“La gente que está en el narcotráfico puro y duro no tiene motivación política”, la dura sentencia de Marta Lucía Ramírez

SEMANA (S.): ¿Usted cree que un cese bilateral del fuego puede contribuir a la consecución de la paz en el país?

Marta Lucía Ramírez (M. L. R.): La verdad, no lo creo y lo digo respetuosamente. Yo fui ministra de Defensa y siempre estuve convencida de que uno no logra una paz verdadera si no es, por un lado, fortaleciendo las instituciones, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, y, por el otro lado, fortaleciendo la justicia y dando señales inequívocas de que acá no hay nadie que se pueda salir con la suya frente a la ley. Uno ve que hoy en día la situación parecería indicar que los que han sido delincuentes y criminales se pueden salir con la suya. Esto más que una ‘paz total’ puede generar una gran impunidad en detrimento de las condiciones de seguridad de los colombianos.

S.: ¿Cree que es posible conseguir la ‘paz total’?

M. L. R.: Creo que uno no puede hablar de ‘paz total’ cuando los colombianos del común están viendo que todos los días hay mayor riesgo en las calles, que hay un montón de grupos, bandas y grupúsculos que están afectando a la ciudadanía. No es cierto que usted se pueda sentar a negociar con ellos, porque ellos no tienen una motivación política ni les interesa el país. La gente que está en el narcotráfico puro y duro no tiene motivación política. Se les pueden ofrecer casa, carro y beca, como en la época del expresidente Belisario Betancur, o sillas en el Congreso, como en el acuerdo del expresidente Santos, y esa no es la motivación de ellos, sino el narcotráfico puro y duro con sus rendimientos económicos.

S.: Entonces no cree en negociar con grupos delincuenciales…

M. L. R.: El país ha pasado por muchos procesos y acuerdos de los cuales tiene que aprender de los resultados positivos, pero también de lo negativo. Creo que en este tema es muy importante dar una señal inequívoca: los que están dedicados a la actividad del narcotráfico, los que son criminales dedicados a actividades criminales, no los puede uno sentar a la mesa como si fueran un actor político. Por fortuna en esto el Gobierno en algo ha mejorado su discurso y creo que ha sido muy importante que el fiscal general se haya mantenido firme en su posición de que los que realmente son grupos criminales no pueden, de ninguna manera, considerarse actores políticos.

S.: ¿Eso significa que para usted ese cese del fuego bilateral con estos grupos no se debería hacer?

M. L. R.: No se puede hablar de un cese del fuego bilateral cuando se está hablando de este tipo de grupos y de bandas, porque estos pasos se dan realmente cuando hay organizaciones que han utilizado la violencia como un instrumento. Cuando se habla de cese del fuego frente a grupos criminales, lo que se está es dejando a la ciudadanía en una total indefensión. Creo que el mensaje es preocupante. No se puede, de ninguna manera, dejar que los policías y soldados estén, de alguna manera, recibiendo señales de que tienen que dejar de operar frente a los grupos criminales porque, al contrario, su obligación es actuar contra cualquier grupo que amenace la seguridad y la posibilidad de vivir en paz.

S.: ¿Esto puede generar un debilitamiento de la Fuerza Pública?

M. L. R.: Por supuesto que sí. Sé que tenemos unos militares y policías que de verdad entregan todo por su país. Ese sentido de lo que es patriotismo es lo que se siente todos los días cuando está con las Fuerzas Militares y la Policía. Hay que reconocer que hay sectores dentro de la Fuerza Pública que no han honrado suficientemente lo que significa el cumplimiento de la ley y del Estado de Derecho, pero yo diría que las instituciones tienen un noventa por ciento o más de gente que entrega todo a la protección de los ciudadanos. Cuando se da la señal de que los criminales que han atentado contra los colombianos, queman vivos a unos policías en un CAI o violan a una mujer policía van a sentarse en una mesa, de igual a igual, con el Estado, es un mensaje que desanima a cualquiera.

S.: ¿Cuál cree que sea la posición que se adopte dentro de la Fuerza Pública ante estas decisiones del Gobierno Petro?

M. L. R.: Yo creo que ellos son siempre tan institucionales y comprometidos con su quehacer que estoy segura que van a respetar lo que el Gobierno decida hacer, pero creo que el Gobierno tiene que ser muy cuidadoso en no mandar señales equívocas de lo que debe hacer la Fuerza Pública frente a los grupos ilegales en este país, es decir confrontarlos. Lo que se debe hacer es trabajar de la mano con la justicia para poder capturarlos, llevarlos a los tribunales y exigirles el acatamiento claro al Estado de Derecho.

S.: ¿Y qué impacto pueden tener este tipo de señales en las familias de los integrantes de la Fuerza Pública?

M. L. R.: Todos los soldados y policías tienen mamá, hijos, papá, esposa. Quién va a querer en el futuro estar asumiendo este tipo de riesgos por los colombianos si saben que, como lo hemos visto en temas como el acuerdo con las Farc, los criminales terminan sentados en los escenarios del poder y los policías y soldados expuestos a toda clase de vejámenes y ataques y muchas veces con proceso en los que, muchas veces, no tienen con qué pagar un buen equipo de abogados.

S.: ¿Y cómo ve la posibilidad del sometimiento a la justicia de estas bandas delincuenciales?

M. L. R.: Creo que hay una diferencia grande con el sometimiento. Aquí hay una ley para ello en la que no se les está dando el tratamiento de actores políticos, pero se puede buscar darles algún tipo de beneficio siempre y cuando, de manera clara, e inequívoca, se sometan a la ley. Esto sin que haya, de ninguna manera, esta asimilación a un actor político que, ocasionalmente, pudo haber tenido actividades armadas por su objetivo político. Estas son las señales que son funestas y que el país no debe aceptar. Hay que ver esto cómo se va aclarando. Creo que hubo demasiados anuncios sin tener suficientemente preparado el guion.