La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegó al cierre de la discusión del Presupuesto General de la Nación de 2027 con una reducción de $181.402 millones.
El recorte, que se consolidó en dos momentos durante el trámite legislativo, refleja una disputa que va más allá de las cuentas públicas: cuánto debe seguir invirtiendo el Estado en el tribunal, qué resultados ha entregado y cómo justifica los recursos destinados a su funcionamiento.
La decisión se produjo en una jornada que también marcó la primera victoria legislativa de gran calado del presidente Abelardo De La Espriella. El Congreso aprobó un presupuesto de $634,9 billones, con 112 votos a favor y uno en contra en la Cámara de Representantes, y 57 votos a favor y uno en contra en el Senado.
La mayoría reunió a sectores del Centro Democrático, los partidos Liberal y Conservador, Cambio Radical, La U y Salvación Nacional, además de algunos apoyos de los Verdes y de la Citrep.
El primer ajuste fue de $170.000 millones, impulsado por Salvación Nacional. De esa suma, $140.000 millones correspondían a inversión y $30.000 millones a funcionamiento.
La iniciativa se justificó en la necesidad de trasladar recursos hacia otras prioridades de la justicia y revisar el tamaño del gasto destinado a la jurisdicción transicional; eso, según los congresistas, de acuerdo con los pocos resultados que ha mostrado el tribunal.
La segunda reducción llegó por cuenta del Centro Democrático. La bancada presentó una proposición para descontar otros $11.402 millones y trasladarlos al Ministerio de Defensa, con el argumento de contribuir al pago de indemnizaciones pendientes a familiares de integrantes de la Fuerza Pública asesinados por las Farc.
La propuesta citó 850 sentencias ejecutoriadas por un valor de $399.823 millones, más $285.338 millones en intereses. La proposición fue aprobada dentro de un paquete de modificaciones presupuestales.
Pero la ofensiva política contra las cuentas de la JEP no empezó con esa votación. La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, ha cuestionado el costo acumulado de la entidad y la proporción entre los recursos invertidos y sus resultados judiciales.
Según las cifras que ha presentado la senadora, la jurisdicción habría recibido $3,8 billones entre 2020 y 2026; y si se hubiera atendido la solicitud presupuestal que tenía sobre la mesa para este 2027, el costo acumulado ascendería a $4,5 billones.
Uno de los datos más controvertidos de su revisión es el arrendamiento de la sede principal, en Bogotá. Posada sostiene que entre 2020 y febrero de 2026 se habrían pagado $114.202 millones por ese concepto.
Como elemento de comparación, señaló que en documentos públicos de 2020 figuraba un costo de construcción de $20.975 millones. La diferencia abrió preguntas sobre la conveniencia económica del arrendamiento y los estudios que sustentaron esa decisión. Se trata de cuestionamientos de la congresista que requieren contrastarse con los contratos, sus condiciones y la explicación de la entidad.
Los desplazamientos también quedaron bajo escrutinio. Posada cuestionó gastos asociados a operadores logísticos, tiquetes y viajes nacionales e internacionales, y calculó en $56.435 millones el costo de esas actividades entre 2020 y 2026.
La JEP rechazó que esa cifra corresponda a un supuesto esquema de turismo judicial: sostuvo que incluye actividades misionales desarrolladas en más de 330 municipios, como audiencias, acompañamiento a víctimas, exhumaciones y acreditaciones.
Según la entidad, solo el 1 % de ese monto se destinó a comisiones en el exterior y se compraron 61 tiquetes internacionales por $286 millones durante ocho años.
La discusión sobre los resultados es igualmente sensible. Posada ha señalado que, de 21 sentencias que contabilizaba en su balance, solo cuatro estaban en firme.
Esa cifra alimenta las críticas sobre la duración de los procesos y la respuesta a las víctimas, aunque no representa por sí sola toda la actividad judicial de la JEP ni permite concluir que el tribunal haya incumplido su mandato.
La entidad, por su parte, ha advertido que los recortes pueden comprometer su capacidad para adelantar audiencias, proteger a víctimas y comparecientes y cumplir sus decisiones. El Gobierno sostiene que la reducción no afectará sus funciones misionales.
La votación dejó así dos resultados políticos concretos: el Gobierno consiguió sacar adelante su presupuesto con una mayoría amplia y los sectores que venían cuestionando el costo de la JEP lograron reducir sus recursos.