Carolina Corcho es un obstáculo para la reforma a la salud: una película de terror, radicalismo, activismo y trampas. Aquí detalles secretos

Carolina Corcho fue declarada insubsistente el 4 de junio de 2015 cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá. Sin embargo, el hoy presidente, ante el asombro de muchos, la nombró ministra de Salud y le encargó sacar adelante una de sus propuestas más importantes de campaña: la reforma del sector. Corcho, en casi ocho meses de gobierno, no ha podido con esa misión y, por el contrario, tiene hundida la iniciativa. El propio Roy Barreras, presidente del Congreso, quien pertenece al Pacto Histórico, la ha calificado como una funcionaria “radical, activista, arrogante, ideologizada y que no escucha”. Una fuente que conoce bien a la psiquiatra de la Universidad Nacional la describe como “silenciosa” e, incluso, en las discusiones de la reforma a la salud “se le ha visto ensimismada y retraída”.

Como afirma el dicho, lo que empieza mal termina mal. La ministra, en lugar de buscar consensos a favor de la salud y la vida de 50 millones de colombianos, se ha dedicado a dividir, tratar de imponer y, especialmente, ha estructurado un proyecto ideologizado a espaldas de expertos, pacientes y gremios. Hoy la acusan de promover jugadas bajo la mesa en la discusión con los partidos. Corcho solo ha tenido en cuenta a un pequeño círculo de copartidarios y activistas contra el sistema, entre ellos al polémico Pedro Santana, su hombre de confianza, señalado de mentir sobre sus títulos profesionales.

En la Casa de Nariño, un funcionario que habló con SEMANA recuerda que, en medio de una discusión sobre la reforma, Corcho le tomó pantallazos con su teléfono celular a una presentación que se proyectaba en un computador y se los envió por WhatsApp a Santana. A los pocos minutos, tras los comentarios que ella recibió de él, la ministra de Salud se opuso a lo que se estaba discutiendo en presencia de otros ministros. Esa anécdota refleja el poder que ejerce Santana sobre Corcho.

Por todo esto, la anunciada promesa de cambio de Petro para el sector hizo agua y hoy lo tiene en serios aprietos y frente a una posible segunda gran derrota en el Congreso tras el hundimiento de la reforma política. En las últimas horas, desesperado, el presidente puso en marcha una estrategia para buscar los votos de los congresistas por separado y, además, el Gobierno llamó a Dilian Francisca Toro, directora de La U, y a Efraín Cepeda, director del Partido Conservador, para ofrecerles nuevos cambios en el proyecto con el fin de que lo apoyen. Corcho, aunque lo niega, ya le advirtió a su equipo más cercano: si la reforma no sale como ella quiere, dejará el cargo. El expresidente César Gaviria fue el primero que se desmarcó y se le paró en seco al Gobierno. De ahí que el Partido Liberal rechace el plan de la Casa de Nariño.

Por culpa de la funcionaria, el mandatario se ha ido quedando solo y con unos pocos que tratan de empujar una reforma que no convence y que aterra a muchos. A la ministra, en el propio Gobierno, sus detractores la han cuestionado por decir “mentiras”, tal como ocurrió en una reunión en la oficina de Laura Sarabia, jefe de gabinete, en la que estuvieron presentes el ministro del Interior, Alfonso Prada, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria.

A la funcionaria la señalan de tener “un libreto ideológico aprendido que le da para una discusión de 10 a 15 minutos” sobre la salud y en el que “no se evidencia un conocimiento técnico profundo”. De hecho, le sacan en cara el desmantelamiento del cuerpo de expertos del Ministerio de Salud que llevaban años en esa entidad sin importar el Gobierno de turno.

Errores y ofensas

En la discusión de la reforma, Corcho siempre se ha mostrado agresiva, retadora y ofensiva. Por eso, fue capaz de publicar en su cuenta de Instagram una fotografía con la leyenda “las EPS no curan, las EPS facturan”. Ciertamente, una de sus obsesiones ha sido borrar del sistema a esas empresas prestadoras. También ha propuesto un esquema de médicos vigilando a médicos que ha causado indignación. Su argumento fue: “Los médicos vamos a vigilar a los demás médicos, porque el problema fiscal de este sistema no son los alcaldes y gobernadores. Son los médicos. El médico puede disparar el gasto público si manda de todo, el médico induce la demanda en el nivel primario”.

Sus palabras fueron tan ofensivas que Roy Barreras tuvo que ofrecer excusas en nombre del Pacto Histórico: “Soy médico. Como colega les pido excusas. Ustedes salvan vidas todos los días. Los aplaudimos en la pandemia, se jugaron la vida y ahora son los culpables”.

Su relación con el cuerpo médico ha sido tan tensa que, incluso, la responsabilizan de una diligencia de la Dian en compañía de la Policía, denunciada este viernes por la Asociación Médica de Bogotá.

Otra embarrada de Corcho fue cuando se encontró en su despacho con la presidenta de Acemi, Paula Acosta, a quien amenazó con volver a darle una cita un año después y le exigió “lealtad”. Además, la fustigó por hablar ante los medios y el país.

Igualmente, a comienzos de año, la funcionaria tuvo una salida en falso incomprensible. Siendo la jefe de la cartera, publicó cifras equivocadas sobre las deudas de las EPS y tuvo que corregir. No eran 33 billones de pesos, sino 1,7 billones de pesos de las liquidadas y 5 billones de pesos de las EPS en liquidación.

La más reciente pifiada de Corcho ocurrió con su ataque directo a los medios de comunicación. En lugar de responder por su mal manejo en la búsqueda de consensos en torno a la reforma, culpó a la prensa: “Me parece preocupante y peligroso que Colombia esté sometida a un estado de opinión donde mediáticamente se decide si un proyecto de ley se presenta, se tramita o no, cuando eso es una función constitucional del Congreso de la República”.

En el campo técnico, los expertos que hablaron con SEMANA aseguraron que algunas de las equivocaciones de la ministra son construir una reforma a puerta cerrada, excluyendo a médicos y pacientes, entre otros actores; no entender el papel de las EPS “al decir primero que eran simplemente unas intermediarias y después que tenían muchas funciones”; y no definir quién hace el control del gasto, la auditoría y la gestión del riesgo.

Pero no solo eso. También señalan que por parte de Corcho hay una “incomprensión de la complejidad normativa”.

Según uno de los técnicos consultados, “la reforma de la ministra pretende cambiar las leyes 100, 1122 y 1438, con un articulado general, por un esbozo de sistema. Destruye sin haber construido”. Y hay una crítica generalizada en su contra: la señalan de decir “mentiras”, por ejemplo, cuando afirmó que todo estaba consensuado, sabiendo que “nunca tuvo voluntad de llegar a acuerdos”.

A Corcho la culpan de pretender “montar un esquema burocrático frondoso que lo único que esconde es el apetito por echarles mano a los más de 80 billones de pesos de recursos de la salud y entregarlos a los políticos regionales para conseguir su sujeción política y prolongar el proyecto político del Gobierno Petro”.

Asimismo, los técnicos dicen que la funcionaria ha hecho todo por “esconder el debate frente a los medios de comunicación y la opinión pública. La ministra ha puesto a voceros totalmente cuestionables desde el punto de vista ético y moral”. Adicionalmente, la critican por “tramitar un proyecto totalmente inconsulto, sin discusión técnica, bajo un equívoco mandato del pueblo que no tiene sustento”.

En la discusión también se le ha cuestionado que asuma que el sistema de salud sea “fallido”, pues los que lo conocen realmente dicen que ese diagnóstico está “muy lejano de la realidad”.

A Corcho también la señalan de retener injustificadamente las cuentas de pago de las EPS para llevarlas al colapso y de provocar una crisis con la escasez de medicamentos al evitar que contenedores que llegan del exterior puedan ser recibidos en Colombia, supuestamente por darles prioridad a los laboratorios colombianos, que no producen los medicamentos necesarios. Hoy hay pacientes con cáncer y otras enfermedades catastróficas que no han podido recibir sus fármacos y tienen sus tratamientos en pausa.

La agonía de la reforma

El proyecto del presidente está prácticamente hundido. A ese escenario se llegó luego de que Corcho y su equipo se radicalizaran en las mesas de concertación con los partidos que conforman la coalición y les impusieran su criterio de forma caprichosa.

Para llegar a los acuerdos con Corcho, los partidos Liberal, Conservador y La U se asesoraron con expertos de primer nivel. El expresidente César Gaviria, Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda sabían que se enfrentaban a una ministra radicalizada que no ha estado dispuesta a llegar a consensos y menos a escuchar.

El exviceministro de Salud Germán Escobar asesoró al Partido Liberal; el consultor Julio Mario Orozco, al Conservador; y las técnicas Mery Barragán y María Paula Ordóñez, a La U.

De entrada, revisaron el proyecto de Corcho y encendieron las alarmas. Les preocupó lo que se contemplaba en atención, acceso, financiación, cobertura y prestación del servicio. Todo apuntaba a un sistema exclusivamente público, borrando por completo a las EPS.

Preocupados, a mediados de febrero, los líderes de los partidos se reunieron con el presidente Petro y le plantearon sus inquietudes. Semanas después, se logró un modelo mixto de aseguramiento. Sin embargo, faltaban líneas gruesas.

El primer choque vino días después, el 8 de marzo, cuando los tres partidos radicaron en el Congreso un proyecto de modificación de la reforma de Corcho. Los cambios tenían que ver con más del 70 % del articulado.

SEMANA conoció que el presidente Petro se molestó porque las colectividades presentaron dicha iniciativa ante el Congreso sin socializarla con la Casa de Nariño. El cortocircuito empezó a ser notorio.

El 13 de marzo, en una cumbre con los partidos, Petro les reclamó a sus líderes y les dijo que no entendía por qué las modificaciones se habían socializado inicialmente con el presidente de la Cámara, David Racero, y no con él o con su ministro del Interior. Racero, según fuentes enteradas, pidió que se manejara con él toda la comunicación en torno a la iniciativa.

Visiblemente molesto, Petro reclamó, pues las modificaciones alteraban por completo la reforma de Corcho. Dilian Francisca Toro, con una explicación en un papelógrafo, intentó convencer al presidente de las bondades de las modificaciones, pero no lo consiguió. No hubo humo blanco.

Al día siguiente, los directores de los partidos fueron citados en el Ministerio del Interior a una reunión liderada por Prada. El encuentro fue tenso. Corcho llegó terca, acompañada de sus asesores, entre ellos Iván Jaramillo, el más radical; Édgar González, el más conciliador y político; y Félix Martínez, el director de la Adres. Los tres nunca dieron su brazo a torcer en las mesas de diálogo. De ese equipo también formó parte Pedro Santana, quien asistió a todos los encuentros y siempre guardó silencio.

En esa cita con Prada, los asesores de los partidos expusieron sus argumentos sobre por qué el modelo no puede ser exclusivamente público y advirtieron que la construcción de los 2.400 Centros de Atención Primaria (CAP), como estaba consignado en el texto, resulta imposible. La ministra solo les dijo que había que empezar a redactar el proyecto cuanto antes.

En ese momento, todos pensaron que podía haber concertación. Racero celebró esa posibilidad con bombos y platillos. Los expertos, a partir de ahí, le preguntaron a Corcho por las fechas de los nuevos encuentros para seguir avanzando en una reforma consensuada. Pero ella solo les respondió: “Yo les aviso”.

Germán Escobar, Julio Mario Orozco, Mery Barragán y María Paula Ordóñez se quedaron esperando una nueva convocatoria por más de una semana. Luego, vino lo que todos conocen. Lo que se hablaba nunca quedó consignado en el proyecto y los tres partidos se levantaron de la mesa al considerar, como dijo Efraín Cepeda, que “todo era una pérdida de tiempo”. Una cosa era lo que se hablaba en las mesas y otra lo que aparecía en el proyecto. Sencillamente, la ministra Corcho les mamó gallo durante varias semanas.

En la noche de este viernes, sorpresivamente, el presidente Petro y el representante Agmeth Escaf informaron que se radicó una ponencia de la reforma con el apoyo de los conservadores y La U. Sin embargo, Dilian Francisca Toro aseguró que nunca autorizó la firma del congresista Camilo Avila. Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal dijo que radicaron el proyecto a “espaldas del país”. Hoy hay muchas dudas. ¿Cuál fue el interés de Corcho por no plasmar en el papel lo acordado?, ¿quería provocar el hundimiento de la reforma?, ¿recibía órdenes del presidente Petro? Son algunas preguntas sin respuesta.

En los pasillos del Congreso dicen que si la reforma fracasa es porque la ministra decidió redactar el articulado desde antes de llegar al ministerio con un grupo de fundaciones, entre ellas la Federación Médica Colombiana, a la que perteneció como vicepresidenta.

Algunos colegios médicos que integran la Federación no están de acuerdo con el proyecto del Gobierno. Entre ellos está el Colegio Médico de Cundinamarca. Germán Fernández, uno de sus directivos, le dijo a SEMANA que Corcho tiene un temperamento “muy vigoroso, que no invita mucho a la conversación y en cualquier reforma es necesario escuchar al opositor e intentar llegar a acuerdos”.

Según él, a la ministra de Salud “la maduraron rápido”. “El temperamento no es buen consejero. Le faltó mucha más aproximación con las personas que estamos en el escenario de la salud: médicos y pacientes. Y cuando llegó la hora del debate fue aguerrida y no dio mayores elementos técnicos, sino ideológicos”, señaló Fernández.

La reforma la redactaron varias asociaciones, entre ellas la de Usuarios de Pacientes de Alto Costo. Néstor Álvarez, el directivo de ese gremio en la Nueva EPS, renunció a comienzos de febrero a la comisión de seguimiento de la sentencia T-760 y a la reforma del sistema de salud.

Lo hizo a través de una carta en la que expuso una de las razones: “La forma antidemocrática y cerrada en la cual se han tomado últimamente las decisiones”.

En diálogo con SEMANA, Álvarez dijo que el ministerio, en cabeza de Corcho, “ha continuado con el activismo de la reforma. Ha descuidado el manejo del sistema de salud porque está enfocado en modificarlo. Está más dedicado al activismo y ha olvidado la gobernabilidad del sistema”.

“El exceso de premarketing de la reforma a la salud por parte de la ministra ha causado, de una u otra forma, una ansiedad en toda la población colombiana: la incertidumbre, el cambio, eso ha generado una tensión que, desde el punto de salud mental, no es lo adecuado”, añadió Álvarez.

Y enfatizó en que mientras Petro ha estado abierto al diálogo, Corcho “no quiere entender que, como funcionaria, tiene la obligación de atender y escuchar a todos los sectores”. La jefe de la cartera de Salud carga a sus espaldas el despido de Alejandro Gaviria del gabinete, pues fue el único capaz de dejarla en evidencia en los consejos de ministros, delante de Petro, y en las reuniones privadas. El ministro de Hacienda, la ministra de Agricultura y el director de Planeación Nacional también le han hecho serios reparos a la reforma de Corcho.

En el proyecto de ella se hace énfasis, según los expertos, en “eliminar el concepto de seguridad social, que es un derecho indelegable según la Constitución, y reemplazarlo por un esquema puramente de prestación de servicios bajo un marco mal definido de aseguramiento social. Sin aseguramiento individual, el sistema se fracciona y el paciente termina gestionando su propia salud, lo cual es regresivo”, señala un experto consultado, quien dice que Corcho ha abandonado las demás labores del ministerio. Entre ellas, sus obligaciones frente a la salud pública (no vacuna de viruela símica), la prestación de servicios (desabastecimiento crítico de medicamentos) y la financiación del sistema (pago de obligaciones financieras a las EPS), poniendo en riesgo la integridad del sistema y destruyendo la capacidad técnica del Ministerio de Salud.

La presidenta de Acemi, Paula Acosta, dijo que al gremio que agrupa a las principales EPS le preocupa que se “fragmenten los servicios”. “Al concentrar a las gestoras en el segundo y tercer nivel de complejidad, se fragmenta la atención, lo cual será con certeza una barrera de entrada para los pacientes. Además, los problemas de oportunidad de cita con el especialista, que es la queja más frecuente, no se resuelven. Por el contrario, al darles responsabilidades a los CAP de remisión y organización de la red, estos problemas se podrían agudizar”, señaló Acosta a SEMANA.

El sistema de salud de Colombia no es perfecto. Hay zonas del país donde, en pleno siglo XXI, el servicio es nulo o muy precario. La corrupción también ha golpeado al sector y hacer cambios para mejorar es imperativo.

En los próximos días, todo indica que habrá movimientos en el gabinete del presidente Petro. Quienes han pedido la renuncia de la ministra Corcho esperan que ella, el más grande obstáculo, sea reemplazada. En apenas ocho meses, esta funcionaria nada empática enredó el trámite de la reforma a la salud y, si se hunde definitivamente, ella es la única responsable.