Juan Manuel Galán cuestiona al presidente Gustavo Petro: “¿Podemos seguir creyendo en lo que dice?”

El director nacional del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, cuestionó la falta de reacción del Gobierno nacional ante la situación de orden público que vive en país. A su juicio, se está recrudecimiento del conflicto armado, y está afectando en especial a las regiones.

“¿Podemos seguir creyendo en lo que dice el presidente Gustavo Petro?”, pregunta Galán en el título de su más reciente columna de opinión. En el texto, el exsenador recuerda el llamado hecho el pasado 20 de marzo al presidente Petro por alcaldes y gobernadores de las zonas más golpeadas por el conflicto, todo por el incremento de la violencia.

“Los representantes de las regiones le hicieron un llamado de atención al Gobierno nacional por el incremento de la violencia, el desconocimiento de sus competencias y la sistemática omisión de la fuerza pública que —desanimada por las políticas del sector defensa— no está ejerciendo control en las provincias de nuestros territorios”, expone Juan Manuel Galán.

El líder político calificó de “evidente” la falta de observación por parte del actual gobierno sobre el presente del país en temas de orden público. También pidió no se deslegitime los cuestionamientos realizados desde las regiones pidiendo presencia y protección por parte del Estado.

“Si ellos no están legitimados para cuestionar el estado actual del orden público, ¿entonces, quién puede hacerlo? Es que son evidentes los efectos de la inobservancia de la obligación constitucional del presidente de «conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado» (Art. 189)”, argumentó.

Además, buscando una explicación a tales falencias gubernamentales, Juan Manuel Galán encuentra en los antecedentes e ideologías del presidente Gustavo Petro una respuesta al “desprecio por el statu quo” de parte del mandatario de los colombianos.

Para Galán, el pasado del entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro sirve como espejo de lo que hoy comienza a padecer Colombia.

“La reforma viciada del Plan de Ordenamiento Territorial, la adopción abrupta de un nuevo esquema de prestación del servicio público de aseo y la modificación arbitraria de las tarifas del Sistema Integrado de Transporte Público son ejemplos de infracciones cometidas por el líder de la Bogotá Humana”, expone.

Para Galán, el presidente Gustavo Petro está buscando que el país ignore sus las salidas en falso y las de sus colaboradores. Errores que incluyen capitalizar políticamente el paro del Clan del Golfo durante la campaña presidencial, reuniones de su familia con capos de la mafia y pagos por cupos en la “Paz Total”.

“A Petro no se le puede creer por lo que dice, sino por lo que hace. Para todo tiene una explicación plausible, una coartada e incluso un escándalo: «yo no lo crie», «yo no sabía», «es una persecución» o «miren, trajimos a Aida Merlano a declarar»”, señala.

Por último, el excandidato a la presidencia apeló a la Fiscalía General de la Nación para que esclarezca los hechos, eso sí, advierte sobre la posibilidad de que el Gobierno presente una terna “oficialista” para reemplazar al actual fiscal Francisco Barbosa.

“No se vale el juego sucio, ni son admisibles las alianzas político-criminales; la democracia solo es posible cuando se expresan ideas sinceramente, sin intrigas y con base en argumentos”, concluye.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, en un contundente pronunciamiento, rechazó de manera categórica las afirmaciones de diferentes sectores políticos, en especial las del ex precandidato presidencial, Juan Manuel Galán, quien señaló al Ejecutivo de dar impunidad a la cadena del narcotráfico para “cumplir compromisos de campaña”.

Aunque en el pronunciamiento la Presidencia de la República no mencionó nombres, señaló que se trata de “afirmaciones irresponsables hechas por ciudadanos y dirigentes políticos, en las que se acusa al Gobierno de ser un beneficiador del narcotráfico”.

En ese sentido, el Gobierno le pidió a estos ciudadanos a denunciar ante las autoridades competentes los nombres de los funcionarios que, a su juicio, están cumpliendo “compromisos de campaña” con impunidad y, asimismo, aportar las pruebas de dichas acusaciones.