POLÍTICA

La SIC, de Cielo Rusinque, estuvo hasta media noche en inspección en la Registraduría, ¿Qué buscaba?

La nueva superintendente se ha caracterizado por su radicalismo en favor de la izquierda.

Redacción Semana
13 de marzo de 2024
Cielo Rusinque, directora del DPS
Cielo Rusinque, directora del DPS | Foto: archivo-suministradas a semana api

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizó una inspección sorpresa a la Registraduría Nacional del Estado Civil por la que estuvo hasta media noche del martes en las instalaciones de la entidad ubicada en la Avenida 26, de Bogotá.

La diligencia de la SIC sobre la entidad a cargo del sistema electoral colombiano comenzó a las 2 de la tarde del martes (12 de marzo) cuando los funcionarios de la Superintendencia, a cargo de la superintendente Cielo Rusinque, llegaron a las instalaciones de la sede del poder electoral.

El procedimiento se extendió hasta la media noche y estuvo dirigido al Departamento Jurídico ubicado en el piso 5 de las oficinas desde las que se coordinan cuestiones clave para la vida política del país como las elecciones del orden nacional y territorial y la expedición de documentos.

SEMANA conoció que hubo funcionarios de la entidad que solo se enteraron de la diligencia llevada a cabo por la SIC hasta la mañana de este miércoles e, incluso, en el transcurso de la mañana de este miércoles se comentó la posibilidad de que el procedimiento de ese despacho sobre la Registraduría continuara en una diligencia más.

Fue cuestión de horas para que eso sucediera. Un equipo conformado por cerca de diez delegados de la SIC arribó nuevamente a la Registraduría a las 10 de la mañana de este miércoles y sostuvieron una reunión a puerta cerrada con integrantes del organismo hasta después del medio día.

Los funcionarios de la SIC revisaron computadores, celulares y correos electrónicos del Departamento Jurídico y hay versiones encontradas sobre si estos habrían intentado llevarse equipos de ese despacho.

Esa inspección tiene lugar justo después de que el presidente, Gustavo Petro, hiciera declaraciones sobre las elecciones presidenciales de 2026 y la firma Thomas Greg & Sons, que no solo participó en la licitación del contrato de pasaportes de la Cancillería, sino que tiene contratos con la Registraduría para la prestación de servicios logísticos.

“Lo que se está construyendo en Colombia puede afectar definitivamente la democracia. En el último año, han logrado que Thomas Greg & Sons propiedad de los hermanos Bautista y con lobby de políticos muy, pero muy poderosos, pueda controlar toda la base de datos de los colombianos en la registraduría y al mismo tiempo controlan el escrutinio de las elecciones. Tienen el control de las dos palancas de la elección. Una empresa privada, Thomas Greg &Sons, controla por completo las elecciones y puede hacer un fraude monumental”, dijo el presidente Petro el pasado 27 de febrero.

Pero es pertinente aclarar que la los contratos celebrados por Thomas Greg con el organismo electoral datan desde hace dos décadas y han tenido como objeto la logística electoral para las elecciones de orden territorial y nacional.

El presidente Gustavo Petro viene minando la credibilidad del sistema electoral colombiano, ambientando un gran “fraude” por el software que usa la Registraduría.
El presidente Gustavo Petro viene minando la credibilidad del sistema electoral colombiano, ambientando un gran “fraude” por el software que usa la Registraduría. | Foto: guillermo torres-semana

Entre tanto, hay dos compañías más de renombre, Indra e Idemia Identity, que han celebrado contratos con la Registraduría: la primera presta servicios de software y la segunda suministra las capacidades para la impresión de documentos de identidad.

La Superintendencia tiene funciones de policía judicial y en días recientes ha realizado inspecciones a la Registraduría, a la sede de Thomas Greg & Sons y hasta a la UNP. Esa última diligencia fue confirmada por la propia Rusinque durante sus declaraciones a medios de comunicación.

Thomas Greg & Sons se encuentra en una puja jurídica con la Cancillería de cuenta de la licitación del contrato de pasaportes que el propio presidente Petro le pidió al suspendido canciller Álvaro Leyva frenar.