“La Comisión de Acusaciones está hecha para proteger al presidente”: Edward Rodríguez, quien la integró, pide que la investigación “no duerma el sueño de los justos”

El país tiene sus ojos puestos en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el juez natural del presidente Gustavo Petro y quien tendrá que resolver, a través de un eventual juicio político, si a la campaña del jefe de Estado ingresaron dineros irregulares que no fueron reportados a las autoridades electorales.

El excongresista del Centro Democrático, Edward Rodríguez, habló con SEMANA y dijo que el sistema de la Comisión de Acusaciones, a la que él perteneció durante cuatro años, “está diseñado para proteger al presidente, expresidentes y todos los aforados”.

Por eso, ni siquiera Ernesto Samper Pizano, en su momento más crítico de su gobierno, cuando estalló el escándalo del Proceso 8.000, terminó por fuera del cargo.

“La Comisión de Acusaciones se hizo para proteger al presidente de la República de cualquier ataque político, está elaborada para eso, eso significa que cuando hay evidencias, solamente se puede apartar del cargo y hacerle un juicio político”, explicó.

Rodríguez le aclaró a la opinión pública, especialmente a los opositores a Gustavo Petro que el juicio en la Comisión de Acusaciones “es netamente político, así está consagrado en la ley, es decir, depende de las mayorías que el jefe de Estado tenga en el Congreso y las pruebas que existan contra el mandatario”.

El exrepresentante a la Cámara dijo que todo jefe de Estado o aforado que sea sometido a un juicio político en el Congreso tiene un arma legal a su favor: la sentencia CU 047 de 1999 del exmagistrado y excandidato presidencial Carlos Gaviria que dice “que así se tenga claro que se cometió un delito, pero la institucionalidad del presidente se debe mantener, el congresista puede votar o archivar la investigación en contra del mandatario”.

En otras palabras, “los votos parlamentarios, los pronunciamientos, son inviolables. Eso significa que aun habiendo pruebas para judicializar al presidente, la votación puede ser en contra o no seguir con la investigación. Lo que ocurre es que eso, eventualmente, sería castigado por los colombianos en las urnas. Así que esperamos que se avance y se sepa la verdad respecto a lo que está ocurriendo”, manifestó.

Por esto, Rodríguez cree “que si la Corte Suprema está encima, además de la ciudadanía, la investigación contra el presidente Gustavo Petro podría avanzar”.

El excongresista —quien considera que el proceso contra el presidente debe ser público para que el país la conozca— también opinó sobre si Olga Lucía Velásquez, congresista de la Alianza Verde que investiga a Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones, debe declararse impedida porque su esposo, Ovidio Claros, fue nombrado presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá con apoyo del gobierno nacional.

“No debe declararse impedida porque no está dentro de los impedimentos del Artículo 99 de la Ley 600. Los impedimentos son taxativos: que ya se haya pronunciado sobre el proceso o el caso en concreto, que haya emitido un juicio o valor o que tenga amistad intima con el presidente de la República. La ley no prevé que porque le nombraron a su esposo en la Cámara de Comercio de Bogotá sea una causal de impedimento”, aclaró.

Y añadió: “el tema ético lo evaluará el Congreso, pero jurídicamente no veo la causal de impedimento”.