La maldición del SOAT: el Gobierno Petro ofreció descuentos y fracasó y ahora quiere acabarlo. La corrupción carcome al seguro. ¿Quién cubrirá los accidentes de tránsito?

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es la nueva cruzada del Gobierno de Gustavo Petro. Su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está convencido de que ese mecanismo no debería existir y ya están revisando cómo se resuelve el vacío que quedaría con su eliminación por medio de la polémica reforma a la salud que está en trámite en el Congreso.

El problema es que, si bien hay un cúmulo de problemas en el Soat que hasta las mismas aseguradoras reconocen, si se elimina ese seguro no se sabría quién quedaría a cargo de inyectarle al sistema de salud esos cerca de 1,8 billones de pesos que para 2022 le entraron al sistema para cubrir los gastos de los pacientes que llegaron al médico necesitando atención tras un accidente de tránsito.

La cuestión del Soat es una ‘papa caliente’ entre las aseguradoras (representadas por Fasecolda), la Adres (la entidad del Estado que termina cubriendo los gastos médicos cuando no hay Soat de por medio), las Entidades Prestadoras del Servicio de Salud (EPS) y el propio Gobierno, que está planteando eliminar el seguro que lleva operando durante 37 años.

El sistema actual, al menos en el papel, opera así: todos los vehículos (autos particulares, motocicletas y otros tipos de carros) están obligados a pagar el Soat para que ese seguro los cubra ante posibles accidentes, ya que la conducción se entiende como una actividad de alto riesgo. Cuando se reporta una accidente con heridos, los gastos en atención que estos requieren se pagan a través del Soat. Pero el problema es que no todos los vehículos registrados en Colombia cuentan con ese seguro y a veces el monto que este cubre resulta siendo insuficiente para abarcar la colilla de pago que queda después de un siniestro vial.

No están pagando el SOAT

Las estadísticas son claras. En el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) están registrados 18,4 millones de vehículos y solo 9,7 millones están reportados como usuarios del Soat. Es decir, solo el 52,7 por ciento cuentan con esa cobertura. El balance, cuando se miran los reportes de las motocicletas, es semejante. Hay 11,2 millones inscritas en el país, de las que solo cerca de 4,6 millones están aseguradas con el Soat. Mejor dicho: el 59 por ciento de las motos que circulan por el territorio nacional no tiene ese seguro, pese a que son los vehículos que reportan más casos de accidentes.

Para resolver ese problema de la evasión, el Gobierno puso en marcha un descuento del 50 por ciento en el costo del Soat para las motos, buscando que más conductores pagaran ese servicio, pero la medida no les funcionó porque la evasión solo se redujo en 1 por ciento y, peor aún, la siniestralidad aumentó.

En el primer semestre de 2023 se reportaron 4.729 muertes por accidentes viales, un aumento del 4,8 por ciento en comparación con el mismo periodo en 2022, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial-ANSV.

Las atenciones en salud a víctimas de accidentes de tránsito también crecieron 5,7 por ciento y para el primer semestre de este año fueron atendidas 613.329 personas. En plata blanca: entraron menos recursos por el descuento anunciado por el Gobierno y se tuvieron que atender más accidentes.

Así las cosas, los datos demuestran que la mayoría de los propietarios de vehículos y motocicletas evaden el pago del Soat, y de cuenta de eso el Estado termina pagando los vacíos que les quedan a las arcas del sistema. Y ese es, precisamente, uno de los problemas que abrió el debate sobre la continuidad del seguro.

El boquete en el Soat

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) es la que pone la plata para atender a los siniestrados cuando no hay Soat. Solo entre 2020 y 2022 esta tuvo que pagar 1,1 billones de pesos por atenciones a pacientes que fueron afectados por aparatos sin cobertura de ese seguro.

Se trata de unos 58.000 conductores que han dejado a sus víctimas sin cómo cubrir los gastos de atención en salud y que ahora están endeudados ante la Adres. En ese mismo periodo, dice la Administradora, hubo 560.000 víctimas de accidentes que quedaron a la deriva.

Esa plata se la están cobrando a cada uno de los conductores irresponsables que no tenían el seguro para saldar el hueco en el sistema a través de un tercero que subcontrató la Adres, el Cisa, para que los llame uno a uno a indicarles sus pendientes con el Estado.

Pero aunque se resolviera el problema de la plata, la premisa del Gobierno sigue siendo la misma: eliminar el Soat. “No debería existir un Soat, eso debería estar todo dentro del sistema de salud. Si uno tiene un accidente, y estamos todos dentro de un sistema, debería ser atendido”, sostuvo el ministro Jaramillo.

El problema que ve el Gobierno es que los usuarios pagan “doble seguro”: a los empleados les deducen de su salario la afiliación a la EPS y, aparte, aquellos que son conductores están obligados a adquirir el seguro obligatorio, sin contar los casos en los que los usuarios deciden tener una medicina prepagada.

Entonces, lo que está buscando el Gobierno de Gustavo Petro es que a partir de la reforma a la salud que está en trámite en el Congreso todas las atenciones sean gestionadas por medio de las Gestoras de Salud y Vida que quieren crear (y que van a reemplazar las EPS) como el único mecanismo de aseguramiento que se establecería en Colombia.

Sin embargo, desde el Ministerio de Salud confirmaron que aún no se ha resuelto el cómo ni mediante qué medios se conseguirían los nuevos recursos para tapar el hueco que dejaría la eliminación del Soat: una plata que administran privados que se lucran del negocio de los seguros, pero que les paga a instituciones tanto públicas como privadas.

El presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, advirtió que si se aplica esa medida “habría que o subir impuestos o subir las cotizaciones de lo que pagamos todos los colombianos al sistema de salud para cubrir los gastos de las atenciones. No hay otro camino. Por eso, tiene lógica que exista el subsistema Soat para que quienes generan el riesgo al conducir sean los que pagan más”.

El ministro Jaramillo asegura que hay casos de accidentes fantasma que se usan solo para cubrir los recursos del seguro, alega que en las ciudades intermedias se presenta una pelea de ambulancias para cubrir los accidentes porque los proveedores saben que esa atención sería bien paga y hasta dice que hay preferencias para llevar a los pacientes a determinadas clínicas privadas. Su denuncia va más allá: desde el ministerio afirman que estas terminan trasladando a los enfermos a las instituciones públicas cuando se acaban los fondos que abarca el Soat.

Desde el gremio de las aseguradoras representadas en Fasecolda reconocen que hay problemas por resolver como la alta accidentalidad, el fraude y la evasión, y dicen que ya le presentaron propuestas al Gobierno nacional para atender el tema, como lo confirmó Gustavo Morales.

Solo nueve compañías de seguros están autorizadas para vender el Soat en Colombia. Pese al limitado mercado para ese servicio, la desinformación sobre el seguro ha generado otro problema que espera solución: que haya conductores que ni saben que su Soat es falso.