Katherine Miranda prende las alarmas y advierte que presupuesto del Gobierno Petro está desfinanciado para 2024

La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda, lanzó una alerta sobre el proyecto del Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro para el año 2024.

La congresista reveló que el texto presentado rompería la regla fiscal y que tiene una desfinanciación cercana a los 8 billones de pesos por lo que pidió al Gobierno y al Congreso prestarle atención al tema.

“Queremos hacer dos alertas. Este Gobierno pretende un ingreso para el próximo año de 15 billones de pesos por concepto de litigios ante la Dian, un escenario absolutamente improbable, ya que estos litigios usuales te duran ocho años. Y, en el mejor de los casos, podríamos tener un recaudo de 7 billones de pesos para el próximo año y tendríamos un hueco de 8 billones”, dijo Miranda.

La congresista explicó en un video que publicó en sus redes sociales que el Gobierno Petro está buscando “financiar sus gastos permanentes con ingresos ocasionales, de una sola vez, atentando contra la sostenibilidad fiscal”.

Y agregó: “Al financiar gastos recurrentes, que se seguirán presentando año a año, con ingresos esporádicos, se podrían afectar los presupuestos futuros, poniendo en riesgo las finanzas del país”.

Por esa razón, pidió a sus compañeros en el Congreso analizar su advertencia para que modifique el texto presentado por el Ministerio de Hacienda, ya que podrían presentarse menores calificaciones de riesgo para invertir en el país, que afecten la tasa de cambio con el dólar y disminuyan los recursos de la inversión extranjera directa en el país.

“Se estaría dando pie a un eventual incumplimiento de la Ley de la Regla Fiscal, al no cumplirse la correspondencia entre gastos e ingresos estructurales”, reiteró Miranda.

La congresista de la Alianza Verde se basó en estudios del observatorio fiscal de la Pontifica Universidad Javeriana para afirmar que el Gobierno Petro está corriendo el riesgo de usar ingresos ocasionales para financiar gastos permanentes.

Sobre esto, señala que se plantea recaudar 15 billones de pesos con litigios de arbitramento, cuando estos se demoran cerca de 8 años en salir adelante. En cambio, la propuesta proyecta que estos casos estarán listos en menos de un año.

Revolución por presupuesto en Colombia: el de 2023 no se ejecuta y ya hay ministerios poniendo el sombrero para el de 2024

La paquidermia del Estado se ha visto reflejada en la ejecución presupuestal de 2023. La plata pública tiene voluminosas cifras, pero el Congreso de la República está poniendo en el banquillo a cada entidad, debido al bajo ritmo de la ejecución, mientras la economía requiere el gasto contracíclico que estimule la producción, la cual resultó ser lánguida en el segundo trimestre de 2023. Según datos del Dane, el PIB fue de 0,3 %, el más bajo en 14 años.

Unas horas antes de conocer el resultado de la economía, el presidente de la República, Gustavo Petro, ya había mostrado su descontento con la baja ejecución. De hecho, en el consejo ministros del gabinete, les dio un plazo prudencial para que pongan el acelerador.

Principalmente, aquellos que tienen misiones que podrían ayudar a dinamizar la economía, porque generan empleo y promueven la producción.

En la Comisión Cuarta de Senado, durante este martes (15 de agosto), fue citado el Ministerio de Vivienda, que tiene una apropiación de 8 billones de pesos, con miles de hogares esperando por una casa; además, pidiendo más recursos para reactivar los subsidios, y solo lleva ejecutado el 15 % de la plata asignada para inversión.

Para la actual vigencia, no solo las entidades cuentan con un presupuesto total de 405,5 billones de pesos, sino con una adición presupuestal, que también es producto de una ley aprobada en el Legislativo, en la que se sumaron a la carta financiera 16,9 billones de pesos, de los cuales al sector Vivienda le dieron plata para financiar el programa Mi Casa Ya.

El componente de obras civiles, que toca con la misión del Ministerio de Transporte, se contrajo en -17,9 %, la mayor caída desde la pandemia, según lo evidenció la estadística del Dane sobre el PIB del segundo trimestre.

Muchas cosas caen

Algunos analistas, cuando reúnen los datos, avivan la preocupación de la ciudadanía, pues describen un panorama en el que todo parece estar cayendo: exportaciones en el primer semestre: -13,6 %; ventas del comercio: -11,9 %; producción industrial: -4,8 %; utilidades de Ecopetrol: -38 %. Por el contrario, lo que debería estar en un descenso más rápido, como lo es la inflación, se ubicó en 11,8 % y las tasas de interés, que son a las que parece ser atribuible el momento de languidez de la economía, se han mantenido estables, en un 13,25 %.

Otros ponen el sombrero

Y mientras unos salen a relucir por baja ejecución del presupuesto 2023, está en camino el proyecto de finanzas del Estado para 2024, que entrará próximamente en la agenda del Congreso y fue aforado en 502,6 billones de pesos, lo que implica 97 billones más, en comparación con el de la vigencia presente (sin contar la adición).

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, participó también en un debate sobre el tema financiero, de los que se adelantan en el Legislativo, y mencionó que en el caso de su sector, habría un faltante de 10 billones de pesos para el próximo año; buena parte de dichos recursos serían del aseguramiento en salud.

Y así, son muchos los que empiezan a poner el sombrero para pedir más, con la expectativa de que lo que no han ejecutado en este año, se debe a temas de trámite, como lo expuso el vocero del Ministerio de Vivienda que participó en el debate de la Comisión Cuarta de Senado. El vocero pidió no olvidar que alrededor de una casa hay que resolver asuntos relacionados con el componente predial o de la servidumbre en el caso de la tierra.

Pero la preocupación en el Congreso y en diferentes sectores de la sociedad, con el rezago en la ejecución presupuestal, se debe a que, aunque en el segundo semestre hay orden para ejecutar, ejecutar y ejecutar, está en la mitad el proceso electoral en los territorios, con lo cual el único margen estaría entre noviembre y diciembre, pues hay ley de garantías hasta pasados los comicios.

Dos meses no alcanzarían para ponerle motor a la economía, de manera que en todo el año, el resultado total no quede tan debilucho.