Jalón de orejas del Gobierno a municipios PDET de 13 departamentos, por no rendir cuentas del acuerdo de paz

El Departamento Administrativo de la Función Pública, le pidió a 38 alcaldías de 13 departamentos del país enviar el Informe Individual de Rendición de Cuentas del Acuerdo de paz, un reporte que anualmente entregan los municipios con Programas de Desarrollo con enfoque territorial (PDET).

En ese informe las alcaldías de los municipios PDET hacen el compendio de las actividades que han realizado para el cumplimiento y desarrollo del Acuerdo de Paz. La forma de cumplir con este reporte consiste en que las alcaldías deben diligenciar un modelo de informe, creado por Función Pública, que posteriormente publican en la página web oficial de la administración municipal.

Tras cumplir con esos pasos, luego lo hacen llegar a Función Pública para que la entidad lo publique en el Sistema de Rendición de Cuentas de la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP).

Los municipios pendientes por publicar el reporte son:

Antioquia: Apartadó, Carepa, Nechí, Urabá y Valdivia.

Bolívar: El Guamo, María La Baja, Morales, San Juan Nepomuceno, Simití y Zambrano.

Caquetá: Cartagena del Chairá, Puerto Rico y Valparaíso.

Cauca: López, Suárez y Toribio.

Cesar: San Diego.

Córdoba: Montelíbano.

Chocó: Condoto, Istmina, Medio Atrato y Sipí.

Guaviare: Miraflores, San José del Guaviare.

Nariño: Barbacoas, La Tola, Magüi, Roberto Payán, Tumaco.

Norte de Santander: Sardinata, Teorama. Putumayo: Orito, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán.

Sucre: Coloso y San Onofre.

Tolima: Ataco.

La entidad también invitó a las comunidades y habitantes de estos municipios a participar activamente ejerciendo control social en las actividades de sus alcaldías, con el propósito de garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Función Pública recordó a los mandatarios de estas poblaciones que la publicación de ese informe es una acción de transparencia fundamental en la construcción de la Paz Total.

Congresistas anuncian mecanismo de verificación de cumplimiento de los acuerdos de paz

El senador Humberto de la Calle hizo un duro llamado al Gobierno de Gustavo Petro: el primer ladrillo de la paz total es el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colón y este no se está cumpliendo. De ahí que De la Calle le pida al Gobierno reevaluar la política de seguridad del país.

Esa alerta llegó en medio del lanzamiento de un informe liderado por fuerzas bipartidistas, que desde el Congreso de la República lanzaron un llamado de atención sobre el incumplimiento del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc. El reporte pretende evaluar el cumplimiento en los siete años que han pasado desde la firma y del primer año del Gobierno Petro.

“Este documento es serio, tiene origen multipartidista y está apoyado en instituciones que han venido trabajando este tema desde hace años. Todo proviene desde una visión empírica de los territorios, de lo que está pasando, uno recibe el clamor de los territorios, de que no se está cumpliendo”, sostuvo el senador Humberto de la Calle, quien fue el negociador del acuerdo con las extintas Farc y es uno de los congresistas que le puso la lupa al cumplimiento de lo pactado en La Habana.

“Lo que estamos viendo en los territorios en Colombia es algo más que inseguridad, es un fenómeno de descontrol que debe mirar el Gobierno, porque nos dice que algo anda mal”, agregó De la Calle.

El informe fue elaborado por la Comisión de Paz del Congreso y la Fundación Ideas para la Paz, a través del proyecto del Capitolio al Territorio.

“Si se quiere hablar de paz, lo importante es generar credibilidad y confianza. Si no se está cumpliendo lo firmado en el Teatro Colón, muy seguramente las personas que están en otros procesos no van a creer en el mismo”, sostuvo el senador de Cambio Radical, David Luna.

Los congresistas llaman la atención sobre que hay una baja ejecución de los recursos en las entidades adscritas a la paz, reclaman que las condiciones de seguridad requieren acciones urgentes, sostienen que persisten los problemas de acceso a tierras y que la indemnización a las víctimas sigue avanzando de forma lenta.