Invasiones
Insólito: detenidos por supuesto liderazgo en invasiones a tierras le piden a Petro intervenir para que los liberen y amenazaron con huelga de hambre
Dos activistas presos en una cárcel de Popayán dijeron que sus procesos han sido dilatados por las autoridades y manifestaron que esperarán hasta el próximo lunes para que haya una decisión.
En una carta de dos páginas enviada al presidente Gustavo Petro, los activistas Andrés Duque y Bremen Hinestroza le pidieron al mandatario intervenir para lograr la solución de su situación jurídica y su pronta liberación, y amenazaron con una huelga de hambre si sus peticiones no son atendidas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los dos detenidos serían “personas destacadas al interior del movimiento ‘Sin Techo - Tejido Popular’ y, al parecer, movilizaron personas para invadir inmuebles privados ubicados en zona rural al norte de la capital caucana”, hechos por los cuales están siendo investigados.
Según la investigación, estas dos personas –y otras dos que también están siendo investigadas– habrían utilizado “elementos tanto explosivos como incendiarios, además de piedras, escombros, palos y armas corto-contundentes, los cuales serían usados para atentar contra la Fuerza Pública”, la cual acudió para tratar de defender a los propietarios legítimos de los predios ocupados.
Duque e Hinestroza fueron imputados por los presuntos delitos de avasallamiento de bien inmueble, violencia contra servidor público y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, por lo que están privados de la libertad en Popayán.
Los dos detenidos le enviaron una carta a Petro en la que se declaran “perseguidos, señalados, amenazados y privados de la libertad por el anterior gobierno del Centro Democrático en cabeza de Iván Duque” y confirman que están ubicados en la cárcel de alta seguridad de San Isidro, en la capital caucana.
“Desde el mismo momento de nuestra captura, junto con profesionales del derecho, comunidades, amigos y amigas, hemos buscado incansable las herramientas jurídicas y políticas que acaben con este atropello y logren nuestra libertad. Sin embargo, el sistema judicial, penitenciario y carcelario se han convertido en una gran barrera y en cuatro ocasiones se nos ha negado la oportunidad del desarrollo de nuestras audiencias”, dicen estos activistas en la misiva.
Sobre estas audiencias, afirman que han sido “aplazadas indefinidamente por motivos amparados por la ley” y que esta situación, según ellos, ha generado diferentes afectaciones desde el punto de vista familiar.
Impacto familiar para detenidos
De acuerdo con su versión, estas demoras han representado “el estar cerca de cumplir 6 meses de encierro, alejados de nuestras familias, de nuestras hijas y de los deberes que asumimos desde hace tiempo con las comunidades con quienes ejercemos nuestro liderazgo. Son los mismos 6 meses que está por cumplir de electo el gobierno que más de 11 millones de colombianos y colombianas elegimos”.
“Por estos motivos nos dirigimos a ustedes, buscando que se pueda acompañar la resolución de fondo de nuestra situación jurídica. No se puede permitir que se siga aplazando indefinidamente la programación de nuestras audiencias y se aplace la oportunidad de alcanzar nuestra libertad y regresar con nuestras familias y comunidades”, reza la carta enviada a Petro y otros altos funcionarios del Gobierno.
Duque e Hinestroza anuncian que han “decidido esperar hasta el próximo 5 de diciembre para la realización de la audiencia de sustitución de medida y conocer la fecha de la audiencia de apelación, y en el caso de no realizarse, junto con compañeros y compañeras de las organizaciones sociales con quienes trabajamos, iniciaremos una huelga de hambre indefinida que solo se suspenderá con el abrazo fraterno de nuestras familias y organizaciones”.
La carta fue enviada a Petro y a los ministros de Justicia, Néstor Osuna; Interior, Alfonso Prada; Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y Cultura, Patricia Ariza. También al alto Comisionado de Paz, Danilo Duarte; el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Luis Trujillo Alfaro, y los “compañeros y compañeras de las organizaciones sociales”, además de “la comunidad en general”.