Legalizar las drogas: la compleja batalla que emprendieron el presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico por normalizar la cocaína y la marihuana, ¿en realidad es posible?

A muchos les sorprendió la idea que lanzó el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, en la que dijo en un corto, pero contundente mensaje: “hay que legalizar (y gravar) la cocaína”. No se había superado el álgido y polémico debate de regularizar el cannabis de uso adulto, cuando el funcionario del gobierno de Gustavo Petro afirmó que su propuesta se basa en que el Estado se podría ahorrar entre 40 y 80 billones de pesos al año que podrían destinarse a salud, educación, entre otros, ya que los evasores, según el funcionario, aprovechan ese mercado ilegal.

Tanto Reyes como Petro y todos los que se aducen la idea de legalizar el consumo de distintas sustancias hoy prohibidas, argumentan que la guerra contra las drogas, como se conocía hasta el momento, ha fracasado.

Petro ha sido tal vez uno de los gobernantes más ávidos en buscar esa regulación, tanto así, que el mandatario compartió un artículo del medio financiero The Economist en el que lo nombran, junto al presidente Pedro Castillo, de Perú, como dos gobernantes que han buscado tener otra mirada. El artículo critica al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, porque, según ellos, ha sido “tímido” y que es hora de legalizar la cocaína.

Petro fue uno de los primeros en impulsar esa idea. El momento más contundente fue el fuerte discurso que dio en la ONU en Nueva York en el que dijo que la guerra contra las drogas “ha fracasado” y propuso un cambio de modelo. Por otro lado, desde el Pacto Histórico, varios líderes han adoptado como una de sus banderas la regulación de las drogas con una fuerte insistencia, uno de ellos es el senador Gustavo Bolívar.

“En 2018 radiqué dos proyectos para legalizar marihuana. Pocos creían. Hoy que la marihuana legal es un hecho, sigo campaña por regulación de cocaína, única salida a la guerra. ¡Cada año de prohibicionismo nos cuesta miles de muertos y quienes la van a legalizar apenas cursan preescolar!”, afirmó el senador del Pacto Histórico.

La bancada de izquierda en el Congreso ha liderado y apoyado la discusión sobre el cannabis de uso adulto, que ya logró lo que antes era impesanble: pasar con un amplio marguen dos debates. Si la discusión sigue de esa manera y continúa con los apoyos que tiene, lo más probable es que para el próximo año el proyecto que permite la marihuana de uso recreativo sea aprobado en el país.

Muchos se cuestionan desde ya cuáles serían las condiciones, los sitios autorizados para la venta, espacios de consumo, la regulación, entre otros muchos interrogantes que preocupan de sobremanera a gran parte de la población y la ciudadanía.

Aunque Bolívar fue uno de los más insistentes la legislatura pasada, esta vez la bandera la lleva el representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, que también es cercano a Petro. El congresista Carlos Ardila se sumó a esa cruzada y presentó otro proyecto que además de regularla, establece que esos recursos se irían a los territorios, es decir, a los alcaldes y gobernadores para administrarlos en sus municipios.

Al debate se sumó el representante Daniel Carvalho quien confesó que hace 25 años fuma marihuana y se encuentra en perfectas condiciones de salud. Reconoció que se trata solo de un caso y su experiencia personal, pero muchos cuestionaron que no es la misma realidad que viven miles de personas en el país.

El problema es que la conversación se ha reducido a una ecuación simple: si se regulan las drogas, le quitarán el negocio a los narcotraficantes y se acabarán todas las problemáticas que rodean a ese negocio criminal. Así, los millonarios ingresos quedarán en el Estado para invertir en seguridad, educación, infraestructura, entre otros. Sin embargo, eso no sería tan sencillo.

Según el estudio de Mortalidad Asociada al Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia entre 2013 y 2020, presentado por el Ministerio de Justicia en junio de este año, 28.541 personas tuvieron muertes asociadas al consumo de sustancias psicoactivas durante esos años, eso quiere decir que al momento de la defunción hubo resultados positivos de toxicología con algunas de esas sustancias, según la información recopilada por el Ministerio en datos de Medicina Legal.

En el documento se detalla que se encontraron 24.723 casos asociados al alcohol, 3.469 a la cocaína y 1.813 a la marihuana; también hubo 37 con morfina, 19 de tramadol, 61 de heroína y 5 de fentanilo.

Llama la atención que la sustancia que se encuentra en el primer lugar y con el mayor número de casos de sobremanera es legal, que es el alcohol, lo que hace cuestionar si las políticas de prevención están funcionando o qué está haciendo el Estado para controlarlo. De inmediato surge el interrogante de qué estrategias se implementarían si se permite el consumo de la cocaína y la marihuana, por ejemplo, las dos sustancias que le siguen en el ranking de la investigación del Ministerio de Justicia.

A su vez, un informe de la Comisión Global de Política Antidrogas, que avala la regulación, advierte que hasta el momento los países que han flexibilizado su consumo son en su mayoría países avanzados, o del primer mundo.

En ese sentido, recalca que hay una serie de retos para las naciones menos desarrolladas y que será importante evaluar la capacidad de reacción del Estado y la forma en la que ha implementado políticas públicas de cada país.

“Cuando se ha propuesto como parte de la respuesta política la regulación del mercado interno, ya sea para la demanda interna o la producción para la exportación, a menudo se ha planteado la preocupación de que los países de bajos y medianos ingresos con instituciones frágiles no tengan la capacidad de regular de manera efectiva”, señala el informe.

Entre las principales críticas que hay a la posibilidad de regular las drogas y cambiar el modelo, es que muchos han puesto de precedente la visión de Estados Unidos, uno de los principales aliados en la lucha contra el narcotráfico durante décadas.

En la reunión que tuvieron Petro con el secretario de Estado de ese país, Antony Blinken, el alto funcionario gringo reconoció la visión de Petro, pero al mismo tiempo, una de las principales conclusiones del encuentro fue la interdicción con Colombia para brindar ayuda en inteligencia para combatir el tráfico de cocaína, tanto marítima como aéreo, y la cooperación entre ambos países para seguir capturando capos del narcotráfico.

Sin duda, la regulación de sustancias ilegales es uno de los principales debates en el país. Se trata de una discusión polémica que parece de nunca acabar y que deberá darse en detalle porque le preocupa a un gran sector de la sociedad que aún tiene muchas dudas por responder.