Las disidencias ya son las nuevas Farc: territorios están azotados por enfrentamientos, minas y extorsiones, como en el pasado

“Uno no identifica qué grupo es el responsable, hay un muerto o un homicidio y uno no sabe nada”. Esas son las palabras del alcalde de Simití, William Quintana, un municipio enclaustrado en el sur del Bolívar, en plena región del Magdalena Medio, una de las más afectadas por el conflicto armado en Colombia.

Quintana ha pasado toda su vida en ese municipio y cuenta cómo la situación de orden público se ha degradado en los últimos cuatro años, dejando a un lado la tranquilidad que vivieron desde 2016, tras la firma del acuerdo de paz con las Farc, y hasta el 2021 cuando esa guerrilla empezó a reagruparse por frentes.

El alcalde de Simití es cuidadoso en no atribuir la situación de seguridad de su municipio a un solo grupo porque señala que el problema ha escalado tanto que ya ni saben quiénes son los comandantes de los bloques, los guerrilleros están vestidos de civil y no identifican públicamente cuáles son sus bases de operación, como sí sucedía en el pasado cuando las autoridades tenían la claridad de a quién se estaban enfrentando. Ya no lo saben.

Las disidencias de las Farc han ido ganando terreno en las regiones recuperando los espacios que tuvo la guerrilla de las Farc, desmovilizada y con congresistas sentados en el Congreso gracias al acuerdo de La Habana, pero de la que salieron reductos disidentes que terminaron convirtiéndose en un grupo armado tan robusto como la sanguinaria guerrilla que los antecedió. Las estadísticas que entrega Fedemunicipios indican que 700 territorios tienen presencia de estos grupos de los que 344 están en una situación grave.

En el sur de Bolívar la situación es crítica. Otro municipio, Santa Rosa, vecino a Simití, está presentando casos de minas antipersona sembradas en los terrenos, lo que tiene a los campesinos con temor de salir a trabajar la tierra porque la historia de conflicto que llevan a cuestas les mostró que los campos minados apagan vidas.

“De 2023 para acá se ha venido enfrentando una situación preocupante en la región. Necesitamos grupos de reacción porque hasta que no hay muchas muertes no hace presencia el ejército, incluso los pobladores cuestionan para qué llegan tan tarde si ya han matado a otras personas”, señala el alcalde de Simití.

Los alcaldes y gobernadores temen hablar en micrófonos sobre la situación de sus regiones porque en las zonas rurales los administradores locales se han visto obligados a desplazarse a las capitales para trabajar desde las ciudades porque en el territorio no hay garantías, mientras otros temen que la inseguridad termine llevándose por delante los proyectos de turismo en los territorios.

Las disputas territoriales entre las disidencias de las Farc comandadas por Calarcá y Mordisco tienen azotados a los territorios. La gobernadora, del Meta, Rafaela Cortés, asegura que la población se quedó en el medio porque ya no saben a cuál de los dos grupos, las disidencias de Calarcá o de Mordisco, pagarle las extorsiones y en las zonas rurales no salen de noche por los toques de queda les impiden moverse. Están sitiados.

“Nuestros alcaldes que se quedan frenteando en el territorio tienen un chaleco antibalas y un botón de pánico, algunos sin carros para desplazarse a las veredas. Se sienten impotentes e inseguros. Tenemos miedo de que termine asesinando alcaldes”, aseguró la gobernadora del Meta. En ese departamento en Mesetas y en Lejanías las denuncias sobre las intimidaciones a la población se convirtieron en una constante y los casos públicos son solo los que terminan siendo denunciados porque las autoridades saben que no hay registros verídicos por el miedo de la gente.

Los ataques a los mandatarios ya son una realidad. Al alcalde de Totoró (Cauca) le dispararon esta semana mientras iba en su camioneta movilizándose desde Popayán a El Tambo cuando se negó a detenerse en un retén ilegal que habían instalado los ilegales en la vía. Él salió ileso, pero no uno de sus escoltas porque el carro que le dan las autoridades nacionales para movilizarse no está blindado.

Seis diputados del Tolima recibieron amenazas de muerte esta semana, los presidentes de las juntas de acción comuna están recibiendo cartas de las disidencias y las extorsiones han aumentado 52%. “El departamento ha venido sufriendo un aumento de acciones que afectan la seguridad, propiciadas por las disidencias de las Farc, especialmente en el Sur y el Sur Oriente. Las disidencias tienen un incremento considerable de acciones armadas en el departamento con dinámicas similares a las que han tenido en el Cauca, utilizando drones y hostigamientos”, sostuvo la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.

Otros alcaldes comentaron a SEMANA que temen hablar en micrófonos porque en sus municipios no tienen seguridad que los proteja de las disidencias, lo que da cuenta de que esos grupos se convirtieron en las nuevas Farc que tienen sometidos a los territorios. “Estamos igual que antes. Es una situación grave. ¿Cómo creer en procesos de paz con unas guerrillas que firman y empiezan a copar el territorio? El Gobierno tiene que cumplir con sus deberes constitucionales”, concluye el director de Fedemunicipios, Gilberto Toro.

Las disidencias no actúan solas

Según las agencias de inteligencia de la fuerza pública, el ELN ha sellado varias alianzas criminales en determinados departamentos con el propósito de combatir a quienes considera sus enemigos y prácticamente estaría haciendo acuerdos con el Diablo.

Las asociaciones criminales se concretaron en los departamentos de Cauca, Nariño, Bolívar, Antioquia y Norte de Santander, en su mayoría con el propósito de frenar el avance del Clan del Golfo, que se quiere meter en las zonas donde hace presencia la guerrilla y maneja los negocios de narcotráfico y minería ilegal.

En el Cauca y Nariño, el ELN, según la información de inteligencia, ha realizado alianzas con la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, para atacar a las disidencias de las Farc de Iván Mordisco.

En Norte de Santander, en la región del Catatumbo, el ELN se alió con el frente 33 de las disidencias de las Farc que ahora están con alias Calarcá, quien se encuentran sentado en la mesa de negociaciones con el gobierno.

Y en el sur de Bolívar, el ELN mantiene una asociación criminal con el frente 33 de alias Jhon Mechas, quien como se recordará fue responsabilizado por el atentado contra el expresidente Iván Duque, en el 2019 en la región de Catatumbo en Norte de Santander.