Jueces y fiscales de Antioquia se mostraron en contra del decreto que permite que integrantes de la primera línea sean voceros de paz

Se conoció un nuevo pronunciamiento en el que, como lo han expresado distintos sectores, no están de acuerdo con el decreto emitido por el presidente Gustavo Petro con el que el mandatario busca liberar a integrantes de la primera línea judicializados para que sean voceros de paz.

El Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, que aglutina a los servidores judiciales de ese departamento, se pronunció en contra de esa decisión del mandatario. Argumentan que se estaría irrespetando la separación de poderes.

“Exhortamos al Ejecutivo nacional en cabeza del señor presidente a respetar el bastión de la justicia, que con resiliencia ha sobrevivido a graves embates en la historia reciente de nuestro país, para que deponga acciones de avasallamiento y menosprecio, so pena de encarar consecuencias que la sociedad y el orden legal le demanden, y para no tener que emular en Colombia la célebre consigna: ‘señor, todavía hay jueces en Berlín’”, aseguraron los jueces y fiscales de Antioquia.

Dicen que hacen el pronunciamiento porque uno de sus objetivos como colegio que representa a estos profesionales es defender la autonomía e independencia de la rama judicial.

Aseguraron que se suman a las declaraciones que han hecho otros actores como el presidente de la Corte Suprema de Justicia Aroldo Wilson Quiroz, el fiscal general Francisco Barbosa y la procuradora general Margarita Cabello.

“Hasta tanto se siga aplicando la legislación establecida en el Código de Procedimiento Penal, que determina que para revocar una medida de aseguramiento privativa de la libertad deben desaparecer los fines que dieron lugar a la misma, esto es peligroso para la comunidad, peligroso para la víctima y un riesgo de obstrucción a la justicia”, le dijo el fiscal general a SEMANA.

Por su parte, la procuradora aseguró que es jurisdicción de los jueces decidir sobre la privación de libertad de los detenidos y condenados. “La reserva judicial supone una competencia inderogable en una democracia constitucional con división de poderes y ello impide que se diluyan las competencias”, dijo Cabello. La jefa del Ministerio Público agregó que en el caso del Gobierno no tiene competencia para ordenar libertades y generalizar la situación jurídica.

Los jueces y fiscales de Antioquia aseguraron que se suman a esas palabras. “Expresan preocupación y advierten sobre los riesgos de desinstitucionalización y quebranto del Estado de Derecho que puede entrañar la intromisión desde el poder ejecutivo en cabeza del señor presidente de la República”, dijeron.

Concretamente, no están de acuerdo con el Decreto 2422 del 9 de diciembre de 2022 “por medio del cual se crea la comisión intersectorial para la promoción de paz, la reconciliación y la participación ciudadana”.

A pesar de las voces en contra, el presidente Gustavo Petro anunció que siete integrantes de la primera línea, que ya fueron seleccionados, estarán libres antes de diciembre para que puedan pasar las fiestas de fin de año en familia. Eso generó algunos cuestionamientos por parte de las víctimas de estos grupos que consideran que el Gobierno les está dando una preferencia, mientras que ellos no han sido reparados o siguen siendo amedrentados por estos grupos.}

Eso ha generado una oleada de demandas en contra del decreto del presidente y su ley de paz total que ya fue aprobada por el Congreso. Al Consejo de Estado han llegado varias solicitudes para que se pueda frenar ese propósito del Gobierno para sacar de la cárcel a los integrantes de la primera línea.

Del otro lado, el senador Gustavo Bolívar ya confirmó que desde Presidencia le dijeron que también serían liberados integrantes de la Fuerza Pública que están siendo investigados por supuestos abusos de autoridad en medio de sus funciones para controlar hechos de violencia en el paro del 2021.