La reforma política de Petro: ¿la cuenta de cobro del Pacto Histórico contra el CNE por investigación contra el presidente?

El congresista del Pacto Histórico, Alirio Uribe, es uno de los tres parlamentarios que investiga a Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña presidencial en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Y es el mismo que está impulsando desde el Congreso la reforma política que pretende, entre otras cosas, quitarle dientes jurídicos y modificar el Consejo Nacional Electoral, el tribunal administrativo que —a diferencia de la Comisión de Acusación— avanza a pasos agigantados en la investigación contra la campaña presidencial de Petro por supuesta financiación irregular.

Mientras la Comisión de Acusación, integrada por tres representantes cercanos del Presidente (Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta, ambos del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, de la U) siguen practicando pruebas, el CNE votará el lunes 30 de septiembre un pliego de cargos proferido por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz. Dicho pilego demuestra con testimonios, facturas electrónicas de la Dian y otros documentos cómo la campaña presidencial violó los topes establecidos por la ley por encima de los 5.300 millones de pesos.

Uribe —reconocido abogado al interior del Pacto Histórico-— impulsa junto con otros congresistas del Pacto Histórico el nuevo proyecto de reforma política donde le pone freno al CNE. El contenido de la iniciativa se conoció a menos de una semana de votarse el pliego de cargos contra su jefe político. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también hace lobby en favor de la iniciativa.

El proyecto busca, entre otras cosas, que los magistrados no sean elegidos por el Congreso sino de una convocatoria organizada por la rama Judicial. Propone, por ejemplo, que se escoja de una terna compuesta por los candidatos de la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Argumenta que el CNE requiere mayor independencia judicial en los procesos administrativos.

Esa propuesta ha sido cuestionada por algunos sectores políticos y de oposición al gobierno que no entienden por qué el congresista Alirio Uribe quiere independencia en el CNE, pero no en la Comisión de Acusación. Al fin y al cabo, él lidera el triunvirato de congresistas que hoy investiga a Gustavo Petro y que no han dado señales de entregar resultados de su investigación, al menos, hasta el 2026.

“No podrá ser magistrado del CNE quien ejerciera cargos directivos de organizaciones políticas o haya aspirado u ocupado cargos de elección popular en los últimos siete años”, se lee en el contenido de la reforma. ¿Por qué en el Consejo Nacional Electoral no quieren a políticos investigadores, pero sí en la Comisión de Acusación de la Cámara?, preguntan en voz baja en los pasillos del Congreso.

El proyecto también propone que el CNE adopte medidas para colaborar con entidades encargadas de la investigación administrativa y penal sobre el control de financiación de campañas electorales.

El presidente Gustavo Petro no se ha referido a la propuesta de modificar el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, no es secreto su animadversión con el tribunal electoral. De hecho, el primer mandatario le anunció al país que desde el Consejo Nacional Electoral empezaba el “golpe blando” en Colombia.

Por eso, el congresista Alirio Uribe quiso atravesarse desde un comienzo a la investigación del CNE y reclamó competencias exclusivas para investigar al presidente Petro por la presunta financiación irregular de su campaña.

No obstante, la Sala de Consultas del Consejo de Estado le ratificó al Consejo Nacional Electoral las facultades para adelantar procesos contra Petro como candidato y no como presidente, tal como ocurrió con Juan Manuel Santos, quien respondió por el escándalo de Odebrecht, e Iván Duque, quien fue investigado por la ñeñepolítica.

De todas formas, para algunos magistrados del CNE que pidieron no ser mencionados, la nueva reforma política es una de las tantas mostradas de dientes de Gustavo Petro al tribunal electoral.

Esa tesis la reafirma la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal: “Petro y su gobierno dispuestos a desquitarse con el Consejo Nacional Electoral con la reforma política que están presentando para convertir al CNE en un simple colaborador para investigar la financiación ilícita de las campañas”.