La gran derrota de Petro en el Congreso: reforma a la salud no prosperó. Más de un año sin consensos, sin financiación y con divisiones

Hundida. Así terminó la gran apuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro con una de sus reformas bandera: la salud. Una iniciativa que este miércoles 3 de abril no prosperó y fue archivada por la Comisión VII del Senado. Tras el retorno de las sesiones legislativas en febrero, se vaticinaban las dificultades que tendría su trámite. Finalmente, los vaticinios se cumplieron.

Los senadores Miguel Ángel Pinto, Berenice Bedoya, Nadia Blel, Lorena Ríos, Alirio Barrera, Honorio Henríquez, Norma Hurtado, José Alfredo Marín y Ana Paola Agudelo, nueve de catorce que integran la célula legislativa, votaron la ponencia de archivo. Solo cinco pidieron continuar la discusión.

Ante la situación, el Gobierno buscó de manera estratégica que su barco de la salud no se hundiera, pero todo estaba en contra. De hecho, la propuesta de una reforma alternativa tampoco tuvo luces para ser debatida.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se jugó su última carta ante la Comisión Séptima del Senado para intentar salvar la reforma a la salud. Les dijo a los congresistas que, en todas las intervenciones ante ese recinto, estos reconocieron que se necesita ajustar el sistema.

“Nadie en esta Comisión ha dicho que no se necesita reforma a la salud. Los escuché a todos atentamente (...). Por ello, con el mayor respeto, yo no entiendo que la proposición sea ‘archívese el debate’, no ‘abramos el debate’. Todos estamos de acuerdo con una reforma a la salud, pero proponemos que no se abra el debate. Ustedes tendrán argumentos que yo no comparto, pero debo ser respetuoso”, dijo Velasco.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconoció que la oposición y los independientes tienen la mayoría en la Comisión Séptima del Senado para hundir la reforma a la salud.

“Ustedes tienen la mayoría, nosotros la respetamos. Nosotros, los que hemos estado en la oposición, estamos acostumbrados a una cosa: resistir, persistir y nunca desistir”, señaló.

El trámite de la reforma no empezó bien desde hace más de un año atrás (14 meses), dados los innumerables obstáculos que enfrentó. En la Cámara de Representantes, donde el articulado fue aprobado, se presenciaron distintos escenarios: desde oposiciones y reclamos hasta fuertes divisiones en la Alianza Verde. El escenario no fue distinto en el Senado, donde antes de ser debatida ya varios partidos habían sentado su oposición de rechazo a la aprobación, entre ellos Centro Democrático y Cambio Radical.

Falta de Cuórum

Si se tuviera que contar el número de veces que la reforma a la salud no contó con el cuórum suficiente para ser debatida, eso marcaría buena parte del tiempo que duró su trámite en la rama legislativa.

Esa frase fue la que marcó constantemente los debates en torno a la iniciativa, que el año pasado tuvo como escenario la Cámara de Representantes.

Los rifirrafes por el articulado, las votaciones de cada uno de ellos por partes y a medias, las discusiones entre el ministro de Salud con los representantes, y hasta el lobby del ministro Velasco fueron varios de los elementos que hicieron que la reforma pasara en la Cámara, pero con un alto costo político.

Para diciembre del año pasado, cuando fue aprobada en la cámara baja, ese alto costo político hizo que, rumbo al Senado, la coalición de partidos en torno al Gobierno se rompiera, y costó también la salida de ministros del gabinete como Alejandro Gaviria, de Educación, y Carolina Corcho, de la cartera de Salud.

Una falta de cuórum también hizo que, ante su posible caída en la Cámara de Representantes, se elevara una reunión con los opositores y el famoso “tinto” entre el presidente Petro y el expresidente Álvaro Uribe, para buscar una salida a la reforma, que pedía fuera retirada. El mandatario se negó rotundamente.

Falta de consensos y hasta una constituyente si no la aprueban

Si algo afectó también el proyecto fue la falta de consensos entre el Gobierno, los partidos y los congresistas. Los espacios para discutir y conversar cómo cambiar la reforma y evitar la eliminación de las EPS, el mayor temor de algunos colombianos, no llegó a buen punto.

La falta de sincronía entre la apuesta del Gobierno por que el proyecto avanzara y los mismos congresistas, que entre apoyos por parte de los oficialistas y contras, por los opositores, ahondaron en una fuerte tensión para que se definiera rápidamente la suerte del articulado.

Los cambios de ministros en la cartera de Corcho a Jaramillo, las idas y venidas de saber si se radicaba o no el año pasado para su discusión, que finalmente ocurrió en febrero, hicieron que el proyecto no fuera exitoso.

Más aún, cuando se anunció en el Senado su propuesta de archivarla, varios de los senadores que apoyaron el archivo fueron amenazados, según denunció un mes atrás Norma Hurtado. El propio presidente de la cámara alta, Iván Name, le dejó claro al presidente que el Congreso no se dejaría intimidar por una constituyente, como dijo el mandatario si no le aprobaban la reforma.

“Es lamentable que las opiniones, preguntas y análisis técnicos que he expresado hayan generado este clima de amenazas y acoso”, manifestó la congresista Hurtado, al tiempo que expresó que seguirá “trabajando con responsabilidad por el bienestar de todos los colombianos”.

No hay plata para la reforma

¿De dónde iba a salir el dinero para financiar la reforma a la salud? ¿Cómo se iba a financiar el sistema? ¿Con qué recursos contaba el Gobierno para armar el presupuesto en torno a esta iniciativa? Fueron la preguntas más recurrentes de los congresistas al ministro Jaramillo y al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

En un documento publicado el pasado 21 de marzo por el Ministerio de Hacienda, se expuso cómo era la viabilidad fiscal del polémico proyecto.

En el texto se analizaba el costo fiscal que tendría dicha reforma, que para 2025 sería de 105 billones de pesos, y reconocía que, para financiarla, se debían hacer recortes de gastos de funcionamiento e inversión porque no hay plata.

También detallaba que su implementación y el nuevo sistema tendrán un costo para 2033 de 143,8 billones de pesos, mientras que, durante el primer año, de ser aprobada, costaría 105 billones de pesos, según explica el texto radicado el 20 de marzo por el Ministerio de Hacienda en la Comisión Séptima del Senado.

El panorama era preocupante, pues durante los debates en la Cámara de Representantes, donde fue aprobada la iniciativa, varios representantes cuestionaban el costo fiscal de este proyecto.

Un costo altísimo que colapsaría el sistema, pues algunos de los gastos discriminados por año serían así: para 2026, el gasto total será 113,5 billones de pesos, mientras que el ingreso total será de 110,8 billones de pesos, con un balance negativo de 2,7 billones de pesos. En 2027, de 118,6 billones de pesos, mientras que el ingreso total será de 118,0 billones de pesos, con un balance negativo de 0,6 billones de pesos, y para 2028, el gasto total será 124 billones de pesos, describiendo sucesivamente hasta llegar a 2033, en que este sería de 143,8 billones de pesos, mientras que el ingreso total será de 142,9 billones de pesos, con un balance negativo de 0,8 billones de pesos.