Congreso
La crisis del sistema de salud, la vacunas vencidas y las denuncias de acoso laboral tienen azotado al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo
Guillermo Alfonso Jaramillo es el tercer ministro de Gustavo Petro que enfrenta un debate de moción de censura. La oposición tiene una lista de motivos para sacarlo, pero el funcionario saldría invicto.
“Una cosa es que alguien sea exigente; otra, que humille a las personas”. Ese es el relato de un exfuncionario del Ministerio de Salud que no aguantó los malos tratos del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y decidió cerrar el computador y dar un paso al costado del Gobierno del “cambio” porque, pese a que había simpatizado con el proyecto político de Gustavo Petro desde antes de 2022, sintió que la manera de administrar de Jaramillo estaba desdibujando la causa por la que trabajaba.
Él, el segundo ministro de Salud que tiene el Gobierno en 18 meses, enfrentará este jueves un debate de moción de censura que pretende sacarlo del cargo por las irregularidades que salpican la cartera, en pleno debate de la reforma a la salud en el Congreso por la que hay quienes creen que se está llevando el sistema a una crisis explícita. Una contingencia para acabar la estructura que se ha construido durante 30 años, que ha funcionado y cuyo modelo ha sido destacado, a pesar de las dificultades que tiene.
Quienes lo llamaron al banquillo son los representantes a la Cámara de Cambio Radical y del Centro Democrático, señalándolo de vulnerar y desconocer sus obligaciones como encargado de la cartera que es responsable de la salud de los 50 millones de colombianos.
Los motivos del intento de sacar al ministro son múltiples: los problemas de abastecimiento de medicamentos, lo que califican como una “persecución” a las aseguradoras, los retrasos en los giros a las entidades prestadoras del servicio de salud (EPS) por las que esas compañías vienen reclamando que se están quedando sin el dinero necesario para atender a los pacientes y lo que catalogan como una administración deficiente de la Adres, que es la entidad que terminaría administrando todos los recursos del sistema si se aprueba el articulado que va para su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado.
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“Creíamos que no podía haber nadie peor que Carolina Corcho y, lamentablemente, Guillermo Alfonso Jaramillo nos demostró que estábamos equivocados. Los dos están igual de radicalizados, los dos estaban haciendo política desde el ministerio, pero la ministra Corcho hacía política de ideas y vemos al ministro Jaramillo haciendo politiquería”, asegura Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático.
En lo administrativo, el ministerio dejó vencer 1,1 millones de vacunas pediátricas que estaban albergadas en las bodegas de la cartera, pero que no se distribuyeron entre los pacientes, pese a que estuvieron allí durante tres meses.
La Corte Constitucional tuvo que pronunciarse para exigirle a la Adres (entidad adscrita al ministerio) que debe pagar las deudas de los presupuestos máximos atrasados, ese ministerio comenzó procesos judiciales contra las EPS en los que los mismos tribunales le respondieron que esas quejas no eran de su competencia y el ministro Jaramillo sostuvo comentarios en oposición a la vacunación contra el covid-19 y la infraestructura de camas UCI, poniendo en duda la utilidad que estas tuvieron para salvar vidas durante la pandemia.
Pero ese catálogo de deslices del ministro tiene otros componentes que poco han salido a la luz. Fuentes que hablaron con SEMANA señalan al ministro de gritarles a sus subalternos y la escena de un médico cardiólogo que sube el tono de voz se ha repetido en las audiencias públicas sobre la reforma a la salud, en los debates de control y hasta en sus visitas a las regiones.
Problemas a puerta cerrada
Uno de esos momentos fue reciente y tuvo lugar en el Hospital Departamental San Francisco de Asís de Chocó, IPS intervenida por la Superintendencia de Salud. Carlos Ariel Rodríguez, quien era el interventor delegado para esa IPS hasta comienzos de febrero, señala al ministro de posiblemente haberse extralimitado en sus funciones.
¿Y qué tiene que ver Rodríguez, un servidor público puesto por la superintendencia, con el ministerio? Pues bien, la superintendente delegada para prestadores de salud es Beatriz Gómez, esposa de Jaramillo. Ella fue quien lo nombró en el cargo, al que aterrizó en noviembre de 2023, para acomodar las cuentas de esa IPS, pero bastaron semanas para que el ministro Jaramillo comenzara a darle órdenes a Rodríguez sobre cómo hacer su trabajo en la administración de los recursos.
Hubo dos resoluciones del ministerio sobre cómo invertir los fondos que había girado la cartera para el hospital y Rodríguez hizo caso al freno de mano que puso el propio Jaramillo para detener su ejecución, pero para enero terminó siendo recriminado por este debido a la presunta falta de ejecución. “Me he sentido engañado, entrampado por el señor ministro y la forma como me sacan del hospital”, aseguró, señalando que el propio Jaramillo fue el que cambió las reglas de juego para la ejecución de los recursos y después lo recriminó por eso.
La relación de los subalternos con Jaramillo no es sencilla. Fuentes del ministerio cuentan que cuando asumió la dirección de la cartera se hizo su propio círculo de confianza con funcionarios provenientes de su natal Ibagué y fue haciendo a un lado de las tareas claves a quienes habían llegado con la exministra Corcho.
“El trato era de mucha desconfianza. Es una rivalidad que nunca entendí, pero sí era vox populi el carácter de él, su actitud es agria, áspera. Es maltratadorcita. Él alza la voz. Eso es algo que hace a menudo. Es muy fuerte. Más que la destecnificación, si tú tienes seres humanos humillados, pues nada te va a funcionar”, dijo una fuente del ministerio. Pero el círculo ibaguereño está en crisis de cuenta de una funcionaria que apodan como ‘la Laura Sarabia’ del ministerio, que se convirtió en su mano derecha y la todopoderosa de la cartera. Ella es quien da las órdenes.
Una fuente sindical señaló que los funcionarios tienen miedo de hablar ante el inminente rediseño institucional de la cartera, que están viendo como una amenaza de sacar del despacho a quienes se han opuesto con argumentos técnicos a la reforma a la salud. “Quieren meter a su gente, mayoritariamente del M-19, sin ningún perfil en los cargos porque están cambiando los manuales de funciones. Un ejemplo es que acabaron la oficina de comunicaciones, que tenía un sólido grupo de profesionales”, señaló.
Su dependencia a cargo del manejo de prensa no se ha cerrado, pero las renuncias han sido una constante en el ministerio desde los tiempos de Carolina Corcho. Incluso, una de las personas que habló con SEMANA sostuvo que el ministro les señaló de “no servir para nada” y amenazó con contratar a una agencia externa para que asumiera ese trabajo. El remezón del ministerio tiene varios frentes.
Su antecesora Corcho hablaba de una crisis explícita en el sistema de salud para llegar a la reforma y los indicadores de desfinanciación a las EPS, los pendientes en los presupuestos máximos, el apretado incremento de la UPC (12,01 por ciento) para 2024 y hechos como que apenas haya escogido a un director del Invima en propiedad, tras 18 meses con funcionarios encargados, dan cuenta de que la mencionada (y temida) contingencia se acerca cada vez más.
Por eso es que la oposición quiere sacarlo del cargo, pero lo cierto es que los votos de la Cámara de Representantes solo alcanzarán para marcar un hecho político más de las señales de alerta sobre el Gobierno de Gustavo Petro.