“La migración no puede tratarse como un asunto de política externa hacia Venezuela”: piden reactivar estatuto de protección

La directora de la Fundación Juntos Se Puede, Ana Karina García, hizo un llamado al Gobierno de Gustavo Petro para que se le dé trámite a las solicitudes de refugio por parte de ciudadanos venezolanos que están represadas en los folios de la Cancillería.

García, quien es una de las defensoras por los Derechos Humanos de la población migrante más reconocidas del país, señaló al Gobierno colombiano de estar “tratando la migración como un tema de política externa”, cuando este fenómeno “se convierte en un tema de política interna en el momento en el que la gente está en el territorio”.

En esta conversación con SEMANA pidió que se activen nuevas rutas de protección para quienes huyen de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela.

SEMANA: Ustedes han advertido que sienten que el canciller y el Gobierno en general no entienden en qué consiste la figura de refugiado. ¿Por qué aseguran que en Colombia no se está entendiendo qué es ser un refugiado?

Ana Karina García (A.K.G.): Lo que termina pasando es que aquí se puede hacer una solicitud de refugio. Sin embargo, cuando tú haces esa solicitud te da un salvoconducto, pero la protección no tiene que ver solo con la no devolución al país de origen, que es donde está el hecho de persecución, sino que también tiene que ver con garantía del derecho.

Esa salvoconducto da acceso al derecho a la salud y a la educación, pero no al derecho al trabajo, lo que termina violentando otros derechos que dependen de los ingresos que se generan. Entonces, las personas terminan llegando a proceso de indigencia y de informalidad, se ponen a merced de las mafias y los coyotes intentando salir de Colombia por el desespero de no tener cómo sostener a sus familias.

SEMANA: Ustedes le pidieron a la Cancillería que le permita trabajar a los solicitantes de refugio y ese despacho remitió la solicitud al Ministerio del Trabajo. ¿Ya les respondieron?

A.K.G.: Nosotros enviamos la solicitud pidiendo que se permita trabajar con el salvoconducto del refugio de forma temporal. La respuesta inicial de Cancillería es que no hay una prohibición por su parte para trabajar y que el Ministerio del Trabajo es el encargado de definir cuáles son los documentos con los que se permite trabajar. Estamos esperando respuesta del Ministerio del Trabajo porque no la hemos tenido.

SEMANA: Desde la Fundación Juntos Se Puede han señalado que los venezolanos que solicitaron refugio en Colombia después de las elecciones presidenciales están necesitando protección. ¿En qué contexto están las personas que llegaron desde Venezuela después de los comicios?

A.K.G.: Como organización hemos atendido de forma directa a 240 personas. Sabemos por información que compartimos con otras organizaciones, sobre todo internacionales, que también han recibido casos que esta estadística supera las mil personas. Algunos ya recibieron salvoconducto y otros no lo han recibido, por lo que todavía estamos a la espera de que la Cancillería dé respuesta sobre esto.

SEMANA: ¿Consideran necesario que el Gobierno de Colombia vuelva a poner sobre la mesa la posibilidad de expedir un estatuto de protección como el que hubo en la administración anterior?

A.K.G.: Sí. Nosotros pedimos que se reactive el estatuto temporal de protección porque el decreto lo permite y la respuesta que obtuvimos de parte de Migración Colombia antes de que se fuera el director es que ellos no estaban de acuerdo con los considerando del Estatuto Temporal de Protección porque ellos no creían que Venezuela estuviese en las condiciones que dice esos considerandos. Ese es el argumento del Gobierno para anunciar la creación de otro proceso documental que no solo incluya a venezolanos, si no a toda la población latinoamericana.

Creemos que esto va a ser un retroceso, pero lo que nosotros necesitamos es regularización y garantías de acceso, como que no les pidan un pasaporte vigente, antecedentes penales o que esto tenga un costo porque son condiciones difíciles de cumplir para los venezolanos. Recientemente sacaron una visa especial que dice que los venezolanos pueden pedir una visa de visitante por dos años, sin derecho a residencia, en la que piden pasaporte vigente y antecedentes penales: la página de antecedentes de Venezuela está caída y esos documentos solo se consiguen en el mercado negro.

SEMANA: ¿Han detectado un incremento de la migración desde las elecciones presidenciales?

A.K.G.: Sí. Estamos recibiendo un 10% de la población que atendemos de personas que acaban de llegar, lo que quiere decir que sí hay un incremento. Lamentablemente, el Gobierno está haciendo un análisis con cifras de Migración Colombia con las que no estamos de acuerdo porque ellos están contando la cantidad de gente que entra y sale de manera oficial, pero esta salida no necesariamente es hacia Venezuela porque muchas de estas salidas son hacia El Darién. Esos números para nosotros no son reales.

SEMANA: ¿Afirmaría que el Gobierno está invisibilizando el nuevo fenómeno migratorio?

A.K.G.: Eso es lo que creemos. Y lo está haciendo por una razón política.

SEMANA: Mencionaba que el Gobierno está contando a las personas que migran solo por quienes cruzan por los pasos regulares. Si la frontera está abierta, ¿por qué hay migrantes que no quedan registrados en sus tránsitos?

A.K.G.: La frontera está abierta y eso no es lo que determina la regularidad o no del proceso porque tú pasas por el puente y sigues adelante, lo que hace que se entre de manera regular. Pero, al no presentarse en un punto migratorio, el proceso pasa a estar irregular. Las personas no se están presentando en migración porque exigen sello de salida de Venezuela y mucha gente no sella porque le da miedo, también se exige que se tenga un pasaporte vigente y la mayoría de la gente no lo tiene.