SEMANA revela las carpetas reservadas en la UNP con las denuncias del uribismo por amenazas contra congresistas y líderes del Centro Democrático

El Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe, no para de denunciar ante el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP) amenazas, intimidaciones y problemas tras el retiro de esquemas de seguridad que enfrentan congresistas, diputados, concejales y líderes de esa casa política. Sin embargo, según los dirigentes uribistas, esos reclamos no tienen eco, le dijo a SEMANA el director de la colectividad, Gabriel Jaime Vallejo.

El 20 de agosto de 2024, el directivo le envió el último derecho de petición al director de la UNP, Augusto Rodríguez, en el que solicitó medidas de protección prioritarias para militantes del partido.

SEMANA tiene en su poder el documento en el que Vallejo relaciona 15 nombres de políticos uribistas en diferentes regiones del país que enfrentan serios riesgos por sus vidas.

Entre ellos, la concejal de Tuluá, Valle, María del Pilar Coronel David, quien tiene problemas de seguridad desde hace casi un año. “Es inaceptable que lleve diez meses pidiendo un esquema robusto debido a mi riesgo y la Unidad Nacional de Protección siga jugando con mi vida y la de mi familia. Soy mujer, líder, concejal y representante de un partido de oposición, el Centro Democrático. ¿Hasta cuándo?”, preguntó.

El congresista Christian Garcés, por el Valle del Cauca, expuso el caso de Coronel David en un debate de control político en el Congreso a la UNP adelantado la semana anterior.

“La concejal, en varios oficios dirigidos a la Unidad, se pregunta: ¿por qué en su municipio, donde han sido amenazados todos los concejales por nada más y nada menos que la Inmaculada, se les entrega vehículo blindado a siete concejales de la ciudad, y a ella y a los partidos de oposición no? La concejal no tiene esas medidas”, afirmó.

En el listado del Centro Democrático también aparecen los riesgos en seguridad de Julio César García Varela, diputado del Valle, y varios casos de líderes políticos uribistas en Arauca, un departamento afectado por la guerrilla del ELN.

Entre ellos está el excandidato a la gobernación de Arauca en 2023, Manuel Alexánder Pérez; el gerente de esa campaña, Édgar Fernando Muñoz; el diputado Andrés Mauricio Morales, el militante uribista Juan Pablo Villamizar y la coordinadora departamental del Centro Democrático, Carmen Sirenia Saray. “Ella ha sido secuestrada. Las Farc le mataron a su esposo, y la UNP le desmontó el esquema de seguridad en semejante departamento”, denunció Vallejo.

El senador José Vicente Carreño, del Centro Democrático, dejó la responsabilidad de la vida de Carmen Sirenia al Gobierno y al director de la UNP. “Se nos están quitando las garantías a la oposición”, manifestó.

Augusto Rodríguez respondió en SEMANA que en Arauca casi todos los líderes políticos están amenazados. “Hacemos todo lo posible, pero nos remitimos a lo que nos diga la matriz de riesgo. Es injusto que digan que en la UNP tenemos un sesgo. Yo no puedo suplantar el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), la protección no se otorga de acuerdo con la amistad con el director de la entidad, se hace basada en los resultados de esta matriz”, advirtió.

En el derecho de petición también aparecen los nombres de Luis Gabriel Gavilán, concejal de La Calera, Cundinamarca, y el caso de Luis Gabriel Gómez Grisales, diputado de Antioquia, víctima de un atentado en un restaurante de Rionegro en julio de 2024. Según el partido, se le pidió a la UNP reforzar la seguridad, pero la solicitud no tuvo eco.

“La situación de seguridad de los líderes nuestros es dramática. Mientras que a los terroristas del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc les brindan seguridad, a la oposición le reducen sus esquemas”, resumió Gabriel Jaime Vallejo. El Centro Democrático ha elevado las denuncias hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Frente a esta situación, el director de la UNP dijo que el derecho de petición lo respondió el 9 de septiembre de 2024.

El uribismo ha pedido seguridad en varias oportunidades al Gobierno Petro. SEMANA conoció el contenido completo de una carpeta que el Centro Democrático envió desde 2023 al entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al director de la UNP. Se radicó el 8 de junio del año pasado y 15 meses después el congresista antioqueño Juan Espinal le resumió a este medio que “nada ocurrió”.

Entre los documentos aparece una denuncia que hizo a la Fiscalía el congresista Juan Felipe Corzo, quien narró que a comienzos de 2023 se acercó a su sede de campaña un hombre que se identificó como Camilo Rivera, quien dijo que fue enviado por el comandante Tamayo, perteneciente a las Águilas Negras.

“Él preguntó por mí. Como no me encontró, dejó una nota con su nombre y número de teléfono y el apellido del comandante que lo había enviado para que me comunicara con él apenas llegara”, narró.

Informó que también tuvo conocimiento de que en Tibú, Norte de Santander, las disidencias de las Farc, ubicadas en el Catatumbo, “le manifestaron a la gente que trabaja conmigo en ese territorio, me reservo la identidad por cuanto ellos mismos me lo pidieron por motivos de seguridad, que me cuide, que saben que soy un paraco y que no tengo nada que hacer por allá si no quiero lamentarme después”. Según el Centro Democrático, él hizo dos solicitudes de reevaluación de riesgo en 2024 y se las negaron.

Esos documentos los anexó a su petición a la UNP para que le cambiaran el vehículo de protección, porque, según él, “no cumple con los parámetros mínimos de seguridad ni tecnomecánicos tanto para mis desplazamientos como para los de mi equipo de seguridad”.

En la carpeta también quedó plasmada la situación de seguridad del senador Enrique Cabrales, quien ha tenido amenazas y extorsiones en Sucre y Bolívar.

“Han ido personas sospechosas a preguntar cosas a la finca del papá. Las denuncias correspondientes están en la Fiscalía y la Policía. Le hicieron estudio de nivel de riesgo, le asignaron dos uniformados en Cartagena, pero ninguno tiene permiso para conducir. Solicitan un miembro de la UNP”, asegura el partido.

A José Alirio Barrera, senador de Casanare, “le bajaron en 2023 las unidades de camioneta y el número de escoltas de protección”, se lee.

En su momento, el senador Carlos Meisel solicitó la reevaluación de su condición de exposición y riesgo debido a su cargo de senador. Y pidió que le asignaran un hombre adicional a su esquema de protección en Barranquilla.

Por su parte, a Verónica Arango, diputada de Antioquia, la UNP le quitó la seguridad hace tres meses y tuteló. Le realizaron nuevamente el estudio de riesgo y está esperando respuesta. “Eso es muy sospechoso”, le dijo ella a SEMANA.

El director de la UNP recordó que hay un convenio entre la entidad y el Congreso. “Hay un número de camionetas que pone el Congreso, pero las personas las pone la Unidad Nacional. A las personas no se les asigna más o menos vehículos según la palanca que tengan o porque son o no de los partidos de gobierno, sino en virtud de una matriz de riesgo que evalúa la Dipro. Esa valoración la revisa el Cerrem de la UNP. No es la voluntad nuestra, aquí no hay ningún criterio político, lo digo con sinceridad”, insistió.

Rodríguez le contó a este medio que tiene a muchos líderes de la Colombia Humana y del Pacto Histórico molestos con él por la misma situación. “El director de la UNP lo único que hace es firmar esos procedimientos. Yo no intervengo en la disposición o escogencia de las medidas a cada persona”.

Además, dejó claro que su relación con el Centro Democrático y Álvaro Uribe ha sido buena. “Los congresistas tienen vehículos en Bogotá y en la región de donde son oriundos, pero algunos quieren un número de escoltas o carros que se salen de las matrices de riesgo. No es justo”.

¿Quién tiene la razón?