La reforma a la salud no está lista; el presidente Gustavo Petro aplazó su radicación

Aunque la Presidencia había confirmado que la presentación y radicación de la reforma a la salud se adelantaría con bombos y platillos este viernes 10 de febrero, el evento fue aplazado.

El propio presidente Gustavo Petro confirmó que la actividad se desplazaría para el lunes 13 de febrero, aunque SEMANA conoció por fuentes oficiales de la Casa de Nariño que la fecha es incierta, pero no pasará de la próxima semana.

La razón obedece a que el documento final del proyecto no está listo, al menos hasta este jueves 9 de febrero.

El propio ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, le confirmó a esta revista que “todavía estamos trabajando” en el articulado.

Es de recordar que el jefe de dicha cartera, además de la Dirección Nacional de Planeación, deberán emitir un concepto jurídico y económico que le dé sustento a la iniciativa de la ministra Carolina Corcho.

En la noche del 8 de febrero, hasta altas horas, todo el equipo técnico y jurídico avanzó en los conceptos, pero no lograron ponerse de acuerdo en algunos aspectos. Y este jueves 9 siguen trabajando para concluir la iniciativa. “Falta aclarar unos puntos”, añadió el ministro de Hacienda, quien dijo que espera antes de este viernes tener el concepto listo.

Además, el presidente Gustavo Petro le pidió a la ministra Carolina Corcho aprovechar la reforma a la salud para incluir unos artículos donde se contemple una propuesta para la salud de los maestros en Colombia tras las movilizaciones y concentraciones que adelantan actualmente algunos docentes del Cauca en la Plaza de Bolívar de Bogotá, quienes exigen una atención distinta.

Es decir, ese trámite podría extender en tiempo un poco más la presentación y radicación ante el Congreso de la reforma. De hecho, desde la Casa de Nariño se contempla que el próximo lunes podría ser el evento de presentación, pero otros conocedores del articulado prefieren esperar a la nueva decisión.

A medida que pasan los días, los tiempos para el estudio y aprobación de la reforma en el legislativo se hacen más estrechos. También aumenta la especulación entre la opinión pública.

Este jueves trascendió que a última hora el presidente Gustavo Petro había cedido y pedido que no se eliminaran las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) del sistema, pese a que ese artículo era la columna vertebral de la reforma.

Si eso ocurre, sería un gran logro de los opositores, sectores cercanos al Gobierno y los gremios, quienes le insistieron al Gobierno en la necesidad de unas empresas que administren los recursos de la salud en Colombia.

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De hecho, los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe insisten en la necesidad de construir sobre lo construido y no acabar con un sistema que tiene una cobertura superior al 90% del territorio colombiano.

Incluso, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien ejerció durante 7 años como ministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, ha sido uno de los principales críticos a la reforma de su compañera, la ministra Carolina Corcho. Cabe señalar que abiertamente expuso sus críticas en un consejo extraordinario de ministros y sus palabras posteriormente se filtraron a la opinión pública.

Arrinconados, directivos y presidentes de EPS destapan sus miedos ante la ministra de Salud, Carolina Corcho: “nos quieren quebrar”

En las EPS sabían que 2023 comenzaría con una estocada. A fin de cuentas, el eje de la reforma a la salud que lleva meses anunciando el Gobierno Petro, por medio de las destempladas y agresivas declaraciones de la ministra Carolina Corcho contra esas entidades, tiene un objetivo central: ponerles un inri encima. Pero la forma de concretar esa eliminación, a juicio de quienes tienen desde este lado las riendas del sector salud, no es el proyecto de ley, que reposa ya en el despacho del presidente de la república, sino una vía más expedita y más brutal: la plata.

SEMANA habló con varios presidentes y altos directivos de las EPS, que prefieren guardar en reserva sus nombres por miedo a las retaliaciones del Gobierno y para evitar el pánico entre sus usuarios, empleados y contratistas. “No creo ni siquiera que lleguemos a la reforma”, dice uno, que advierte sobre el inminente colapso económico de algunas compañías en los próximos meses. “Estamos ahogados financieramente”, complementa otro. “Ya superamos nuestro límite de pérdidas y estamos usando las reservas”, sostiene uno más.

Los ejecutivos tienen la misión de dirigir compañías que cuidan la salud de millones de afiliados con una sentencia de muerte sobre sus hombros. “¿Quién puede trabajar así? Es como si anunciaran que van a cerrar los bancos: todo el mundo quiere ir a sacar su plata”.

Desde hace meses se decía que la ministra Corcho quería provocar un caos en el sistema para ambientar su reforma. Ella misma lo había sostenido en un encuentro con el médico italiano Federico Gelli, quien atendió al presidente en Italia cuando se contagió de covid. “Debe haber una crisis explícita clara que le permita a la sociedad entender que se necesita el cambio. Y que en medio de la crisis surja una alternativa”, dijo.

“Nunca quise creer que el Gobierno quisiera colapsar la salud. Hoy sí lo creo”, asegura, atónito, uno de los presidentes. La realidad es que lejos de lo que ha dicho la ministra, que pinta a las grandes EPS con millonarias utilidades, la situación financiera en algunas de estas entidades era ya crítica con la pandemia, pero se volvió inviable con su llegada.

En términos de plata, han sido dos grandes estocadas. Según ellos, la herida es casi mortal. La última fue la negativa del Gobierno de pagar las deudas que tienen con las EPS, que ascienden a 1,6 billones de pesos. El plazo era esta semana, pero tampoco se cumplió, pese a que, según las entidades, todo está listo en el Ministerio de Hacienda para hacer este giro.

La historia de esas deudas es compleja pero importante. Como se sabe, los colombianos tienen un plan de salud que cubre miles de procedimientos y medicamentos, y que se maneja a través del pago de una prima por usuario llamada UPC (unidad de pago por capitación). Los que no están dentro de este plan los paga el Gobierno por algo que se llama los presupuestos máximos. A las EPS les deben dinero desde el año 2020. “Estamos entre la espada y la pared. Cada día crecen más los beneficios, pero nadie responde por esos pagos”, dice uno de los presidentes.

Las EPS sostienen que han tenido que pagar en estos años esos rubros con presupuestos propios, pero que ya no dan más. “No hemos podido pagarles a hospitales, clínicas ni a los proveedores de medicamentos. Y va a llegar un día en que simplemente ellos decidan no atender más a nuestros pacientes. El gran causante de esa crisis es el Gobierno”, asevera uno.

La angustia por este no pago es enorme, pero creció a niveles intolerables cuando, en vez de anunciar el giro de recursos, el Gobierno se fue contra las EPS. “Tras de ladrones, bufones. En vez de pagarnos, salieron a difamarnos”, explica otro directivo.

En respuesta a una entrevista de la presidenta de Acemi, Paula Acosta, a SEMANA, en la que advertía el tema, la ministra Corcho aseguró que, por el contrario, eran las EPS las que debían 50 billones de pesos. “La sola cifra era absurda. Todo el presupuesto son 70 billones. Si debiéramos 50, el sistema no funcionaría”, explica uno de los ejecutivos. La alta funcionaria, en vez de rectificar, se reafirmó en decir –el pasado sábado– en un encuentro en Villavicencio que las EPS no solo “son inviables”, sino que “quiebran a los hospitales”.

Sin embargo, ya de manera discreta, la Superintendencia de Salud mandó por escrito un comunicado en el que reconocía que la información era falsa. “La Supersalud ha llevado a cabo en los últimos días un análisis y seguimiento a las acreencias de más de 100 EPS que fueron liquidadas entre los años 2003 y 2015. La evaluación de los datos arrojó que las entidades promotoras de salud en el país tienen deudas por más de 23,3 billones de pesos”.

La entidad agregó que se discriminan así esos valores: 16,6 billones corresponden a las EPS activas en el sector; 1,7 billones, a las EPS liquidadas; y 5 billones, a las EPS en liquidación. El exministro Fernando Ruiz explica que esos 16 billones corresponden en su mayoría a las deudas corrientes del manejo del sistema, que se pagan en 60 días.

“O la ministra no entiende las cifras, o de mala fe entrega información incorrecta como parte de una campaña de desprestigio contra nosotros”, se pregunta, preocupado, uno de los directores de las EPS. Hasta el momento, la alta funcionaria no ha rectificado por su cuenta.

Las EPS también se quejan de que los recursos de la UPC no les alcanzan. La ministra, por su parte, pidió el año pasado al Congreso entregarle al sector menos presupuesto, con lo cual se perdió cualquier posibilidad de hablar de un reajuste de esa prima. La UPC es un elemento neurálgico del sistema. Como ha sucedido en todos los frentes, en la salud se vive una disparada enorme de precios. Las EPS calculan que para ajustar esto se debía subir la UPC a un 27 por ciento, la ministra sostenía que un 12 por ciento y al final se transó en un 16 por ciento.

Lo que vive el sector salud no tiene que ver con el Gobierno, pero es apremiante. “Tenemos una inflación perversa, la peor en décadas”, explica uno de los presidentes, que cuenta cómo hoy paga alrededor de una tercera parte más por cada bien que utiliza en el servicio.

Y a eso se suma la trepada del precio del dólar, moneda que impacta al sector, pues muchos insumos y medicamentos son importados. “Hemos demostrado que el déficit que existe entre los recursos de la salud que nos apropia el Gobierno y lo que se consume es muy grande. ¿Quién corre con esos gastos?”, se pregunta otro.

No es la única coyuntura que afecta al sistema. Mundialmente, pasan cosas muy similares que han aumentado la presión frente a los servicios de salud. Lo primero es el impacto tan grande de la pandemia que hizo que durante años de confinamientos y restricciones muchas enfermedades no se atendieran debidamente.

Esto ha volcado a miles a los consultorios para programar servicios atrasados o ha hecho que los pacientes lleguen con complejidades que habrían podido evitarse con una atención a tiempo y que hoy son costosas de atender. Temas como las atenciones por salud mental están disparadas. A eso se suma que el miedo de algunos colombianos frente a la reforma también los ha hecho intentar hacerse procedimientos pendientes por la idea de que su EPS se acabará y después quién sabe qué pase.

Además de las preocupaciones financieras, las EPS se quejan de no tener ninguna comunicación con el Gobierno. “Se han sentado con los criminales, han ido a las cárceles, pero a nosotros no nos han abierto un espacio”, dice uno de ellos. A pesar de que pocos conocen el texto de la reforma, la ministra dice que es “la más socializada de la historia republicana”.

Cuentan, con dolor, que hoy no hay ningún tipo de interlocución, pues los funcionarios técnicos que llevaban más de 20 años en la entidad fueron despedidos en la barrida que hizo la ministra, denunciada por SEMANA en la anterior edición. “Se perdió toda la memoria y en este momento allá nadie sabe nada”.

Cuentan, con dolor, que hoy no hay ningún tipo de interlocución, pues los funcionarios técnicos que llevaban más de 20 años en la entidad fueron despedidos en la barrida que hizo la ministra, denunciada por SEMANA en la anterior edición. “Se perdió toda la memoria y en este momento allá nadie sabe nada”.