Las cuentas de la campaña presidencial de Gustavo Petro no cuadran en la Costa Caribe: en esa zona del país habrían entrado los dineros ilícitos

Más allá de la pelea entre Armando Benedetti y Laura Sarabia, que ocasionó la peor crisis del Gobierno de Gustavo Petro, el trasfondo del escándalo que hoy rodea a la Casa de Nariño y al mandatario son las revelaciones de lo que sucedió en la campaña del Pacto Histórico y los dineros que ingresaron.

En los audios revelados por SEMANA, Benedetti habló de 15.000 millones de pesos que habrían entrado a la campaña en el Caribe y no fueron reportados. Esa cifra ha llevado a un sinfín de interrogantes e interpretaciones. Las cuentas, especialmente en la costa, no cuadran.

Como ya se empieza a decir en los sectores políticos, “todos los caminos conducen al Caribe”. No solo porque allí fue donde, según el exembajador, habría existido la financiación irregular de los 15.000 millones de pesos, sino porque, según un análisis de datos realizado por SEMANA, fue la región en la que Petro hizo más eventos en plaza pública durante toda la campaña.

En el ámbito electoral, una manifestación en plaza pública resulta bastante costosa: alquilar un sonido con todos los juguetes, instalar tarimas y entregar refrigerios, entre otros gastos logísticos.

Según revisó esta revista a partir de las publicaciones de Petro, entre el primero de septiembre de 2021 y el 19 de junio de 2022 –época de la campaña– el entonces candidato hizo en total 81 manifestaciones en plaza pública, de las cuales el 48 por ciento fueron en la región Caribe, donde más estuvo y, a juzgar por los datos, donde más dinero se movió.

La fuente de esta estadística son datos procesados por SEMANA a partir las publicaciones en redes de Gustavo Petro.

De hecho, los dos primeros eventos grandes realizados por Petro cuando arrancó la campaña fueron en este territorio; el primero en Barranquilla, organizado, entre otros, por Benedetti junto con Nicolás Petro, y el otro en Valledupar.

Sin embargo, según los datos reportados por la campaña ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el formulario de “Actos públicos” apenas figuran las cuentas de cinco eventos realizados en el Caribe, cuando las propias publicaciones de Petro reflejan que fueron en realidad 37 las manifestaciones en plaza pública en esta región. ¿De dónde salieron los recursos para estas manifestaciones?

Un hecho que ha desatado las suspicacias es que justo los grandes escándalos de tipo electoral que le han estallado al presidente están relacionados con lo sucedido en esta región. A lo revelado por Benedetti se suma lo sucedido con su hijo Nicolás Petro, quien, según denunció Day Vásquez, presuntamente habría recibido dineros de cuestionados personajes, entre ellos Santander Lopesierra, el Hombre Marlboro, un controvertido excongresista y hoy aspirante a la alcaldía de Maicao, quien estuvo preso por narcotráfico en Estados Unidos.

Adicionalmente, en esta región la campaña presidencial del Pacto Histórico recibió los más cuestionados apoyos, como el del clan Jattin, liderado por la exsenadora Zulema Jattin, quien pagó condena por parapolítica; el grupo político del exsenador Musa Besaile, hoy preso por parapolítica; la casa Calle, del representante Andrés Calle; y el cuestionado clan Torres.

Fuentes del Pacto en el Atlántico le dijeron a esta revista en febrero de este año que miembros del clan Torres habrían ayudado a financiar el multitudinario evento con el que Petro abrió su campaña en Barranquilla, en septiembre de 2021. A esta casa política, muy cercana a Armando Benedetti, pertenecen el representante liberal Dolcey Torres, uno de los liberales petristas, el excongresista Efraín Torres y la diputada del Atlántico Karina Llano Torres, esposa del recién electo congresista del Pacto Histórico Pedro Flórez.

Este grupo político recibió del Gobierno Petro, en octubre del año pasado, la gerencia de los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027, cargo en el que está Rodolfo Bossa, esposo de Mimi Torres, hermana de Dolcey Torres.

Los Torres tienen, además, una conexión adicional con la Casa de Nariño. Hasta hace algunos meses, según comprobó esta revista, el senador Flórez tenía vinculado en su UTL a Andrés Fernando Parra Valverde, esposo de la ex jefa de gabinete, Laura Sarabia.

No se puede olvidar que, según los analistas políticos, el Caribe fue la región del país que le terminó dando la victoria a Petro en segunda vuelta, con casi 700.000 votos adicionales a los logrados en la primera vuelta. Petro le ganó a Rodolfo Hernández en Atlántico, La Guajira, Sucre, Córdoba, Bolívar, Magdalena y Cesar.

¿Violación de topes?

SEMANA revisó detalladamente los gastos de la campaña Petro Presidente y encontró que existen varios cuestionamientos. El gerente de la campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, tiene varias dudas por resolver.

Un primer punto es que no se hayan superado los topes establecidos. Para la primera vuelta, el límite fijado por el Consejo Nacional Electoral fue de 28.536.520.492 pesos. Los datos reportados al CNE indican que la campaña gastó 28.384.680.001 pesos, es decir, el 99 por ciento de la capacidad de lo que establece la ley, según un análisis de la Misión de Observación Electoral.

Para la segunda vuelta, el tope era de 13.347.457.427 pesos. Petro gastó 12.843.706.922, es decir, el 96 por ciento de los recursos permitidos. Solo para hacer un comparativo, Rodolfo Hernández destinó 3.002.107.685 pesos, es decir, el 22 por ciento.

Las revelaciones de Benedetti en SEMANA ponen de inmediato la lupa sobre una posible violación de los topes de gastos de la campaña Petro. Si se llega a comprobar que los 15.000 millones que menciona el saliente embajador en Venezuela entraron a la campaña del presidente, se habrían rebasado por mucho los topes, lo que constituye una falta grave según las normas electorales.

No es la primera vez que se sospecha de una posible violación de topes de parte de la campaña. Nexia Montes, empresa contratada por el CNE para auditar las cuentas, advirtió en febrero de este año una aparente maniobra de cambio de facturas para evitar sobrepasar los límites.

Uno de los hallazgos de la auditoría tiene que ver con el contrato para la seguridad privada de Petro durante la contienda. Inicialmente, se pactó el servicio de seguridad por 77.318.000 pesos, del 2 de mayo al 29 de mayo de 2022. Con esta cifra, según los auditores, la campaña estaba sobrepasando los topes legales en 19.396.000 pesos.

No obstante, posteriormente, en junio del año pasado, la campaña reversó parcialmente la factura –sin que existiera un otrosí del contrato– y se redujo el costo a 38.659.000 pesos. Así, se dejaron los gastos totales de la campaña Petro en un 99,93 por ciento del tope legal.

“Evaluamos que, si no se hace este ajuste al contrato, la campaña presidencial sobrepasaba el tope de gastos permitido en la Resolución 694 de 2022 del CNE”, indica el informe de auditoría.

El gerente Roa justificó el tema señalando que inicialmente se habían cotizado diez escoltas para cuidar a Petro, pero luego se redujeron a cinco. Sin embargo, llama la atención que se haya disminuido la seguridad del aspirante presidencial justo cuando más corría riesgo su vida. No se puede olvidar que, por ejemplo, el 5 de mayo, en Cúcuta, el hoy jefe de Estado tuvo que dar su discurso en plaza pública con chaleco antibalas y en medio de escudos por las amenazas que recibió en ese momento.

En las cuentas de la campaña de Petro tampoco se registra el pago de algunos asesores que estuvieron prestando sus servicios al mandatario. Por ejemplo, no se reportan pagos a Xavier Vendrell, el exterrorista catalán que salió en los ‘petrovideos’ y que daba instrucciones a los líderes del Pacto Histórico. Tampoco el de Antoni Gutiérrez-Rubí, uno de los asesores más cotizados a nivel mundial, según denunció La Silla Vacía.

También se deberá investigar lo relacionado con los testigos electorales. Hay denuncias de que a los 71.000 testigos del Pacto Histórico en la primera vuelta se les habría hecho un pago de al menos 60.000 pesos a cada uno. Sin embargo, esto tampoco aparece en las cuentas reportadas por la campaña.

El CNE deberá investigar con rigurosidad, y alejado del tono político, para determinar qué sucedió en la campaña del presidente. Sin embargo, a este escándalo se le suma una puja que hay dentro del órgano electoral por tener el poder de estas investigaciones.

Por otro lado, la oposición no se quedará quieta y, según le dijeron algunos líderes a esta revista, las próximas semanas presentarán recursos en contra de la campaña luego de efectuar varias investigaciones con los datos reportados por Roa.

El tiempo y las autoridades determinarán qué fue lo que ocurrió en la campaña del actual presidente de Colombia. Por ahora, no cuadran las cuentas.