La guerra por la Fiscalía: la elección de fiscal general desató una batalla sin precedentes. Hay reparos a la terna, denuncias de presiones y un complot del Gobierno. A rodear a la Corte

El próximo 12 de febrero, Francisco Barbosa terminará su periodo como fiscal general de la nación. La búsqueda de su reemplazo ha desatado una guerra sin precedentes por este cargo. Por un lado, el Gobierno de Gustavo Petro ha adoptado una posición crítica, descalificando la gestión de Francisco Barbosa y toda la cúpula de la Fiscalía. Los choques entre el presidente y el fiscal se convirtieron en una constante. Públicamente, el mandatario ha tomado partido contra la vicefiscal Martha Mancera en denuncias que han pretendido vincularla con el narcotráfico. La funcionaria, por su parte, en entrevista con SEMANA, estalló contra Petro y lo responsabilizó de ser la cabeza de un complot que busca desprestigiarla para impedir que reemplace temporalmente a Barbosa mientras la Corte Suprema de Justicia elige a la nueva fiscal. En el camino aparece la fiscal Angélica Monsalve, llamada a imputación de cargos y quien tiene una orden de captura en Venezuela. Ella, según Mancera, es el cerebro detrás de la denuncia en su contra.

En la mitad de las tensiones están los procesos que cursan en el ente acusador contra Nicolás Petro, hijo del presidente; Juan Fernando Petro, hermano del mandatario; Laura Sarabia, mano derecha de Petro; el coronel Carlos Feria, jefe de protección presidencial; y la financiación de la campaña del hoy presidente en 2022, a la que habrían ingresado dineros sucios que no se reportaron.

Y como si todo esto fuera poco, algunos magistrados miran con recelo el hecho de que, por lo menos, dos de las ternadas hayan tenido alguna cercanía con el controvertido ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien no solo ha ejercido una polémica gestión, sino que salió de la Corte Suprema, en la que era magistrado auxiliar, y terminó demandando la elección de siete magistrados. En el mundo judicial y político se comenta que Velásquez podría, incluso, apoderarse de la Fiscalía siendo nombrado como vicefiscal. Esa ya es una alerta para los togados.

El tiempo corre. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia escuchó a las ternadas por el presidente Petro. Se trata de Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez.

De Buitrago se asegura que es la favorita del mandatario. En su presentación ante la Corte, algunos magistrados la vieron prepotente y con ínfulas de superioridad moral. Además, quedaron inquietos, pues la ternada habría insistido mucho en que era necesario trabajar en las garantías procesales en la Fiscalía. A varios la suspicacia los llevó al caso de Nicolás Petro, hijo del presidente.

El proceso más emblemático que ha manejado Buitrago fue el de la toma del Palacio de Justicia efectuada por el M-19, al que perteneció Petro. Su posición como fiscal se centró en la retoma del Palacio y en contra de los militares. En el caso terminó condenado a 35 años de cárcel el general Jesús Armando Arias Cabrales. Y aunque el coronel Alfonso Plazas Vega también recibió una condena, esta se cayó.

Buitrago llevó investigaciones relacionadas con la parapolítica y las chuzadas del DAS. Recientemente, ha estado litigando y ha sido abogada del expresidente Ernesto Samper, y de Daniel Coronell en un caso contra el expresidente Álvaro Uribe. Algunos magistrados, en su independencia protegida por la Constitución, saben que si no eligen a Buitrago podrían enfrentar ataques en su contra amplificados por un eje mediático cercano a Palacio.

En cuanto a la candidata Luz Adriana Camargo, su intervención cayó bien en la Corte, pero la relacionan directamente con el ministro Velásquez, ya que trabajaron juntos como magistrados auxiliares en la Corte Suprema de Justicia en la época de las investigaciones de la parapolítica. Luego, desde enero de 2014, Camargo lo acompañó en Guatemala en la polémica Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país. Los procesos terminaron llevando a la cárcel al presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti. Tanto Velásquez como Camargo, en Guatemala, fueron fundamentales para el acuerdo entre Odebrecht y el Estado. Pero la Fiscalía de ese país los ha señalado de incurrir en presuntas irregularidades a favor de la multinacional de los sobornos.

Pero este no es el único escenario en el que han coincidido Velásquez y Camargo. También estuvieron juntos en la Corporación Justicia y Democracia, a la que ha estado relacionada la periodista Cecilia Orozco. Camargo colaboró con el informe de las recomendaciones para la transformación de la Policía, cuyo principal aporte es retirar la institución del Ministerio de Defensa. Hoy la corporación está en manos del hijo de Velásquez. Camargo fue la última en ser incluida en la terna luego del escándalo desatado por la decisión del presidente de retirar a la exfiscal Amparo Cerón.

Amelia Pérez es la candidata que cierra la terna del presidente Petro. Se autocalifica como una defensora de derechos humanos, estuvo en el exilio en Canadá junto con su esposo y un grupo de familiares por amenazas de Carlos Castaño. Regresó al país en 2012. También está relacionada de alguna manera con el ministro Velásquez. Su esposo, Gregorio Oviedo, fue director del CTI en Antioquia en 1996 cuando Velásquez era el director regional de la Fiscalía. Pérez fue jueza en Pacho, Cundinamarca, cuando esta población estaba azotada por el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Asimismo, fue fiscal delegada para los derechos humanos a finales de los noventa. Entre sus investigaciones se relacionan algunas emblemáticas, como las masacres de El Aro, Mapiripán, Mampuján, Trujillo y la bomba de las Farc contra el Club El Nogal, así como el proceso por la desaparición de Nydia Érika Bautista, del M-19, a mediados de los años ochenta. En su video de presentación ante la Corte, apareció de fondo la imagen del asesinado candidato presidencial Jaime Pardo Leal, de la Unión Patriótica.

Los magistrados quedaron con la impresión de que Pérez era la aspirante más desconectada. Y quizá, según le dijeron fuentes de la Corte a SEMANA, tenía una posición que correspondía a una Fiscalía más antigua. A las tres candidatas les preguntaron por su relación con Petro y con el ministro Velásquez. Las tres se desligaron de ellos.

La Corte decide

La Corte Suprema de Justicia es independiente y autónoma para elegir el reemplazo del fiscal Barbosa. Sin embargo, algunos han tratado de presionar la decisión de los magistrados. Por tradición, la Corte se toma su tiempo, evalúa muy bien la terna y va a un ritmo completamente distinto de los intereses políticos. En el pasado, de hecho, han tardado hasta más de un año para elegir al fiscal general de la nación dada la inmensa responsabilidad de quien ostenta ese cargo. Así ocurrió en la transición entre los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. La terna de Uribe se volvió famosa por inviable después de múltiples votaciones. Santos, al llegar a la presidencia en 2010, la cambió y destrabó el asunto. Viviane Morales resultó elegida.

Aunque siempre la Corte se ha tomado más o menos tiempo en el proceso de elección de fiscal, esta vez es claro que hay una intención del Gobierno Petro, y a través de agentes mediáticos, de presionar una decisión precipitada del alto tribunal. Para ello han querido vincular con el narcotráfico a la vicefiscal Martha Mancera, quien sería la encargada del despacho del fiscal mientras la Corte elige.

Fuentes consultadas por SEMANA aseguran que el alto tribunal, en su independencia, no está dispuesto a dejarse presionar y el país está obligado a rodearlo. Al fin y al cabo, por el momento que vive Colombia, el cargo de fiscal general debe ser ocupado por un jurista íntegro, independiente, que no se deje manipular y que, sobre todo, no se preste a las venganzas de una guerra política.

Algunos vaticinan que el voto en blanco ganará en la primera ronda, pues hoy, por lo menos, 11 magistrados se inclinarían por esa opción. La votación será el próximo jueves 7 de diciembre. Luego vendrá la vacancia judicial y los togados solo regresarán después de mediados de enero. En ese momento, lo más probable es que la Corte decida darle prioridad a la elección de la presidencia y la vicepresidencia del alto tribunal.

El 8 de febrero, el fiscal Barbosa presentará el balance de su gestión ante los magistrados. No se sabe si ese mismo día volverán a votar. Vendrían dos meses clave, y en la primera semana de abril, tras la salida de cinco togados que concluyen su periodo, la Corte podría quedar de nuevo dedicada a elegir los reemplazos para suplir las vacantes. Al llegar los nuevos magistrados, tendrán que ponerse al tanto de la elección de fiscal. De esta manera, el proceso podría tardar, mínimo, hasta junio de 2024. Los más pesimistas insinúan, incluso, que no hay que descartar que el presidente Petro tenga que cambiar la terna.

La elección de fiscal acontece en medio de una tensión evidente entre el mandatario y la Rama Judicial. Cuando Petro aseguró que era “el jefe” del fiscal general, fue la propia Corte Suprema la que lo llamó al orden y le dejó claro que la Justicia es independiente del Ejecutivo. “Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”, le dijo la Corte a Petro. Mientras tanto, el fiscal Barbosa lo puso en su lugar: “A mí me eligió la Corte, y el presidente no es mi jefe, ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes”.

Además, el mandatario ha tenido choques con el Consejo de Estado, que le ha tumbado la elección de varios de sus alfiles en el Congreso, y, en las últimas semanas, con la Corte Constitucional por sus fallos. El alto tribunal se ha convertido en un muro de contención de Petro para resguardar la Constitución y la ley, y garantizar la separación de poderes.

La tensión es tal que, en un hecho sin precedentes y muy criticado, Petro amenazó con recortar los presupuestos de la Rama Judicial tras la decisión de la Corte Constitucional que tumbó un parágrafo de la reforma tributaria sobre las regalías. Los sindicatos están alertas. En las cortes consideraron ese anuncio como un “chantaje”.

El caso de Francisco Barbosa amerita un capítulo aparte. El fiscal tuvo que negarse, con argumentos legales, a levantar las órdenes de captura de algunos extraditables, tal como lo solicitó el Gobierno Petro a la Fiscalía. Barbosa también se opuso a la ley de sometimiento, que pretendía limpiar una parte del capital de los narcos y hasta dejarlos en libertad y sin extradición. Desde entonces, Petro lo ha acusado personalmente, y de manera falsa, de no actuar contra el Clan del Golfo y ha señalado a la Fiscalía, sin evidencias, de presionar la confesión de su hijo Nicolás.

Por lo demás, en el Congreso han surgido ideas como la de Iván Cepeda, uno de los senadores más cercanos al presidente, de castigar con cárcel de hasta 15 años a los que “obstruyan” la paz. El destinatario de ese proyecto era tan evidente que el propio Cepeda, en un trino, reconoció que a su proyecto lo llamaban “ley Barbosa”. Tan descabellada fue la propuesta de Cepeda que hasta Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, pidió el retiro de la iniciativa. El debate nacional fue tan grande que el senador anunció que la retiraría para modificarla y volverla a presentar.

El caso Uribe también ha sido un caballito de batalla entre la Fiscalía de Barbosa, que ha pedido la preclusión, y los petristas, que quieren a toda costa que se castigue con cárcel al expresidente. Ni siquiera la información sobre un posible atentado del ELN contra el fiscal Barbosa permitió la solidaridad de Petro con el alto funcionario. De hecho, eso también los enfrentó, como la llamada paz total, calificada como “paz criminal” por el actual fiscal.

Lo que está en juego

A las integrantes de la terna para elegir fiscal las relacionan con los sectores de izquierda. Sus posturas y sus carreras dan cuenta de ello. Pero lo que está en juego no es solamente uno de los cargos más importantes para la justicia y la democracia en el país. Fuentes consultadas por SEMANA consideran que, solo cuando Petro tenga un fiscal general elegido de la terna que presentó, los colombianos sabrán hasta dónde es capaz de llegar el mandatario.

La oposición teme una arremetida que signifique la persecución del Gobierno contra las voces críticas, como ocurre en Nicaragua, Venezuela y Cuba, máxime cuando Petro dijo públicamente que, por ser el jefe de Estado, él era el jefe del fiscal general.

En medio de esta guerra desatada por la elección de la nueva fiscal, hay un tema espinoso: los procesos contra integrantes de la familia del presidente o su gente más cercana. En el caso de su hijo Nicolás, la terna para fiscal, coincidencia o no, fue presentada justo cuando él permanecía en el búnker de la Fiscalía tras ser capturado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Entre tanto, justo después de la visita que le hizo su papá en Barranquilla, Nicolás se echó para atrás en la colaboración con la justicia y el presidente anunció el cambio en la terna. Desde entonces, denunciaron a Mario Burgos, fiscal del caso, ante la Comisión de Disciplina Judicial, y Petro se hizo parte en el proceso. También, a través de aliados mediáticos, han querido desprestigiar al jefe de la Policía Judicial de la Fiscalía, en la Delegada de Seguridad Ciudadana, Víctor Forero, tratando de vincularlo con el narcotráfico en un caso de Buenaventura, donde están implicados dos agentes del CTI. Llama la atención que Forero sea el investigador del proceso del hijo del presidente.

Petro no ha guardado prudencia y en sus redes ha publicado permanentemente la información de sus alfiles mediáticos tratando de manchar la imagen de Forero y de la vicefiscal Mancera.

SEMANA reveló la explosiva confesión de Nicolás Petro ante los fiscales. En ella culpó a su papá de conocer la entrada irregular de dineros a la campaña presidencial de 2022. Asimismo, relacionó a varias personas del círculo más cercano de su papá con corrupción, entre ellas a la primera dama, Verónica Alcocer.

La defensa de Nicolás Petro ha utilizado recursos que han terminado dilatando el caso, que ya está en acusación. Los más suspicaces consideran que la estrategia de Nicolás y de su papá estaría encaminada a que llegue la nueva fiscal y cambie el rumbo de las investigaciones que les interesan.

A quien reemplace a Barbosa también le tocará la investigación por el polígrafo y las chuzadas a la niñera Marelbys Meza, un caso en el que están salpicados Laura Sarabia, la funcionaria de mayor confianza del presidente, y el coronel Carlos Feria, la sombra del mandatario. Igualmente, están de por medio las investigaciones contra Juan Fernando Petro, hermano del presidente, cuyo nombre ha salido a relucir en el supuesto cobro de hasta un millón de dólares a narcos para convertirlos en gestores de paz. Las declaraciones del exviceministro de Defensa del Gobierno Petro, el general (r) Ricardo Díaz, también tienen en la mira de los investigadores a algunos funcionarios de Palacio, como el asesor presidencial Juan Fernández, señalado por Díaz de haberle dicho en el pasillo del baño, en Residencias Tequendama, que Alcocer le mandaba razón de que estaba interesada en la compra de tres helicópteros.

Frente a todo este coctel que acompaña la elección del fiscal general, el único camino es rodear a la Corte Suprema de Justicia y respetar su independencia y autonomía como manda la Constitución. Es un deber de los togados velar por un Estado social de derecho, la separación de poderes y el orden constitucional.

Es posible que surjan ataques contra los magistrados por parte del Gobierno y del eje mediático más cercano a Petro. Sin embargo, no cabe duda de que el alto tribunal, en su sabiduría, elegirá a la mejor persona para que reemplace al fiscal Barbosa, tomándose el tiempo que sea necesario, bien sea de la actual terna o de una nueva. No importa la guerra por la Fiscalía. Importan la institucionalidad, la democracia y la justicia.