Roy Barreras tendría un “carrusel de convenios en el Congreso”. Esta es la explosiva y millonaria denuncia del columnista Aurelio Suárez

El columnista Aurelio Suárez, en su espacio en SEMANA, denunció este sábado presuntas irregularidades en convenios interadministrativos en el Senado, presidido por Roy Barreras, suscritos entre el 26 de julio y el 5 de septiembre de este año. Los convenios fueron firmados por la directora administrativa, Astrid Salamanca Rahin.

Los convenios a los que Suárez hizo referencia son los 784, 1561, 983 y 984. “De cuyo análisis se desprende una ruta común: seleccionar un ente público o mixto para contratación preferente, así no coincida con su objeto social, como Edured en épocas de la Esap, y el resto va por añadidura”, dijo Suárez.

Suárez se refirió a cada convenio en particular. El 784, del 26 de julio, fue suscrito con Impretics, la imprenta de la Gobernación del Valle, para suministrar “un sistema integrado de control de acceso para el Senado de la República”.

“A esa entidad, en 2018, Dilian Francisca Toro le hizo un truculento cambio, la volvió todera hasta para albañilería y comercializadora de cuanta cosa, de lo que hace un filón. Vale preguntar: ¿tiene Impretics la licencia exigible de la Supervigilancia para vender sistemas de seguridad? De hecho, subcontrató en enrevesado proceso a Acin, una pequeña firma de seguridad de Pereira, la tierra de Jorge I. Arango, secretario de Barreras. Acin tasó en $ 3.670 millones el contrato, dando margen de 450 al original de Impretics por 4.170. ¿Para dónde corre el excedente? (W Radio, 20/9/22)”, señaló Suárez.

“Es igual al mecanismo que Impretics usó para la seguridad en La Picota, en ese caso subcontrató a Viotec SAS, con resultados fallidos, incluidas ruidosas fugas (W Radio, 14/9/2022). Una cotización para esta columna de un distribuidor nacional de biometría digital y facial de marcas como Dahua, ZK Teco o Hikvision estimó en 550 millones el valor total del contrato, ¡ocho veces menos! Y, como al parecer se trata de marcas top del mercado, máximo valdría la mitad. En el colmo, como Impretics no cumplió al 30 de octubre, se le prorrogó al 31 de diciembre, admitiendo demoras del subcontratista. Descaro”, agregó el columnista de SEMANA.

Suárez habló del convenio 1561, del 30 de julio. “Desde marzo de 2022 se ideó una “revolución tecnológica” mediante 25 pantallas digitales táctiles, de 1,60 metros de alto y 55 pulgadas, para la interacción entre senadores y con el público. Se acogió la oferta sin especificaciones de la empresa mixta Artics, en la que el socio mayoritario es de nuevo Impretics, la imprenta de la Gobernación del Valle, y el privado, Technology Solutions of America Colombia SAS. Contrató a $ 27 millones cada pantalla y 10 monitores a $ 20 millones por unidad. Agregó un servidor tipo 1, un servidor tipo 2; la licencia del software Microsoft Windows y la instalación y capacitación por $283 millones, el 23 % del contrato total de $ 1.220 millones. Un ingeniero especialista me certificó, luego de una búsqueda minuciosa, que el valor base máximo de las pantallas interactivas por unidad es de $12.865.000 y de los monitores de $3 millones, ambos de última tecnología y las mejores marcas”, dice la columna.

Sobre el convenio 983, del 5 de septiembre de 2022, Suárez dice que tiene que ver con la “operación y producción de contenidos del Canal del Congreso de la República”.

Se firmó por $ 8.159 millones con Dicitec, empresa de “infraestructura civil y servicios especializados de gestión para las regiones”. “La falta de idoneidad para la tarea es notoria y se comprueba al ver la estructura societaria. El principal socio es Masora, alianza de municipios del oriente antioqueño. También participan Fedemunicipios y Kass Group SAS, de ingeniería, y las de computadores, Innerconsulting SAS; y Soluciones Integrales de Movilidad y Seguridad SAS, cuyo representante legal, Enrique López Pinilla, es también de Dicitec y quien suscribe el convenio”, señala Suárez.

“¿Ganó la oferta barata, pero de ingeniería sin experiencia para aportar productores, camarógrafos, editores y operarios, enganchados por 6 y 7 meses para un contrato que dura 11? ¿Cuál es el estado y tipo de los equipos para ‘producir contenidos’? ¿Ofertó por casualidad 400 millones menos que RTVC? ¿Hay subcontrato?”, se pregunta el columnista.

Finalmente, esto señala frente al convenio 984, del 5 de septiembre de 2022, también con Dicitec por $ 2.101 millones para “preproducción, producción y postproducción de productos audiovisuales”.

“Un área aún más extraña para dicha empresa que, con un patrimonio de $ 803 millones, amasó el mismo día contratos del Senado por $ 10.260 millones. Las amañadas compras a Impretics o la transformación del “operador de Fedemunicipios” a “productor audiovisual” se hacen con igual modus operandi: selección direccionada, sobrecostos y objetos extraños al beneficiario que subcontrata a menos precio para causar excedentes. ¡Esto exige una explicación!”, concluye el columnista de SEMANA.

Hasta ahora, el presidente del Senado, Roy Barreras, no se ha referido a la denuncia de Aurelio Suárez.

Esta es la columna de Aurelio Suárez:

El carrusel de convenios de Roy Barreras

Esta columna está en el gancho desde primeros días de octubre, cuando Roy Barreras dijo que padecía cáncer. Por fortuna lo ha tratado con éxito, se actualiza en busca de justas explicaciones.

En el Senado de la República, presidido por Roy Barreras, se suscribió un carrusel de convenios interadministrativos entre el 26 de julio y el 5 de septiembre de 2022, por Astrid Salamanca Rahin, directora administrativa, atornillada desde 2012 cuando Barreras fuera presidente. Son los convenios 784, 1561, 983 y 984, de cuyo análisis se desprende una ruta común: seleccionar un ente público o mixto para contratación preferente, así no coincida con su objeto social, como Edured en épocas de la Esap, y el resto va por añadidura.

El 784 del 26 de julio. Con Impretics, la imprenta de la Gobernación del Valle, para suministrar “un sistema integrado de control de acceso para el Senado de la República”. A esa entidad, en 2018, Dilian Francisca Toro le hizo un truculento cambio, la volvió todera hasta para albañilería y comercializadora de cuanta cosa, de lo que hace un filón.

Vale preguntar: ¿tiene Impretics la licencia exigible de la Supervigilancia para vender sistemas de seguridad? De hecho, subcontrató en enrevesado proceso a Acin, una pequeña firma de seguridad de Pereira, la tierra de Jorge I. Arango, secretario de Barreras. Acin tasó en $ 3.670 millones el contrato, dando margen de 450 al original de Impretics por $ 4.170. ¿Para dónde corre el excedente? (W Radio, 20/9/22).

Es igual al mecanismo que Impretics usó para la seguridad en La Picota, en ese caso subcontrató a Viotec SAS, con resultados fallidos, incluidas ruidosas fugas (W Radio, 14/9/2022). Una cotización para esta columna de un distribuidor nacional de biometría digital y facial de marcas como Dahua, ZK Teco o Hikvision estimó en 550 millones el valor total del contrato, ¡ocho veces menos! Y, como al parecer se trata de marcas top del mercado, máximo valdría la mitad. En el colmo, como Impretics no cumplió al 30 de octubre, se le prorrogó al 31 de diciembre, admitiendo demoras del subcontratista. Descaro.

El 1561 del 30 de julio. Desde marzo de 2022 se ideó una “revolución tecnológica” mediante 25 pantallas digitales táctiles, de 1,60 metros de alto y 55 pulgadas, para la interacción entre senadores y con el público. Se acogió la oferta sin especificaciones de la empresa mixta Artics, en la que el socio mayoritario es de nuevo Impretics, la imprenta de la Gobernación del Valle, y el privado, Technology Solutions of America Colombia SAS.

Contrató a $27 millones cada pantalla y 10 monitores a $ 20 millones por unidad. Agregó un servidor tipo 1, un servidor tipo 2; la licencia del software Microsoft Windows y la instalación y capacitación por $ 283 millones, el 23 % del contrato total de $ 1.220 millones. Un ingeniero especialista me certificó, luego de una búsqueda minuciosa, que el valor base máximo de las pantallas interactivas por unidad es de $ 12.865.000 y de los monitores de $ 3 millones, ambos de última tecnología y las mejores marcas.

El 983 del 5 de septiembre de 2022. Para la “operación y producción de contenidos del Canal del Congreso de la República” por $ 8.159 millones con Dicitec, empresa de “infraestructura civil y servicios especializados de gestión para las regiones”. La falta de idoneidad para la tarea es notoria y se comprueba al ver la estructura societaria.

El principal socio es Masora, alianza de municipios del oriente antioqueño. También participan Fedemunicipios y Kass Group SAS, de ingeniería, y las de computadores, Innerconsulting SAS; y Soluciones Integrales de Movilidad y Seguridad SAS, cuyo representante legal, Enrique López Pinilla, es también de Dicitec y quien suscribe el convenio.

¿Ganó la oferta barata, pero de ingeniería sin experiencia para aportar productores, camarógrafos, editores y operarios, enganchados por 6 y 7 meses para un contrato que dura 11? ¿Cuál es el estado y tipo de los equipos para ‘producir contenidos’? ¿Ofertó por casualidad 400 millones menos que RTVC? ¿Hay subcontrato?

El 984, del 5 de septiembre de 2022, también con Dicitec por $ 2.101 millones para “preproducción, producción y postproducción de productos audiovisuales”. Un área aún más extraña para dicha empresa que, con un patrimonio de $ 803 millones, amasó el mismo día contratos del Senado por $ 10.260 millones.

Las amañadas compras a Impretics o la transformación del “operador de Fedemunicipios” a “productor audiovisual” se hacen con igual modus operandi: selección direccionada, sobrecostos y objetos extraños al beneficiario que subcontrata a menos precio para causar excedentes. ¡Esto exige una explicación!