Las madres comunitarias del ICBF salen a paro: advierten que no les han cumplido compromisos adquiridos por el Gobierno hace más de un año

Entre las madres comunitarias del país crece una molestia por la tardanza en los pagos, la intermitencia de los contratos y las demoras que perciben para recibir el bono pensional prometido por el Gobierno. Las cuidadoras de niñas y niños que son contratadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) bajo la modalidad de tercerización a través de operadores o asociaciones están inconformes porque dicen que esa entidad no les ha cumplido los compromisos asumidos desde febrero de 2023.

Por eso, uno de los sindicatos de esa institución convocó a un paro nacional indefinido en todas las modalidades de atención, para pedirle al instituto que les dé las garantías laborales para cumplir con su tarea de cuidar a la primera infancia del país en las zonas de escasos recursos.

El detonante del paro es la incertidumbre en los contratos, porque las madres han pasado 2024 firmando convenios de entre dos y tres meses de duración, a pesar de que hace dos años les ofertaban vínculos laborales de un semestre o de un año, lo que les daba más estabilidad laboral.

De hecho, a comienzos de octubre ellas no sabían qué pasaría después del día 31 de este mes, fecha de terminación del último convenio que se suscribió entre el ICBF, operadores, asociaciones y ellas. Y si bien esta misma semana la directora del instituto, Astrid Cáceres, salió a aclarar que están trabajando en renovar los contratos para noviembre, madres comunitarias confirmaron a SEMANA que persisten los retrasos.

“Nos han estado demorando el sueldo. Supuestamente, nos pagaban después del 15 de octubre, pero no nos han cancelado. Las madres que ya llevamos años en servicio estamos por cumplir la edad de pensión, pero las semanas no nos alcanzan”, contó Clara, una madre comunitaria de Bucaramanga.

Las cuidadoras prefieren no dar sus nombres completos porque temen perder los contratos que tienen con el Instituto, que, más que su fuente de trabajo, es la posibilidad de brindar un apoyo a su comunidad, haciéndose cargo de la primera infancia mientras sus familias trabajan.

El ICBF dice que ellas están recibiendo mensajes errados. “Tenemos una alerta por desinformación grande. Las confunden, les dan información equivocada, y queremos aclarar los mensajes para que no haya ruido sobre nuestra relación con las madres comunitarias”, dice la directora.

Los problemas en los pagos dependen de los operadores y las regiones. Por ejemplo, SEMANA conoció testimonios de madres de Antioquia a las que sí les alcanzaron a transferir su salario después del anuncio del paro.

“La idea que tenemos con el paro es aprovechar que estamos trabajando para dejar el mensaje político de parar. Sin embargo, el problema es que tenemos muchos sindicatos y no todos están articulados. Además, como madres hemos sido muy gallinitas, nos da miedo salir a paro o dejar de atender a los niños porque sabemos que tienen necesidades”, contó una madre que pidió guardar su identidad. Ella, incluso, ya decidió dejar de trabajar.

La presidenta del sindicato Sintracihobi, Olinda García, aseguró que la falta de contratación continua está afectando sus prestaciones sociales y su estabilidad laboral. En ese catálogo de quejas también están las demoras en la entrega del subsidio pensional, punto sobre el que el ICBF responde que cerrará octubre con más de 6.000 madres adscritas a ese beneficio de las 69.000 que tiene el instituto.

El ICBF respondió que “las madres comunitarias actualmente están contratadas a través de las entidades seleccionadas para la operación de los servicios de modalidad comunitaria. A la fecha, las organizaciones contratadas para los servicios de modalidad comunitaria tienen sus pagos al día, si han cumplido con el lleno de los requisitos de ejecución y radicado a tiempo las cuentas correspondientes. Se espera que a su vez hayan cumplido con las obligaciones laborales para con las madres comunitarias que tienen en los servicios, y se encuentren al día en los pagos laborales”.

La última contratación de este año será por mes y medio porque, según el instituto, no había posibilidad de extenderla hasta el 31 de diciembre. “Dejamos diez días de diciembre garantizado el recurso para apalancar vigencias futuras, lo que significa que el próximo contrato sale con plata para poder pasar el fin de año y llevarlo hasta lo más que podamos el año entrante, de acuerdo con los recursos que nos asigne Hacienda”, sostuvo la directora del ICBF. Con esa promesa, las madres comunitarias se alistan para salir a paro para reclamar mejores condiciones laborales.