Iván Cepeda defiende acuerdo con el ELN. Así funcionará la fase de diseño los primeros seis meses

El pasado 9 de junio se selló finalmente el acuerdo de cese al fuego entre el ELN y el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro. La firma de dicho documento establece nuevas directrices para manejar el conflicto con esa guerrilla.

Ese acuerdo fue firmado en Cuba y establece tres fases claves. La primera será definida este próximo 5 de julio, en la que se establecerán canales de comunicación, protocolos, mecanismos de monitoreo y demás.

Luego, el 6 de julio inicia el cese de operaciones ofensivas de ambas partes. El próximo 10 de julio, se desarrollará una mesa para la evaluación de dichos protocolos elaborados.

Ante las confusiones que dicho acuerdo ha generado en los diferentes sectores, el senador Iván Cepeda salió a aclarar el documento y las funciones del comité nacional que se crearía.

El congresista aseguró que el Primer Acuerdo de Cuba, como denomina al documento suscrito por la guerrilla y el Gobierno, crea un comité nacional, que tiene como objetivo diseñar las formas en que la sociedad está convocada en el proceso de paz con el ELN.

Con dicho comité se inicia la fase de preparación y diseño del acuerdo, que según el congresista “antecede a la participación pluralista y democrática”.

“La fase de diseño dura seis meses, al cabo de los cuales se presentará a la Mesa de Diálogos la propuesta de Plan Nacional de Participación por parte de este comité que integran 81 representantes de 30 sectores, organizaciones, movimientos, gremios e instituciones”, comentó el senador.

El congresista concluyó su aclaración asegurando que la participación de diferentes sectores es clave para las transformaciones que quieren lograr, para superar el conflicto armado. “Invitamos a todos los procesos sociales a participar en la construcción de la paz”, afirmó.

Defensoría pide protección para alcaldes que despachan fuera de sus municipios por amenazas del Clan del Golfo y ELN

La Defensoría del Pueblo continúa insistiendo en la necesidad de activar todos los mecanismos de prevención y coordinación entre entidades nacionales y territoriales para abordar la crítica situación de seguridad que se está presentando en Colombia, especialmente en el departamento del Chocó.

En un informe emitido el pasado 16 de junio, luego de un exhaustivo trabajo realizado por las Defensorías Regionales en terreno, la entidad advirtió sobre la preocupante situación que enfrentan los servidores públicos como alcaldes, concejales, personeros y diputados, en todo el territorio nacional. En un total de 17 departamentos, incluyendo Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Santander y Tolima, estos funcionarios se encuentran bajo amenazas constantes.

El informe reveló que 17 municipios están en alto riesgo debido a la presencia y confrontación entre estructuras armadas ilegales. En siete departamentos, un total de 12 alcaldes han tenido que abandonar sus territorios para resguardar sus vidas e integridad personal y, actualmente, ejercen sus funciones desde otras jurisdicciones.

Este es el caso del Chocó, donde los alcaldes de Bagadó, Río Iró, Sipí y San José del Palmar se ven obligados a despachar desde lugares distintos debido a la actividad indiscriminada del Clan del Golfo y la guerrilla del ELN.

En Río Iró, tres días después de emitirse la Alerta Temprana 020-23 para ese municipio, el alcalde fue víctima de un atentado con un artefacto explosivo improvisado. Además de estos lamentables hechos, los alcaldes de Nuquí, Atrato, El Cantón del San Pablo, Unión Panamericana, Medio Baudó y Lloró también han sufrido atentados contra su vida e integridad.

El Chocó, departamento en la costa pacífica de Colombia, tiene el mayor número de alcaldes que deben trabajar desde otras cabeceras municipales o ciudades, un total de cuatro, y también es el lugar donde más mandatarios han sido objeto de atentados, sumando un total de siete.

Además, las comunidades pertenecientes a consejos comunitarios en Nóvita, Sipí y Medio San Juan se han visto obligadas a desplazarse de manera forzada e incluso han quedado confinadas en sus propias viviendas.