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Insólito | Las principales ciudades del país cuentan con 26.998 cámaras de seguridad, pero el 48 % no funciona
Se trata de un dato muy preocupante si se tiene en cuenta la disparada de varios delitos en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y demás.
En medio de la alarmante disparada de la delincuencia y las afectaciones al orden público en gran parte del territorio nacional; la tecnología, y principalmente, las cámaras de seguridad, son un insumo importante para identificar y lograr dar con el paradero de los delincuentes para someterlos ante la justicia, sin embargo, en la práctica, otra es la realidad en Colombia.
De acuerdo con informe que entregó el Ministerio de Defensa a la Cámara de Representantes, cerca de la mitad de las cámaras de seguridad o videovigilancia en el país, están dañadas o fuera de funcionamiento. Un dato muy preocupante si se tiene en cuenta la disparada de varios delitos en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y demás.
Según lo revela la cartera de Defensa, en las principales ciudades y ciudades intermedias, hay un total de 26.998 cámaras de seguridad instaladas, pero de ellas, 12.994 no sirven, es decir, el 48 % está fuera de servicio.
El informe, entregado por el Ministerio a la Cámara de Representantes, entrega una radiografía completa del total de cámaras de seguridad, dónde están instaladas, tanto en qué ciudad como en qué punto específicamente. Ciudades como Bogotá, Cali, Medellín tienen un importante número de cámaras fuera de servicio. En la capital del país, por ejemplo, de 5.828 cámaras de seguridad públicas, el 12 % está fuera de servicio.
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En Cali, por su parte, de las 2.031 cámaras de videovigilancia existentes, aproximadamente 1.200 no están en servicio.
Esta alarmante realidad ya había sido advertida por el propio director de la Policía, el general William René Salamanca. “Revisar las cámaras que están en las ciudades y en los poblados es una prioridad para la Policía, de cerca de las 25.000 cámaras que hay Colombia, cerca del 48 % está inservible, aquí hay una falla estructural”, dijo el general Salamanca en su momento cuando asumió la dirección general de la Policía.
Para el uniformado, lo que sucede en Cali, por ejemplo, representa una desventaja clara frente a la criminalidad. Afirmó que, aunque la ciudad reciba un aumento en el pie de fuerza, el funcionamiento de estos dispositivos será fundamental para hacerle frente a la inseguridad.
“Parte de la promoción de policías que pronto se graduará vendrá para Cali, el Valle y el sur del país, pero Cali no puede tener la mitad de sus cámaras de seguridad inservibles. Tenemos que hacer un esfuerzo como autoridad porque la comunidad está reclamando que la tecnología se haga presente”, expuso en su visita a la capital del Valle del Cauca, donde asistió a la graduación de 338 jóvenes que hacen parte del proyecto de Tratamiento Integral de Pandillas.
La inseguridad parece estar desbordada en la ciudad de Cali. En lo corrido de este año, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad, han sido instauradas 13.288 denuncias por hurto, 22 % más que en 2022. Los homicidios también han incrementado, pues se han cometido 557 (20 más que el año pasado).
Frente a este tema, precisamente, en días pasados, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Alcaldía de Santiago de Cali, por la presunta negligencia para disponer de un equipo para el mantenimiento o reparación de cerca de 1.200 cámaras de seguridad que se encuentran fuera de servicio en la ciudad.
La Provincial de Instrucción de Cali señaló que se investigarán las denuncias que recogieron medios de comunicación locales, en las que se aseguró que de los 2.031 equipos instalados para este fin, no funcionan más de la mitad, lo que limitaría la capacidad de respuesta de las autoridades frente hechos delictivos.
El Ente de control solicitó la práctica de pruebas que permitan establecer el estado en el que se encuentran los dispositivos, donde se especifique la empresa encargada de su mantenimiento y el presupuesto destinado para dicha actividad, entre otras.
Finalmente, el Ministerio Público sostuvo que es necesario despejar la duda acerca de quién o quiénes podrían ser los servidores comprometidos en las conductas objeto de averiguación
