Las cuentas pendientes de ‘Iván Márquez’

El presidente Juan Manuel Santos está próximo a firmar un histórico acto administrativo. El que levantaría las órdenes de captura vigentes contra quien, para Estados Unidos, es uno de los “terroristas” más buscados: Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’.

Como miembro del secretariado de las FARC, en marzo del 2006, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló cargos contra 50 dirigentes de la guerrilla al señalarlos como responsables de “suministrar la mitad de la cocaína mundial”. Además, para quienes dieran información sobre el paradero de los miembros del secretariado de esa guerrilla, ‘Iván Márquez’ incluido, Estados Unidos ofrecía 2,5 millones de dólares de recompensa.

Simultáneamente, en Colombia, fiscales y jueces de Pasto, Huila, Villavicencio, Valledupar, Cali y Bogotá expedían órdenes de captura y condenas que iban hasta 40 años de prisión contra la cúpula de las FARC, de la cual ‘Márquez’ hacía parte.

Homicidio en concurso con terrorismo, homicidio agravado, secuestro extorsivo, hurto calificado agravado, reclutamiento ilícito de menores, tentativa de homicidio agravado, terrorismo, lesiones personales, y rebelión constituyen la lista de delitos por los que ‘Iván Márquez’ es solicitado por la justicia colombiana.

Una lista que se traduce en las graves violaciones contra los Derechos Humanos que las FARC han cometido en las recientes dos décadas. Según la jurisprudencia colombiana, los máximos responsables, por cadena de mando, son precisamente los jefes de la guerrilla.

La toma a la base militar Las Delicias, en Puerto Leguízamo (Putumayo), en la que 28 militares murieron y 60 fueron secuestrados en agosto del 96; la toma al cerro de Patascoy (Nariño), con saldo de 22 militares muertos, en diciembre del 97; la incursión contra la base militar de El Billar (Caquetá), en la que murieron 65 militares y 43 fueron secuestrados, en marzo del 98; la toma a la estación de Policía de Mitú (Vaupés) en la que murieron 38 policías, 11 civiles y 61 policías fueron secuestrados, en noviembre del 98; la incursión al municipio de Miraflores (Guaviare) en agosto del 98, que provocó la muerte de 16 miembros de la fuerza pública, la de tres civiles, y el secuestro de 75 militares y 54 policías; el ataque al municipio Puerto Lleras (Meta) que ocasionó la muerte de diez civiles y 11 policías y el secuestro de 28 uniformados; la toma del municipio de Gigante (Huila), el 3 de diciembre de 1999, que cobró las vidas de tres civiles; el homicidio de monseñor Isaías Duarte Cancino, el 16 de marzo de 2002 en Cali; el secuestro de los 11 diputados del Valle del Cauca en abril del 2002, y su posterior fusilamiento en cautiverio; el secuestro y el posterior homicidio de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry; la muerte de 119 personas, incluidos menores de edad, en Bojayá (Chocó) el 2 de mayo del 2002; el atentado al Club El Nogal que causó la muerte de 36 personas; los secuestros de los tres contratistas estadounidenses, de los dirigentes políticos Íngrid Betancourt, Clara Rojas, Jorge Eduardo Géchem, Gloria Polanco, Consuelo González de Perdomo, Luis Eladio Pérez, Alan Jara, Orlando Beltrán, Guillermo ‘la chiva’ Cortés.

Esa es la lista de causas por las que 'Iván Márquez', por ser miembro del secretariado de las FARC, ha sido condenado o acusado. Incluso, el mismo día en que su nombre fue mencionado como negociador en La Habana, en el juzgado tercero penal de Valledupar se le iniciaba un juicio, junto a los demás miembros del secretariado, como coautores del asesinato de la exministra de Cultura, Consuelo Araújo Noguera, el 24 de septiembre del 2001.

El prontuario es largo. Este lunes, el alto comisionado de la ONU en Colombia, Todd Howland, manifestó que en el marco de los tratados de protección y defensa de los derechos humanos suscritos internacionalmente es imposible “indultar o dar amnistía” a los victimarios de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, esto no significa que el castigo para los responsables sea las mismas condenas que ha proferido la justicia colombiana, que van hasta 40 años de prisión.

El fiscal general, Eduardo Montealegre, dice que la Constitución obliga que a los máximos responsables se les investigue, acuse y juzgue, pero no obliga a que la sanción que se imponga sea privativa de la libertad. “Puede ocurrir que la Justicia condene a un jefe guerrillero a 40 años, pero dado que colaboró con la reconstrucción de la verdad, contribuyó con la reparación, dejó las armas, liberó todos los secuestrados y a todos los niños involucrados en el conflicto, no tiene que cumplir la pena efectivamente”.

La única fórmula para que ‘Iván Márquez’ no pague cárcel sería el acuerdo entre el Gobierno y las FARC para poner fin al conflicto. Y posteriormente cumplir los compromisos de verdad y reparación a las víctimas, como lo establece el marco para la paz que el Congreso colombiano aprobó el semestre pasado.

‘Márquez’, quien fue representante a la Cámara de la Unión Patriótica en los años 80, no podría volver a esa condición, pues el marco para la paz excluyó los delitos de lesa humanidad del delito político. Sería el único ‘beneficio’ que se advierte imposible para quien es el principal negociador de la guerrilla en este proceso de paz.