La pelea que tiene enfrentados al Pacto Histórico y al uribismo en Antioquia por una curul

El Pacto Histórico está en alerta máxima porque a pesar de que les aparecieron más de medio millón de votos en el escrutinio de las elecciones al Congreso, en el caso puntual de Antioquia ese proceso no les favorecería.

Así lo argumentaría una ponencia del magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Renato Contreras, que será discutida este viernes 15 de junio en Sala Plena.

La decisión tiene con los pelos de punta a los miembros del Pacto Histórico, que hace unos meses celebraban que se volvieran a contar los votos.

Una de las protagonistas es Luz María Múnera, excandidata del Pacto por Antioquia y quien resultó electa según el preconteo del 13 de marzo, ya que esa alianza de izquierda obtuvo la tercera curul en ese departamento.

Múnera, apoyada por una decena de líderes de relevancia del Pacto y encabezados por el senador Alexánder López, han recurrido a varios mecanismos en los últimos días para evitar que les quiten la curul. Este jueves convocaron a una rueda de prensa en la que se fueron de frente contra el magistrado Contreras y su ponencia, a pesar de que el documento por ley debe estar en reserva y no puede ser conocido por la opinión pública. ¿Cómo tuvieron acceso a lo que se presentó allí por el togado?

Los del Pacto alegan que supuestamente el magistrado recomendaría que para el caso de Antioquia el Centro Democrático obtuvo más votos que el Pacto Histórico, lo que le daría una curul a la colectividad de derecha y se la quitaría a la izquierda.

La decisión final está en manos de la mayoría de los magistrados del CNE, quienes deberán debatir si los argumentos de Contreras son correctos. En ese caso, la curul de Múnera pasaría a manos de John Jairo Berrío, representante del Centro Democrático.

Según le detalló Múnera a SEMANA, la denuncia contra el magistrado del CNE radica en que supuestamente Contreras habría decidido arbitrariamente qué formularios E-14 y E-16 comparar y analizar, es decir, el acta de escrutinio de los jurados de votación con la credencial para testigos electorales ante la comisión escrutadora.

Múnera reclama supuestos errores en el sistema que fueron notificados en una resolución. “Los del Centro Democrático se subieron, los de nosotros nunca se subieron. La nota de la resolución que mandó la comisión electoral de Antioquia advierte que hay problemas con el sistema, que los votos no se han podido subir, que se han bajado votos, como si estuviera loco”, reclamó la excandidata del Pacto.

Otro de los hechos con los que no están de acuerdo desde el partido de gobierno es que supuestamente no hubo presencia de miembros de la Procuraduría que deberían estar en ese proceso. Sin embargo, SEMANA conoció que para el caso concreto del estudio de estos formularios no se requeriría de presencia de un delegado del Ministerio Público ya que se trataría de miles de casos por analizar. De todas formas, luego del escrutinio, un funcionario de la Procuraduría deberá hacer una revisión general y lo decidido se contrastará con el software de Indra destinado para ese propósito.

“Las pruebas de oficio se pueden hacer pero tienen que ser de manera pública. Los actos que se hacen frente a lo electoral deben ser en audiencia pública. No hay testigos, no hay sentencia de la Procuraduría, no se sabe cómo las hizo”, reclamó Munera.

Más allá de la disputa entre ambos sectores políticos para lograr la curul, llama la atención que los miembros del Pacto hayan tenido acceso a esta información privilegiada.

La candidata del Pacto Histórico reconoció que fue el magistrado Luis Guillermo Pérez quien les alertó de la ponencia de Contreras, aunque aclara que no les compartió ningún documento ni detalles de la ponencia por tratarse de un archivo con reserva.

“Conocemos un informe general que nos entregó el magistrado Pérez que es quien nos representa. Él no puede soltar ese documento hasta que no pase por Sala Plena, lo que sí podía, y no es ilegal, es informarnos qué está pasando”, comentó Múnera.

Pérez, como reconoce Múnera, es conocido por su cercanía con el Pacto, ya que llegó por ese sector. Además de ser magistrado del CNE, ha sonado con fuerza para ser ministro de Justicia del presidente electo Petro y ha mostrado interés en el cargo. Del otro lado, Contreras llegó por postulación del Centro Democrático.

Desde el Pacto Histórico aseguran que ya radicaron la queja ante la Procuraduría, por lo que consideran es una arbitrariedad de Contreras, sin embargo, estarían esperando la decisión del CNE de este fin de semana para ver finalmente les dan la razón o si la curul queda en manos del partido de derecha. En ese caso, presentarían recursos contra el magistrado, entre ellos, una denuncia por prevaricato.

SEMANA conoció, por fuentes del CNE que prefirieron hablar bajo reserva por lo delicado del asunto, que hay una molestia con el magistrado Pérez por pasar esta información a los miembros del Pacto Histórico, la cual sería reservada, y que como todo proceso judicial debe surtirse y tener una sentencia para que quienes no estén de acuerdo con la decisión puedan presentar las reclamaciones oportunas que correspondan.

El hecho ha estado tan caldeado que a Contreras le han llegado amenazas e intimidaciones por redes sociales por parte de simpatizantes del Pacto, que ante los reclamos de sus líderes, la han emprendido contra el togado.

El tema preocupa en el tribunal electoral, porque una decisión judicial, previo a que se tome, ya estaría siendo instigada para incidir en lo que se defina. A algunos les genera temor que a través de estos mecanismos se acose a la justicia sin ni siquiera haber tomado una resolución sobre el caso.

Este viernes, los magistrados se reunirán en Sala Plena para estudiar la ponencia de Contreras, pero no será hasta el sábado y domingo, que están citadas las audiencias, y cuando tienen plazo máximo para presentar el escrutinio, que se decida si finalmente la curul le queda a Múnera o a Berrío.

SEMANA conoció que, contrario a lo que dice la candidata del Pacto, desde el Centro Democrático también presentaron las correspondientes reclamaciones para revisar los votos, porque consideran que les favorecían a ellos y que no habría sido una arbitrariedad de Contreras, como reclaman.

En todo caso, los magistrados deberán analizar esas pruebas y argumentos que se detallan en la ponencia para saber si Contreras revisó lo que le correspondía o no tiene la razón.

Lo importante será que los colombianos puedan tener la mayor transparencia y garantías de dónde quedaron depositados sus votos y que quien logre la curul sea el partido que verdaderamente tuvo las mayorías en ese departamento.

Lo que no se debería tolerar es que los magistrados y la justicia en el país esté siendo objeto de acoso para incidir en las decisiones, una práctica que desde algunos sectores se ha vuelto recurrente con el objetivo de influir en hechos que los puedan favorecer.