La ‘jugadita’ que enredó aún más la reforma a la salud, ¿qué pasó?

Las esperanzas que tenía el Gobierno Nacional de que su proyecto de reforma a la salud tuviera un trámite oportuno y fácil se esfuman con el pasar de los días.

El proyecto es sensible porque transforma casi el 80 % del sistema de salud, incluido el posible marchitamiento de las EPS. Pero, curiosamente, el mayor obstáculo hasta el momento no son los asuntos de fondo, sino los de forma: los congresistas aún no se ponen de acuerdo si la iniciativa es una ley ordinaria o una estatutaria.

Las normas ordinarias tienen un trámite más simple que las estatutarias, por eso el Gobierno se la jugó por esta vía. Desde la semana pasada, según conoció SEMANA, el proyecto fue enviado a la Comisión Séptima de la Cámara, que es donde se tramitan este tipo de proyectos. Y hasta el fin de semana que pasó parecía que por fin se había dirimido la discusión.

No obstante, en las últimas horas, el representante conservador Juan Carlos Wills Ospina, presidente de la Comisión Primera de la Cámara, revivió la polémica al alegar formalmente un conflicto de competencias. Es decir, el congresista considera que el proyecto es una norma estatutaria, lo que obligaría a que arranque el trámite por la comisión que él dirige. Esto implica barajar y volver a empezar.

“La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, en cabeza de su presidente, ha desconocido la obligatoriedad existente de tramitar el proyecto como Ley Estatutaria, pues como se ha advertido, el contenido de este afecta el núcleo esencial del derecho a la salud, consagrado en la Constitución Política”, explicó Wills.

En carta enviada al presidente de la Cámara, David Racero, Wills señaló los artículos por los cuales el proceso de radicación y debate de la reforma a la salud debería ser diferente.

“De conformidad con los artículos 44 y 144 de la Ley 5 de 1992 me dirijo a usted con el fin de presentar Recurso de Apelación frente a la decisión de tramitar a través de la Comisión Séptima de la Corporación el Proyecto de Ley No. 339 de 2023, por medio de la cual se transforma el sistema de salud en Colombia y se dictan otras disposiciones”, aseguró.

Según las normas del Congreso, cuando el presidente de una comisión alega competencia sobre un proyecto, se debe convocar a una reunión entre los presidentes de las siete comisiones, quienes deberán tomar una decisión conjunta.

Los efectos

Esto, de inmediato, genera tres efectos que afectan el trámite de la reforma. El primero de ellos es que, como es evidente, se retrasa el inicio de la discusión del proyecto, pues se debe convocar primero a los presidentes de las comisiones a la mencionada reunión para que tomen una decisión. Mientras tanto, no se pueden designar ponentes, lo que pone en aprietos al Gobierno, que tiene premura con esta iniciativa.

El segundo elemento que hay que tener en cuenta es que de los siete presidentes de comisiones de la Cámara, apenas tres son aliados del Gobierno (Pacto Histórico y Alianza Verde), mientras que los otros cuatro pertenecen a partidos que han expresado reparos a la reforma a la salud. Esto podría llevar a que, contrario a lo que quiere el presidente Gustavo Petro, el trámite cambie a la vía estatutaria.

¿Cuál es el temor al trámite estatutario? Este es el tercer efecto que podría tener la jugada de Wills. Las leyes estatutarias, por ser normas de jerarquía superior, no pueden ser discutidas en sesiones extra y requieren unos requisitos más exigentes para ser aprobadas.

Por ejemplo, para su aprobación, se requiere de una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los miembros de una corporación. Conformar estas mayorías no es tan fácil para el Gobierno. Como lo reconocen desde la Casa de Nariño, las cuentas no son favorables.

Adicionalmente, las leyes estatutarias, contrario a las ordinarias, requieren revisión previa por parte de la Corte Constitucional.

Por ello, al Gobierno Nacional definitivamente se le agrandó el problema de su reforma a la salud.