La Picota registra muertes de reclusos por presunta negligencia médica; Personería de Bogotá pide intervención de la Supersalud

La Personería de Bogotá, en cabeza de Andrés Castro Franco, alertó a la Superintendencia Nacional de Salud sobre presunta negligencia en la atención médica por parte del prestador de servicios en la cárcel La Picota. De acuerdo con los hallazgos de la entidad, se presentaron las muertes de cinco internos, que habrían sido provocadas por este tipo de prácticas.

Según expone la Personería, el primero de agosto de 2024 inició la ejecución del contrato entre Previsora y el operador de salud de la cárcel, la unión temporal Salud Central, “que asumió la operación de atención en salud intramural al interior del complejo, entre otros los servicios de medicina general, medicina familiar, atención a emergencias, toma de laboratorios, exámenes diagnósticos y algunas especialidades”.

En lo corrido de 2024, el personero expone que ha recibido 288 quejas relacionadas con la atención en salud. Y desde que comenzó el contrato del operador, hace casi tres meses, ha tramitado 67 quejas relacionadas con su servicio.

Entre ellas, según explica el documento, están dos muertes de internos, denunciando presunta negligencia en la atención intramural.

“Dos sin precedentes, relacionadas con el fallecimiento de 2 internos, al parecer, por presunta negligencia en la atención en salud por parte del área de emergencias intramural, al no remitir a tiempo a operadores externos en salud”, dice el documento.

De acuerdo con estadísticas de Policía Judicial, en el mes de septiembre y hasta mediados de octubre, fallecieron cinco reclusos, presuntamente por riesgos asociados a condiciones de salud. En uno de los casos la atención en salud tardó 20 minutos y el interno no resistió la espera.

“En uno de estos casos, de acuerdo con el informe de primer respondiente, el personal de salud del establecimiento tardó 20 minutos en llegar al sitio a atender al paciente, ocurriendo finalmente el deceso. Cabe destacar que a la fecha se encuentran allí recluidos 7.272 internos, donde, entre otras falencias, al parecer no se encuentran desfibriladores para las personas con enfermedad cardiaca grave que corren el riesgo de sufrir un paro cardiaco repentino”, se lee en el documento de la Personería.

Y como Ministerio Público, la Personería de Bogotá hizo presencia en el establecimiento, dialogando con representantes y el cónsul de derechos humanos, quienes constataron las falencias del sistema contratado por Previsora.

“Falta de médico de turno en los horarios nocturnos, alta del servicio de fisioterapia, desabastecimiento de medicamentos, no se presta el servicio de laboratorios y carencia de dispositivo de refrigeración para los medicamentos de pacientes insulinorrequirentes”, expone la solicitud.

Al hablar con el personal administrativo del operador, el personero Castro encontró “trato indebido hacia la población”.

“Por ejemplo, lo ocurrido el pasado 10 de octubre de 2024, en horas de la mañana, oportunidad en la que se conoció de un presunto delito sexual contra un privado de la libertad, se adelantó visita administrativa para la verificación de la situación y se evidenció que si bien el interno se valoró en sanidad, no se activó un protocolo oportuno e inmediato, al parecer porque ‘no había sistema’”, narró.

Pasaron tres horas y, pese a la presión de Policía Judicial, el médico tratante no había hecho la solicitud de remisión al establecimiento por emergencias o Medicina Legal.

La Personería de Bogotá pide una intervención de la salud en la cárcel y advierte que si la situación sigue, “a corto plazo se puede presentar desobediencia civil en búsqueda de ser escuchados”.