Política
La ‘jugadita’ de David Racero para hundir la ley Petro que obligaba a los presidentes de Colombia a practicarse anualmente un examen médico
La propuesta incluía también a los alcaldes y gobernadores del país, pero el representante del Pacto Histórico hizo un fuerte ‘lobby’ para hundir la iniciativa.
David Racero es el mejor ejemplo para mostrar la doble moral que existe en la política colombiana. Por un lado, se rasga las vestiduras y critica todo lo que hace la oposición en los diferentes debates, pero cuando él acude a las mismas técnicas legislativas sí son válidas y apegadas a los reglamentos y la Constitución.
Por esa manera de ser es que sus propios compañeros dicen que se perdió la presidencia del Pacto Histórico en el primer año de la Cámara, porque Racero llegó a aprender y cuando lo logró hacer, se acabó el periodo.
Sin embargo, Racero resultó ser un estudiante aventajado del Pacto Histórico y ya aprendió a hacer todo lo que en su vida política tanto criticó. El hecho más reciente fue el intenso lobby que hizo, curul por curul en la Comisión Primera de la Cámara, para pedir el voto negativo del proyecto que buscaba implementar un examen médico obligatorio para el presidente de Colombia, alcaldes y gobernadores.
Racero, integrante de la colectividad de gobierno, abordó a cada uno de los legisladores para manifestar sus profundas preocupaciones sobre la iniciativa que se estaba discutiendo en la sesión y que era de autoría del Partido Liberal.
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Después de abordar a sus compañeros, puesto por puesto, Racero presento una proposición de archivo que finalmente fue aprobada gracias al lobby que hizo con todas las bancadas. Sin embargo, hay que aclarar que lo hecho por el congresista del Pacto Histórico no tiene nada de malo, pero sí es una práctica que él criticó durante años y que está reflejada en sus redes sociales.
Por esa razón, la iniciativa naufragó en primer debate sin ser debatido porque Racero logró convencer a sus compañeros de que el Congreso no tenía facultades para modificar la Constitución y obligar al presidente de la República a practicarse un examen médico anualmente.
¿Qué proponía el proyecto?
Era un proyecto de ley estatutario que obligaría al presidente, vicepresidente, alcaldes y gobernadores de Colombia a que se practiquen anualmente un completo examen médico. Se trataba de una iniciativa de Carlos Felipe Quintero, representante del Partido Liberal, que tenía nueve artículos y que quería poner punto final a las discusiones jurídicas sobre este tema médico porque creaba unas reglas de juego claras para quienes aspiran a estos cargos.
“Nada tiene que ver con lo que está pasando con el presidente Gustavo Petro, pero es un asunto que pasa con alcaldes y gobernadores porque cualquiera puede sufrir una enfermedad, así que al ser elegidos también deben someterse a esos diagnósticos porque manejan la seguridad, el orden público, el presupuesto y otros temas que requieren todas las condicionales”.
El articulado dejaba claro que cuando sean enfermedades que tienen un tratamiento que no impida ejercer las funciones, no será causal de una incapacidad definitiva. “Solamente se tendrán en cuenta enfermedades que le impidan ejercer sus funciones como una demencia senil, alzhéimer o algo parecido”.
Asimismo, proponía que dentro de los tres primeros meses de cada año el presidente, vicepresidente, alcaldes y gobernadores deberán presentar ante la Junta Médica Local su historia clínica para someterse al riguroso examen. “Se han analizado todos los juicios de valor constitucional para que no tenga problema alguno en su aplicación, así que es importante que haya esta obligatoriedad para que los ciudadanos estén tranquilos”.
El dictamen del examen sería privado, salvo que el resultado sea adverso, y en ese caso sí lo conocerían los colombianos. “El consumo de drogas, alcohol u otras sustancias tendría que revisarse muy bien si tiene un problema que genere una incapacidad porque el solo consumo no implica una enfermedad. Ese es el libre albedrío de cada ciudadano, aunque si existe una adicción sí podría tratarse como enfermedad para separar del cargo a la persona. Pero ojo, solo si impide que ejerza sus funciones, de resto no”.
Quintero había dicho que su proyecto no tenía interés político alguno. En todo caso, los incumplimientos y desapariciones de Gustavo Petro han dado pie para que este debate esté nuevamente sobre la mesa.