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La ola de violencia en el país podría poner en jaque las elecciones de octubre: hay 90 municipios en grave riesgo
El 29 de octubre los colombianos acudirán a las urnas, pero en esta ocasión con el fantasma de la inseguridad, que está rondando nuevamente en varias regiones del país. ¿Qué pasará?
El presidente Gustavo Petro tendrá una prueba de fuego el 29 de octubre: garantizar la seguridad para las elecciones en las que los colombianos escogerán alcaldes, gobernadores, concejales y ediles. Ese día se medirá la capacidad del Estado a fin de garantizar los comicios, en medio de la oleada de violencia que se presenta en varios departamentos. En todo caso, no será la primera vez que esto ocurra en Colombia.
Aunque quedan más de seis meses para la cita electoral, las alarmas están encendidas, los gobernadores están preocupados y las instituciones del Estado lanzan alertas por el incremento en el número de hombres de las organizaciones criminales y que delinquen para mostrarse fuertes ante el Gobierno Petro por una posible negociación.
En la más reciente reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, en la que hubo presencia de los partidos políticos, funcionarios del Gobierno, integrantes de las Fuerzas Militares, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Consejo Nacional Electoral, el registrador Alexánder Vega reveló que hay 90 municipios en riesgo por la violencia. Sin embargo, la cifra podría cambiar, pues el fenómeno delictivo crece rápidamente.
Arauca, Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Meta y Cauca son los departamentos donde está concentrada la violencia. Hay evidencia de grupos armados que quieren afectar el certamen no solo con violencia, sino con constreñimiento al elector y a quienes aspiran a un cargo de elección popular.
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“Hay una denuncia de financiación del narcotráfico, y el Gobierno deberá garantizar que esos dineros no entrarán a las campañas. El comandante del Ejército anunció que las Fuerzas Militares están por todo el país para evitar que esa financiación llegue al certamen electoral”, afirmó Vega.
Las cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE) son similares a las de la Registraduría, pero Alejandra Barrios es prudente para revelarlas. Quiere esperar a que empiece la inscripción de candidatos en junio con la finalidad de tener un mapa real de riesgo electoral. En todo caso, advirtió que se debe avanzar en acciones para la prevención de la violencia en los departamentos identificados.
Aclaró que estas alertas no se traducen en que no se podrán llevar a cabo elecciones en esas regiones, pero sí debe volcarse la institucionalidad para garantizar que los colombianos ejerzan su derecho al voto y los violentos no se salgan con la suya. “Hay que activar los mecanismos de protección. Necesitamos que el Estado garantice las elecciones”, dijo.
Lo irónico es que Colombia cuenta con una experiencia robusta en elecciones en medio del conflicto, por lo que las Fuerzas Militares saben perfectamente cómo detener el accionar criminal de estos grupos. Sin embargo, el presidente Petro tendrá que entregar lineamientos claros sobre las operaciones, ya que se cruzan unos ceses al fuego bilaterales que tienen maniatados a los integrantes de la fuerza pública. Los problemas de orden público en el país han venido aumentando conforme se acercan las negociaciones de paz.
Los criminales tienen en su cabeza, de manera equivocada, que con acciones terroristas se muestran fortalecidos ante la llegada de un nuevo Gobierno a la Casa de Nariño y eso está generando pánico electoral. “En este momento existe un inquietante panorama para los comicios de octubre y así lo dejan ver las alertas tempranas”, dijo Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
Entre el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el ELN, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada suman unos 20.000 hombres alzados en armas, lo que evoca la década del 2000 cuando el país estaba bajo la amenaza de los criminales. En la primera semana de mayo habrá una nueva reunión para revisar el panorama electoral, y cada tres semanas las instituciones del Estado evaluarán el avance de los planes a fin de frenar la violencia. En todo caso, una vez más está a prueba la capacidad de acción del Estado, y el presidente Petro tiene en sus manos la papa caliente de garantizar unas elecciones libres de violencia en Colombia.
