Investigadora venezolana alerta de riesgos para migrantes de ese país en Colombia, tras anuncios de permisos especiales de la Cancillería

En los últimos días se generó toda una polémica por la posibilidad de que a los venezolanos en Colombia se les exigiera el pasaporte vigente, sabiendo que por el régimen de Nicolás Maduro sacar este documento es costoso y complicado.

Aunque el canciller encargado Luis Gilberto Murillo y el presidente Gustavo Petro confirmaron que esta idea no se llevará a cabo, esto generó algunos análisis sobre el contexto migratorio de venezolanos en Colombia y cómo el gobierno nacional ha manejado ese fenómeno.

En conversación con SEMANA, María Gabriela Trompetero, docente e investigadora de ese país, hizo toda una radiografía de las políticas de Petro sobre el tema y reconoció que hay cosas que podrían mejorar. Además, alertó que algunas políticas podrían generar atrasos, como el anuncio de Murillo, de otorgar permisos especiales a los venezolanos para trabajar o que tienen hijos en Colombia registrados con PPT (Permiso por Protección Temporal).

Trompetero es candidata a doctorado en Sociología de la Universidad de Bielefeld, Alemania. Tiene una maestría en Estudios Interamericanos y ha trabajado como asistente de investigación en el Migration Policy Institute, Equilibrium SDC y la Facultad de Sociología de la Universidad de Bielefeld.

Fue investigadora asociada al Instituto Alemán de Desarrollo y Sostenibilidad (IDOS) y es investigadora afiliada a la “Cátedra del IDRC (Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de Canadá) sobre Migraciones y Desplazamientos Forzados” en la Universidad del Pacífico, Perú. Ha publicado investigaciones relacionadas a la migración forzada venezolana en Colombia.

SEMANA: ¿Qué opinión tiene sobre el borrador de decreto que se conoció, en el que se le iba a pedir pasaporte a los venezolanos migrantes en Colombia?

MARÍA GABRIELA TROMPETERO: La justificación del decreto me parecía muy pobre, ya que se hace referencia al reinicio de relaciones bilaterales entre el gobierno venezolano y el colombiano, justificando derogar la resolución del 2021 que le permite a las personas venezolanas en Colombia su ingreso, tránsito y permanencia con el pasaporte vencido. Si bien se han restablecido las relaciones y se han abierto consulados de Venezuela en Colombia, no significa que las personas venezolanas ya no cuenten con toda la serie de obstáculos que enfrentan para tramitar un pasaporte vigente. El pasaporte venezolano es uno de los más costosos en el mundo, tramitarlo en Venezuela cuesta 216 dólares y fuera del país 216 dólares más o 120 dólares por gastos consulares. Una familia de tres personas necesitaría más de 900 dólares para poder tramitarlo. El país sigue experimentando uno de los peores salarios de la región y para la gran mayoría no es posible sacar el documento. Otra barrera son las brechas institucionales y burocráticas. La justificación de esa consulta publicada por Cancillería era bastante pobre.

SEMANA: El canciller encargado Luis Gilberto Murillo dio a entender que el decreto no se implementará y responsabilizó a algunos funcionarios de la Cancillería, ¿qué opina?

M.G.T.: Sí, probablemente se haya debido a un problema de comunicación dentro de la Cancillería. No obstante, creo que él como canciller debería hacer un proceso de mea culpa considerando que es el director de la cartera. El anuncio generó muchísima zozobra dentro de la población venezolana en Colombia, en donde hay casi 3 millones de personas y, según un estudio del Observador de la Diáspora Venezolana, aproximadamente el 50 % de los venezolanos en el extranjero no cuentan con un pasaporte vigente. También preocupa el trino del presidente Petro, en el que dice que es mentira sin ninguna explicación, en este juego de responsabilizar al medio de comunicación. Es importante que se esté hablando del tema a pesar del error de haberlo publicado. Me preocupa que el canciller dice que va a activar un permiso especial de permanencia para personas venezolanas padres y visas de trabajo, pareciera que estamos volviendo al régimen que había antes del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes de Venezuela, donde había varios tipos de permisos especiales de permanencia para el trabajo, para la educación, etc. Esto trajo muchos problemas y retos. Que haya una variedad de servicios le genera más retos a las instituciones a la hora de validar y reconocer estos nuevos permisos.

SEMANA: ¿Es mejor el Estatuto que esos permisos de permanencia?

M.G.T.: Sí, considero que se debería continuar con el Estatuto. El problema es que no tenemos detalles sobre estos nuevos permisos especiales. ¿Cuánto tiempo le van a ofrecer derechos a la población venezolana? Que nos estén asomando dos mecanismos me genera un poco de temor que volvamos al esquema de diversos permisos que ya se probó y en la práctica no fue la mejor forma de impulsar la integración de las personas migrantes en Colombia.

SEMANA: ¿Qué debería hacer Colombia para mejorar las condiciones de los migrantes venezolanos?

M.G.T.: Hay que continuar desarrollando la implementación y el desarrollo de políticas de integración. Si bien el Estatuto ha sido bastante exitoso al regularizar a la fecha casi 2 millones de venezolanos, aún faltan políticas que no solamente ofrezcan este importante documento, que es la llave en materia de derechos, sino que generen que sean accesibles, a la banca, comprar servicios de internet o telefonía, convalidación de títulos, etc. Vemos en las escuelas brechas o rechazo entre los mismos niños, porque los menores venezolanos llegan con niveles académicos un poco más atrasados por el retraso de la educación venezolana. Y migrantes que sufren revictimización porque llegan a zonas en las que todavía hay presencia del conflicto armado. Un estudio actual de la OIM asegura que la población venezolana contribuye con más de 516 millones de dólares en Colombia, superando lo que el mismo Estado invierte en la población venezolana en temas de salud o educación. Si más personas migrantes pudiesen integrarse socioeconómica en el país, esta ganancia para Colombia fuese aún mayor, resaltando así aún más la importancia del éxito de las políticas de integración.

SEMANA: ¿Qué se podría hacer para mejorar esa situación?

M.G.T.: Continuar con el Estatuto justamente para reducir esa cifra de 500 mil personas venezolanas que no han podido acceder porque los plazos del Estatuto no han sido extendidos. La apuesta debe estar destinada a la integración con distintas políticas y mejorar la articulación institucional. Que el gobierno Petro cerrara la Gerencia de Fronteras fue uno de los peores errores de su administración en el tema migratorio porque esta entidad era la encargada de coordinar los distintos actores que trabajan con temas migratorios en distintos niveles. Esta gerencia tenía un peso muy importante porque formaba parte de Presidencia y tenía una lógica de integración. Realmente lograba imponer la agenda de integración de las distintas políticas. Se crea una Dirección de Población Migrante dentro del Ministerio de Igualdad dentro de un viceministerio encargado del tema migratorio pero hasta la fecha no conocemos cómo está operando. Esto ha generado desconfianza por parte de ciertas agencias de cooperación internacional en seguir invirtiendo en Colombia en temas migratorios frente a este desorden institucional que se evidencia en la publicación del borrador del decreto, que al parecer ni tenía conocimiento el presidente. A nivel institucional hemos visto muchos retrocesos. Si bien salió la resolución de las mesas en las que participará la sociedad civil, esto se está viendo opacado por los otros retrocesos y la lentitud en los procesos de regularización.

SEMANA: ¿Cómo analiza la posición del gobierno de Petro con Nicolás Maduro?

M.G.T.: Entiendo la importancia de haber reiniciado las relaciones bilaterales, sobre todo pensando en la necesidad que tienen tantos colombianos en Venezuela como personas en Colombia de realizar sus procesos en consulados, tramitar pasaportes, documentos de identidad, apostillas, entre otros. No obstante, creo que un paso en falso del gobierno Petro ha sido repetir la narrativa del régimen de Nicolás Maduro de que la culpa de la crisis en Venezuela y del éxodo venezolano son las sanciones. Hace poco se lanzó la idea de que Colombia pudiera ser observador de las elecciones venezolanas del 28 de julio y con eso hay que tener mucho cuidado, porque las garantías todavía no están dadas. Si bien la oposición venezolana ha logrado inscribir a un candidato de la Unidad, aún no hay certeza de que sean justas y limpias. La diáspora venezolana enfrentó grandes obstáculos para poder realizar su registro electoral. Hay que ser muy cuidadosos con este papel que pueda tener Colombia de observador y si en vez de denunciar las irregularidades o que termina es legitimando unas elecciones que probablemente puedan ser irregulares y que no serán ni libres ni justas. Me pareció interesante que Petro propusiera un plebiscito para garantizarle derechos a quien pierda las elecciones presidenciales pues trae a la mesa la discusión de una posible transición en Venezuela. Lamentablemente no dio detalles al respecto. Creo que hay matices. No sabemos aún qué va a pasar.