La Unidad Nacional de Atención de Desastres es un ‘desastre’. No está preparada para atender las emergencias y se convirtió en un fortín burocrático

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es, literalmente, un desastre. En medio de la grave emergencia que afrontó Colombia en días pasados por los voraces incendios que arrasaron miles de hectáreas de bosque y páramo en todo el país, esa entidad quedó en el ojo del huracán porque no hizo lo que le correspondía. Por el contrario, la UNGRD, dirigida por Olmedo de Jesús López Martínez, fue convertida en un fortín burocrático del Gobierno Petro.

Carolina Arbeláez, representante a la Cámara de Cambio Radical, advirtió que no solo no se atendió oportunamente el fenómeno de El Niño, sino que los recursos estaban dispuestos desde el momento en que se pensaba enfrentar La Niña. Es decir, la plata se quedó sin usar en ambas contingencias.

Arbeláez añadió que esos recursos se habrían podido destinar para infraestructura, dotaciones para los bomberos, mantenimiento de aeronaves, y así prevenir y controlar los incendios. Igualmente, la plata tampoco se empleó para construir o mantener jarillones y muros de contención en la época de lluvia.

La congresista dijo que parte de los 2 billones de pesos con los que contaba la Unidad estaban en una subcuenta para la mitigación de los efectos del cambio climático. Pero solo se utilizó algo más del 15 por ciento, es decir, 398.000 millones de pesos. Esos datos fueron entregados por la entidad a través de un derecho de petición radicado por Arbeláez. “Es claro que no había planificación ni prevención en materia de riesgos y desastres. Lo que vimos ahora, en la emergencia para apagar los incendios, fue un verdadero desastre”.

La representante manifestó que, en noviembre de 2022, cuando ocurrió el fenómeno de La Niña, el presidente Petro también firmó la declaratoria de desastre nacional por un año para destinar recursos del presupuesto y atender la emergencia. El problema se traduce en que no hubo una oportuna atención de las emergencias, especialmente en ciudades y municipios, incluso los de más baja categoría, que no cuentan con dineros ni capacidades.

Asimismo, la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, denunció las tareas que dejó de hacer la UNGRD. Según dijo, solo hasta octubre del año pasado la entidad presentó un plan para atender El Niño, a pesar de que la alerta venía de meses atrás.

SEMANA conoció un documento del Ministerio de Vivienda con fecha de julio de 2023, firmado por el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Aníbal Pérez García. Allí se alertó sobre lo que iba a suceder y le pidió a la UNGRD y a otras entidades prepararse para atender esa situación. El funcionario detalló que enero y febrero de 2024 serían los meses más críticos. Al parecer, esa alerta tampoco se atendió.

Juvinao aseveró que en ese informe de la UNGRD se presentaron 2.458 acciones para atender la emergencia que se avecinaba, de los cuales 1.346 eran anticipatorios y 903 estaban a cargo propiamente de la entidad. El problema es que solo se ejecutaron 13 acciones, es decir, ni siquiera el 1 por ciento.

Lo más llamativo es lo que se hizo, por ejemplo, socializar el pronóstico del clima del Ideam, que costó 700 millones de pesos, y actualizar documentos, por un valor de 140 millones.

“Hay otro grueso de acciones que estaban dirigidas a 176 municipios del país. No sabemos si se ejecutaron o no, porque en el plan de acción en el marco del plan de la UNGRD no se reporta la información”, sostuvo Juvinao.

De igual modo, la congresista dijo que 495 millones de pesos fueron destinados a otras entidades para ejecutar 24 acciones anticipatorias, pero, del 41 por ciento del presupuesto destinado para eso, solo se ejecutó el 2 por ciento. Aunque algunas acciones estuvieron encaminadas a atender la emergencia en varias regiones, hay otras que llaman la atención, como la publicación de una circular en la página web del Ministerio TIC por un millón de pesos. “Todo contrasta con las lamentables denuncias que se han conocido y que dan cuenta de que a la UNGRD la habrían convertido en un fortín politiquero dedicado a contratar corbatas amigas del Gobierno”, cuestionó Juvinao.

Precisamente, López Martínez está en la mira por la baja gestión y ejecución en la entidad. Varios reclaman que se convirtió en un fortín burocrático para darles juego a personas cercanas al Gobierno.

Así lo denunció Daniel Briceño, concejal de Bogotá, quien puso en evidencia a varios de los grandes contratistas y su cercanía con el presidente Petro o con su hijo Nicolás Petro, imputado por la Fiscalía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Uno de ellos es el pastor cristiano Alfredo Saade, quien logró un contrato por 257 millones de pesos. A su vez, el cuarto contratista que más gana en la UNGRD es José Ignacio Llinás Chica, cercano a López y hermano de Luis Eduardo Llinás Chica, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), encargada de prevenir delitos financieros y que tiene acceso privilegiado a esos estados.

López Martínez reconoció que Regina Isabel López Burgos, prima del exdiputado investigado, otra de las contratistas de la entidad, fue recomendada directamente por el director de la Uiaf, según explicó, porque confía en su criterio, pues han trabajado juntos en procesos políticos en Antioquia. López Burgos tiene un contrato por 51 millones de pesos.

“Olmedo López es un tipo sin experiencia. Su mayor experiencia fue haber sido gerente de la campaña de Clara López en 2014. No tenía conocimiento al respecto. Se hicieron cambios en el manual de funciones para que varios activistas del presidente Gustavo Petro llegaran a esta entidad”, reclamó Briceño. “Es un amigo de Petro que le cubre la espalda, que tiene cuestionamientos, que no está preparado. No tiene ni idea de qué es un riesgo, una emergencia y nunca lo ha entendido. No ha atendido la emergencia de este país ni se preparó para ello”, aseguró Arbeláez.

“Es un politiquero tradicional que tiene serios cuestionamientos, algunos de ellos muy graves. Para rematar, no tiene la más mínima experiencia ni conocimiento en gestión del riesgo”, afirmó Juvinao.

López es un viejo amigo político de Petro. En 2018, le hizo un préstamo al entonces candidato presidencial por 300 millones de pesos, reportado en Cuentas Claras. En 2021 organizó un evento en Jericó, Antioquia, para el entonces precandidato.

Fue aspirante a la Gobernación de Antioquia en 2015 y gerente de la campaña presidencial de Clara López en el departamento el año siguiente. Trabajó como secretario de despacho del senador conservador Carlos Andrés Trujillo, el mismo que acercó esa colectividad a Petro al comienzo de su gobierno.

López fue suspendido durante el último mes por la Contraloría General de la Nación hasta el pasado 29 de enero por no entregar información relacionada con la reconstrucción de Mocoa, Putumayo, y Piojó, Atlántico.

SEMANA contactó a López Martínez para conocer su versión sobre estas denuncias y la falta de ejecución para atender las emergencias climáticas; sin embargo, no fue posible obtener una respuesta hasta el cierre de esta edición. Su oficina de comunicaciones argumentó que tenía una agenda ocupada por encontrarse trabajando en varias regiones del país.