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Juan Carlos Upegui se mantiene en el Concejo de Medellín; niegan solicitud que buscaba tumbar su curul
El concejal ratificó su compromiso para hacer oposición en la alcaldía de Federico Gutiérrez.
El Tribunal Administrativo de Antioquia negó este miércoles, 17 de enero, la solicitud de suspender la elección de Juan Carlos Upegui como concejal de Medellín.
La demanda fue presentada por la veeduría ciudadana Transparencia Electoral y buscaba la pérdida de investidura de quien fue el candidato del exalcalde Daniel Quintero.
Según el documento, Upegui en su momento se encontraba inhabilitado para ser candidato del Partido Independiente porque su papá, Carlos Alberto Upegui, en plena época electoral, fue designado como rector del Colegio San Lorenzo de Aburrá.
Sin embargo, la firma de abogados que adelanta el proceso a favor de Upegui es Yepes Castro en cabeza de exconsejero de Estado Alberto Yepes Barreiro, quienes defienden que no existen argumentos para suspender la elección de Upegui como concejal de la ciudad.
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La decisión fue celebrada por el concejal, quien, a través de sus redes sociales ratificó su compromiso para hacer oposición en la alcaldía de Federico Gutiérrez.
“Niegan las medidas cautelares que pretendían desconocer nuestro derecho a ejercer la oposición desde el Concejo de Medellín. Continuaremos firmes en la batalla por la democracia”, publicó Upegui en su cuenta de X, antes Twitter.
Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, también destacó el fallo: “Muy bien por la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia sala Séptima de Oralidad. Se debe proteger a la oposición ante el interés del Alcalde Gutiérrez de sacar a Upegui del Concejo para evitar el control político”, escribió en su cuenta de X.
Muy bien por la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia sala Séptima de Oralidad. Se debe proteger a la oposición ante el interés del Alcalde Gutierrez de sacar a Upegui del Concejo para evitar el control político. https://t.co/9aLgS5q6b0
— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 17, 2024
Más imputaciones a funcionarios del exalcalde Quintero
La alcaldía de Medellín, en cabeza de Federico Gutiérrez, continúa dando a conocer los resultados de la auditoría forense que se le practicó a la anterior administración, del exalcalde Daniel Quintero, sobre la manera en que se gastaron los recursos en la capital de Antioquia.
Y a la par de esa auditoría forense, el propio alcalde Gutiérrez reveló que la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos a más funcionarios de la administración Quintero por peculado por apropiación.
“Ya vamos viendo dónde está la plata. Qué dolor evidenciar cómo se robaron a Medellín. Que Colombia entera lo sepa”, manifestó el mandatario local en su cuenta de X, al compartir una imagen de lo que sería una audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación está imputando cargos a dos exfuncionarios.
Vale mencionar que Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Medellín; Jorge Enrique Liévano Ospina, exdirector de Metroparques, y Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de la empresa Reforestadora El Líbano, deberán responder en un proceso penal por, presuntamente, haber incurrido en delitos contra la administración pública.
Los hechos investigados tienen su origen en el traslado de cerca de cinco mil millones de pesos del presupuesto que tenía adjudicado el Jardín Botánico de Medellín a Metroparques para atender la emergencia sanitaria generada por la pandemia. Los hechos se presentaron entre los meses de febrero y noviembre de 2020.
Sin embargo, en la imputación anunciada por un fiscal seccional de Medellín, los recursos trasladados fueron utilizadoS, al parecer, para justificar un supuesto mantenimiento de las zonas verdes de Medellín y no para la atención de la pandemia.
Los documentos recolectados revelan que para la adjudicación del mencionado contrato habrían sido invitadas, de manera privada, tres empresas de un mismo núcleo familiar (Mascampo SAS, Construgeo y Reforestadora El Libano SAS) para trasladarles los recursos públicos de la administración municipal.
Esto, con el fin de darle una apariencia de legalidad a la figura del contrato interadministrativo, para entregar recursos públicos a particulares con fines distintos a la satisfacción del interés general. Los procesados no se allanaron a los cargos imputados.