sus apoderados, tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones, que deberá culminar con la emisión de un fallo”.

En mayo del año pasado, por segunda vez, se negó la solicitud de preclusión del proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por el delito de soborno en actuación penal. La decisión fue emitida por la jueza 41 de conocimiento de Bogotá, que rechazó la solicitud planteada por la Fiscalía General.