NACIÓN
JEP imputa por delitos sexuales a Pablo Catatumbo y a otros 14 exjefes de las Farc
Por primera vez, la JEP responsabiliza de este tipo de delitos de manera directa a un antiguo miembro del secretariado de esa guerrilla.
Por primera vez, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputará por delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado a Pablo Catatumbo y a otros 14 exjefes de las Farc.
La imputación incluye delitos tan graves como abusos sexuales y esclavitud sexual contra mujeres y niñas al interior y fuera de la guerrilla.
La JEP también le imputará a estos 14 ex-Farc responsabilidad por su responsabilidad en casos de desaparición forzada, masacres y confinamientos forzados, entre otros crímenes de lesa humanidad.
Se trata del Caso 02, que prioriza la grave situación de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que afectan principalmente a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, campesinos, mujeres y personas LGBTI de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas en el departamento de Nariño.
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El Caso 02 estudia aproximadamente 3.000 hechos victimizantes agrupados en 12 afectaciones cometidas presuntamente por integrantes de las extintas Farc EP y miembros de la fuerza pública en esa región del país entre 1990 y 2016. Hasta el momento, la JEP ha acreditado 105.241 víctimas, 30 consejos comunitarios afrocolombianos, 84 consejos y resguardos indígenas, una organización de campesinos y seis organizaciones de víctimas.
Pablo Catatumbo, cuyo nombre de pila es Jorge Torres Victoria, es actualmente senador de la República por el partido Comunes por segundo periodo consecutivo.
Por estos crímenes, la JEP también responsabilizará al exjefe del Bloque Occidental, Edgar López Gómez, alias Pacho Chino, quien también participó en las negociaciones del Proceso de Paz en La Habana.
Otras imputaciones a exjefes de las Farc
El pasado 7 de julio. la JEP también anunció anunció la imputación de cargos en contra de diez excomandantes del Comando Conjunto Central de las Farc en el expediente por los actos de secuestro que se presentaron en los departamentos del Tolima, Huila y Quindío.
Las pruebas recolectadas indicaron que esta estructura guerrillera adoptó una política de financiación a través de los secuestros. Con la llamada Comisión Financiera Manuelita Sáenz ―según explicó la magistrada Julieta Lemaitre― “se creó un sofisticado sistema de secuestro y extorsión” para cumplir con la cuota de dinero que debía ser entregada al Secretariado de las Farc que, sea dicho de paso, ya fue imputado por estos hechos.
En este sentido se advierte que desde el Comando Conjunto Central se materializaron las políticas trazadas por el antiguo Secretariado en torno al secuestro y que se clasifican en tres tipos: secuestros para financiar la organización, para forzar el intercambio por guerrilleros presos y para contribuir a mantener al control territorial.
En los últimos meses se recibieron varias versiones de comparecientes de ese grupo armado ilegal que coincidieron en afirmar que los secuestros fueron utilizados con fines económicos para financiar el aparato militar y para cumplir “con el propósito de tomarse la capital del país y ganar la guerra”.
Por estos hechos fueron vinculados Luis Eduardo Rayo, conocido como Marlon; Enoc Capera Trujillo, Giovanni; Jhon Jairo Oliveros Grisales, Armando Pipas; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, Gonzalo; Édgar Ramírez Medina, Onofre Camargo; Víctor Hugo Silva, Erick o el Chivo; Wilson Ramírez Guzmán, conocido como Teófilo y Raúl Agudelo Medina, Olivo Saldaña ―quien actualmente enfrenta un proceso por la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc―.
