“Las cárceles no pueden ser hoteles para delincuentes”, Juan Carlos Cárdenas, presidente de Asocapitales

La Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) se ha convertido en una de las organizaciones con mayor capacidad de gestión a la hora de hacerle saber al Gobierno nacional lo que está sucediendo en las regiones del país.

Desde esta organización, que cumple 10 años este lunes, se han puesto de manifiesto asuntos como la graves crisis por la falta de lugares para disponer residuos sólidos, la falta de implementos en su momento para enfrentar la covid-19 y los problemas de seguridad que viven las capitales.

En diálogo con SEMANA, el presidente de esta organización, el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, reveló que son varios los retos que se vienen para estas ciudades, que tratan de recuperarse de la pandemia y ahora enfrentan complejos problemas de seguridad junto a un hacinamiento carcelario desbordado.

SEMANA: Está previsto que esta semana quede lista la reforma tributaria. ¿Los municipios sí salen bien librados?

Juan Carlos Cárdenas (J. C. C.): Lo que estamos planteando es que la reforma tributaria no termine siendo centralista. La clave está en los territorios, hay que asignar mayor cantidad de recursos a los entes territoriales, porque siempre terminamos más de 1.000 alcaldes con un maletín limosneando recursos para nuestros municipios. Entre más se descentralicen los recursos más se puede sacar adelante la paz social que llama el presidente.

SEMANA: ¿Puede ser algún nuevo tributo en favor de los municipios?

J. C. C.: No necesariamente, puede ser por asignaciones con destinación específica, lo otro es la mayor transparencia en la asignación de regalías o revisar el sistema general de participaciones, porque este no se acomoda al crecimiento de las ciudades.

SEMANA: Una de sus mayores preocupaciones tiene que ver con el hacinamiento en las cárceles y así se lo han dicho al presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es la propuesta de ustedes?

J. C. C.: Hoy la inseguridad es una realidad que vivimos todos en el país, pero, además, tenemos un enorme hacinamiento carcelario y en las estaciones de policía. Lo que hemos planteado es un proyecto de ley de cárceles, en el que se plantea que haya compromisos de parte de todos: Gobierno nacional, gobernadores y alcaldes. Lo que queremos es encontrar una solución y que esto se complemente con la política de seguridad del Gobierno.

Los presos deben ser más productivos y eficientes mientras están privados de la libertad. Las cárceles no pueden ser hoteles para delincuentes. Hay que lograr que trabajen y aporten a la sociedad. Ese es el reto.

Por ahora debemos buscar la forma de ampliar los cupos para poder dar soluciones a corto plazo que la ciudadanía está exigiendo. Los bandidos deben pagar.

SEMANA: ¿Pero la ley ya está lista? Porque a ustedes prácticamente dentro de un año se les termina el período…

J. C. C.: Ya está prácticamente lista, lo que estamos haciendo es afinando unos detalles de socialización con algunos congresistas, de tal manera que no haya muchas trabas en el marco legislativo.

SEMANA: Hace algunos meses conversamos aquí sobre la disposición de los residuos sólidos, a propósito de la grave crisis sanitaria que vivió Bucaramanga. ¿Se está convirtiendo en una bomba de tiempo para los municipios?

J. C. C.: Todos sabemos que la disposición final de los residuos sólidos es una bomba de tiempo en todo el país. En 10 años la próxima pandemia, además del cambio climático, será sanitaria. Esta es una problemática que va a escalar, 15 millones de colombianos van a enfrentar una crisis sanitaria y eso se lo hemos hecho saber al Gobierno nacional. Hay que transitar de los botaderos a cielo abierto a los rellenos sanitarios como parques tecnológicos ambientales.

Hemos propuesto soluciones para implementar tecnología en los rellenos sanitarios, con un marco regulatorio fiscal que sea claro y también se debe tener un marco tarifario mucho más claro, para que no se afecte el bolsillo de los ciudadanos. Todo esto está enmarcado ya en un proyecto de ley que se presentará en los próximos días al Congreso. Esto con el fin de evitar enfrentar una pandemia que puede ser de mayores dimensiones a las de la covid-19.

SEMANA: A propósito de la covid, ¿cómo analiza la situación actual en la que están las ciudades capitales tras la pandemia?

J. C. C.: Aunque existieron diferencias políticas, la llegada de las vacunas fue un logro que hay que reconocerle al Gobierno nacional, nos ayudaron a contener la enfermedad, proteger aún más a toda la ciudadanía y empezar a recuperar la “normalidad” del día a día.

Ahora estamos afrontando todas las complejidades que nos dejó la covid-19. Por un lado hay miles y miles de ciudadanos que quedaron con miedos y problemas emocionales o mentales a los que hoy hay que entenderlos y darles apoyo; por otro lado, todos acá hemos hecho lo posible por salir de la crisis económica, generar más empleo y bienestar para todas y todos.

Hoy la recuperación del empleo es positiva. Sin duda la entrega de apoyo financiero a los microempresarios ha ayudado, la apertura de la frontera con Venezuela ha sido un acierto enorme porque poco a poco ha incrementado la exportación y el turismo ha impulsado el comercio y los empleos en cada una de nuestras ciudades.

SEMANA: Una de las quejas que ustedes han presentado es la Ley de Garantías. ¿Qué es lo que no les gusta?

J. C. C.: Hemos estado perdiendo prácticamente un año sin la posibilidad de ejecutar y cumplir los planes de desarrollo. Un año sin poder llevar las soluciones a los ciudadanos. Buscamos que haya una modificación a la ley de garantías. También debe haber modificaciones a los procesos de revocatoria.

SEMANA: ¿Cómo blindar que no usen los recursos públicos en las campañas, que es el objetivo de la Ley de Garantías?

J. C. C.: Para eso están los entes de control. Frenar convenios o ejecución de proyectos por seis meses o un año, es quitar el 25 % del período de gobierno para poder ejecutar.

SEMANA: ¿Qué es lo que no les gusta de las revocatorias?

J. C. C.: Hay que normar esta materia porque hoy no está muy bien reglamentado. Fíjese que en el caso de este período de gobierno, el 30 % de los alcaldes de ciudades capitales tuvimos que enfrentar procesos de revocatoria y los costos inherentes a esos procesos, es un desperdicio de recursos, no hay un soporte técnico que realmente indique que hay una afectación a los ciudadanos por parte del alcaldes, las revocatorias están persiguiendo fines políticos o politiqueros. Esos procesos los hacen generalmente quienes pierden las elecciones.

SEMANA: ¿Cuáles son los retos que se plantean desde Asocapitales para este año que les queda de período a los alcaldes?

J. C. C.: Lo que nos queda es que los proyectos que ya están establecidos queden en el presupuesto 2023 y que los proyectos estratégicos de materia territorial sean incluidos también en el Plan Nacional de Desarrollo. Hemos venido trabajando en temas como la gestión integral de residuos sólidos, el sistema penitenciario y carcelario, los sistemas de transporte público, el Sisbén y sus efectos en el régimen subsidiado de salud, el Programa de Alimentación Escolar, el Sistema General de Participaciones, el Sistema General de Regalías.