Esta es la escalofriante radiografía de cómo se han robado la plata del sistema público de salud, ¿qué dirá Carolina Corcho?

Por casi tres años, el departamento de Córdoba, en cabeza del exgobernador Alejandro Lyons, pagó cerca de 50.000 millones de pesos a centros médicos por suministrar medicinas a pacientes con hemofilia que nunca existieron.

Los pagos se soportaron en declaraciones juramentadas de supuestos enfermos ante la notaria Luz Helena Muskus García, madre de Lyons. Por esa misma época, una jueza de Ciénaga, en el Magdalena, ordenó al Estado pagar una indemnización de 2.000 millones de pesos a dos hombres que alegaron haber sido víctimas de un error médico a la hora de extirparles el útero.

El particular caso destapó un entramado de corrupción contra el sistema de salud del que participaban directores de centros médicos del Estado, abogados y jueces. En marzo del año pasado, la Procuraduría abrió investigación a Ligia Elvira Viáfara Torres, gerente del Hospital Piloto de Jamundí, tras conocerse que se gastó 238 millones de pesos del presupuesto de la entidad para irse con 79 empleados a Punta Cana, República Dominicana.

Estos tres casos, en manos de las autoridades por mostrar posibles actos ilícitos, son solo una muestra de cómo el manejo de los dineros de la salud por parte de las entidades territoriales (municipios y departamentos) y los hospitales públicos se ha convertido en foco de corrupción y en la caja menor de las administraciones de turno, que muchas veces nombran a su acomodo gerentes que defienden intereses particulares, en vez de la salud y la vida de la población.

Este hecho llama la atención si se tiene en cuenta que el énfasis de la reforma a la salud radicada por el Gobierno es justamente dejar el manejo de los recursos del sistema en manos de las entidades territoriales y cambiar la naturaleza jurídica de los hospitales, que pasarían a ser entidades públicas descentralizadas. Con esto se facultan para recibir directamente todo tipo de transferencias directas de recursos nacionales o territoriales.

El panorama que presentan estas entidades es desolador. Solo desde 2018 hasta la fecha, la Superintendencia de Salud intervino 23 hospitales públicos, en los que se han encontrado nóminas fantasma, cobros al sistema de salud por tratamientos, medicamentos u operaciones a pacientes inexistentes o también llamados pacientes fantasma, así como desviación y malversación de los recursos de la salud en construcciones de infraestructuras que no se terminan.

De acuerdo con el informe de gestión del anterior superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, las auditorías de los equipos de inspección y vigilancia de esta entidad arrojaron más de 600 hallazgos o deficiencias de orden asistencial, jurídico, administrativo y financiero en tan sólo 21 de los 23 hospitales intervenidos.

Dentro de las instituciones en las que la Superintendencia ha tenido que entrar a tomar el control hay casos dramáticos. Por ejemplo, en el Hospital de San Jerónimo, en Montería, intervenido en 2020, mientras había deudas laborales por más de 17.000 millones de pesos, desabastecimiento de medicamentos e insumos quirúrgicos, equipos biomédicos obsoletos y presencia de roedores, las directivas estaban firmando contratos a diestra y siniestra. Solo el primero de enero de ese año firmaron 500 contratos por 21.000 millones de pesos.

Otro caso emblemático es el del Hospital Emiro Quintero Cañizares, en Ocaña, Norte de Santander, donde, según la SuperSalud, no solo encontraron nóminas paralelas y pagos sin soportes, sino también uso indebido de las ambulancias para transportar cocaína de Ocaña a Santa Marta. Lo más preocupante es que la situación parece no cambiar.

Así lo demuestra el caso del Hospital Julio Meléndez, de Magdalena, que tras ser intervenido en 2020 y devuelto al departamento en noviembre del año pasado con las cuentas saneadas, en apenas seis meses nuevamente tiene quejas del personal de la salud, que ha denunciado retrasos y demoras en el pago de sus honorarios, además de olas de despidos.

“Esta es la hora que no hemos recibido el pago correspondiente al mes de diciembre del año pasado. Hay mucha desorganización”, le dijo a SEMANA uno de los especialistas que trabaja en esta institución y quien reveló que algunos de sus compañeros ya renunciaron. Según el especialista, las salas de cirugía fueron reducidas a la mitad, lo que causó malestar en los pacientes y demoras de hasta seis meses en algunos procedimientos quirúrgicos.

Estos malos manejos no solo provocan indignación, sino que implican la pérdida de cuantiosos recursos. Según el Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal (Siref) de la Contraloría General, de 2007 a 2022 existen 1.814 hallazgos con incidencia fiscal relacionados con recursos ejecutados por entidades del sector salud.

De estos, se han abierto 1.059 procesos de responsabilidad fiscal y proferido un centenar de fallos con responsabilidad fiscal. De acuerdo con los datos del Siref, se encuentran fallos proferidos respecto de la indebida ejecución de recursos públicos en el sector salud por más de 32.700 millones de pesos. La situación de las 900 empresas sociales del estado (ESE), entre las cuales están los hospitales, ha sido crítica. Cerca del 40 % ha sido categorizada por el mismo Ministerio de Salud en riesgo financiero medio y alto.

Asimismo, el excontralor Carlos Felipe Córdoba afirmó que el 60 % de los hospitales públicos durante su periodo en la entidad mostraban problemas económicos.

Elefantes blancos

Una de las bondades de la reforma a la salud del Gobierno, según han resaltado incluso sectores de oposición, es la construcción de cerca de 3.000 centros de atención primaria, los llamados CAP. Pero para llevar a cabo el ambicioso proyecto, el Gobierno contempla que se haga en conjunto con los entes territoriales, es decir, habría nuevamente políticos manejando recursos para la salud. Según el Registro Nacional de Obras Inconclusas de la Contraloría General, a la fecha se tiene un inventario de 80 elefantes blancos u obras civiles inconclusas y 36 proyectos críticos de obras de infraestructura física del sector salud.

El total de estas obras, 116, conocidas como elefantes blancos, son de responsabilidad de las entidades territoriales. Estos proyectos comprometen recursos cercanos a un billón de pesos (931.000 millones de pesos), según datos de la Contraloría General. Esta es una alerta que no debería ignorarse a la hora de tomar la decisión de ejecutar recursos de la salud, pues no solo se podrían perder billones de pesos, sino que se pone en riesgo la vida de los colombianos, tal como ocurrió, por ejemplo, en San Gil, Santander, que ostenta uno de los mayores elefantes blancos de la salud.

En este municipio, los ciudadanos se quedaron sin el pan y sin el queso. Les demolieron el antiguo hospital para construir uno nuevo en ese mismo terreno. Sin embargo, desde 2019, la obra se ha parado en varias oportunidades y este es el día en el que no se ha podido poner en funcionamiento.

Más allá del aumento en los costos de esta obra, pues año tras año los materiales suben, también hay que considerar lo que implica tener a los ciudadanos sin este hospital, que hubiese sido fundamental, por ejemplo, durante la pandemia. A pesar de que es obligación del Estado garantizar a sus ciudadanos el derecho a la salud, históricamente ha quedado demostrado en Colombia que buena parte de los dineros del sistema manejados por las entidades públicas terminan muchas veces convertidos en botines políticos al servicio del mandatario de turno. Un saco roto en el que ganan unos pocos y se pone en riesgo la vida de millones de colombianos.