Pedro Flórez: así es como el senador, señalado por Nicolás Petro de llevar los fajos de plata para la campaña, le cuida la espalda a Euclides Torres

De Pedro Flórez es poco lo que se sabía hasta hace una semana cuando Nicolás Petro reveló ante la Fiscalía que el congresista del Pacto Histórico era el intermediario entre la campaña Petro Presidente y el empresario Euclides Torres para cubrir los gastos en la costa Caribe. “Yo me atrevo a asegurar que gracias al Caribe es que Gustavo Petro es el presidente de la república”, dijo Nicolás, encajando así las piezas del rompecabezas. Flórez fue un hombre útil para que los ríos de dinero llegaran a su destino.

Flórez llegó al Congreso en la lista del Pacto Histórico y el mismo Nicolás contó que Armando Benedetti fue el encargado de presionar para que lo dejaran en un buen lugar, asegurando así la financiación de Torres. Finalmente, sin ser de izquierda ni mucho menos progresista, quedó en el noveno lugar y se posesionó en 2022. Aunque era un hombre sin experiencia política, heredó la oficina de Armando Benedetti en el Capitolio Nacional e, incluso, contrató en su equipo de trabajo a Andrés Parra, esposo de Laura Sarabia, quien renunció meses después.

Ese contexto es necesario para comprender que Flórez llegó al Congreso por la ayuda del clan de Torres, aunque por mucho tiempo lo negó y se presentó como un alfil más del proyecto del Pacto Histórico con intereses en los temas de transporte y comunicaciones, por lo que llegó a la Comisión Sexta del Senado. No obstante, después de la comprometedora declaración de Nicolás Petro, revelada por SEMANA, se encuentran hilos conductores en el papel de Flórez en el Legislativo: cuidar los intereses de Euclides Torres.

Curiosamente, Flórez, como consta en su balance de gestión, tiene bastante interés por esos temas, pero llama la atención que los proyectos que ha presentado y en los que ha pedido que lo designen como ponente tienen relación directa con los negocios empresariales de los Torres.

En un país como Colombia donde encontrar problemas no es difícil y plantear las soluciones se convierte en todo un arte, Flórez aparece con su experiencia de empresario para asumir las riendas de importantes proyectos de ley. Es decir, para promover y hacer crecer los intereses económicos del clan Torres se crean los problemas y enseguida se llevan las soluciones. Euclides Torres tiene relaciones comerciales con los sectores de transporte, tránsito, servicios médicos y alumbrado público, entre otros.

Flórez, curiosamente, ha presentado proyectos en este sentido y es ponente en iniciativas que favorecerían directamente los negocios de su jefe político, ya que no cabe duda de que los votos que obtuvo son del clan Torres. El caso más reciente es un proyecto de ley que se aprobó en segundo debate en la plenaria del Senado y que tiene un buen sentido, pues busca actualizar el Código Nacional de Tránsito y crear unas nuevas medidas para garantizar que la movilidad no afecte los derechos a la vida de los ciudadanos.

Sin embargo, por casualidades políticas, Flórez resultó ser ponente y metió mano para que los conductores que sean sorprendidos sin licencia de conducción sean enviados a la cárcel. A primera vista, una intención loable para frenar la siniestralidad en Colombia, pero la realidad es que los trámites de tránsito en el país dependen, en gran parte, de los Torres, pues tienen un grupo empresarial que “brinda soluciones en los sectores de movilidad, salud, iluminación y tecnología”.

Esto significa que, ante el gran número de personas que no tienen la licencia por una u otra razón, este proyecto los obligaría a adelantar el trámite y el beneficiario sería Euclides Torres. Cada renovación o solicitud de licencias está amarrada a una de las empresas de los Torres, por lo que ganarán bien sea en el examen médico, en revisiones o expediciones de certificados. En ese mismo proyecto hay otro artículo que aumentaría el poder económico de los Torres a través de la vigilancia del sector de transportes, otra idea de Flórez que metió en la ponencia.

“La Superintendencia podrá implementar los mecanismos de inspección, vigilancia y control para todos sus vigilados”, dice el artículo, lo que traduce que las empresas de Torres aumentarán la facturación vía ley de la república. Esa vigilancia se hace a través de empresas que emiten certificados para licencias de conducción. Como el pasado de Flórez era desconocido, por lo menos públicamente, no había problema alguno en que liderara este proyecto, pero ahora su conflicto de interés está totalmente identificado, sobre todo, con la confesión de Nicolás Petro.

En el informe de gestión que presentan los congresistas anualmente, Flórez asegura que es autor de un proyecto de ley que crearía en Colombia la licencia de conducción virtual, para lo que claramente hay que acudir a unos trámites que acarrean un costo que llegaría a los bolsillos del clan Torres.

Este proyecto (26 de 2022) fue archivado por falta de trámite, pero Flórez lo impulsó a más no poder y seguramente llegará de nuevo una iniciativa en este sentido. Si se hubiera aprobado, cada colombiano hubiera tenido que pagar unos 200.000 pesos para obtener el documento virtual.

En el trámite del Plan Nacional de Desarrollo, hoja de ruta del Gobierno Petro para sus cuatro años de mandato, Flórez presentó varias proposiciones que, sin duda, tienen relación directa con los negocios de Euclides Torres. Por ejemplo, impulsó la normalización de redes eléctricas en Colombia, ampliar el régimen transitorio especial del servicio público de energía eléctrica en el Caribe, la ampliación de la Gran Vía, conexión Barranquilla-Puerto Colombia, región donde se concentra el emporio del clan familiar.

Todos, asuntos relacionados con uno de los millonarios negocios de Torres: el alumbrado público. En este tema del alumbrado, el entramado es sencillo: el clan Torres consigue que le adjudiquen concesiones de alumbrado por unos 20 años y por ese tiempo reciben un millonario pago. Flórez ha liderado varios debates y proposiciones para que las regiones estén completamente iluminadas porque, según él, la oscuridad las tiene en jaque.

¿Cómo opera Flórez?

Desde su llegada al Congreso, Flórez peleó su designación en la Comisión Sexta del Senado y con base en los acuerdos políticos de los partidos se le otorgó su petición. Con un bajo perfil, el legislador del Pacto Histórico revisaba semanalmente los proyectos que llegaban a la célula legislativa para determinar cuáles podrían favorecer o entorpecer los negocios de Torres. En dicha comisión es un hombre que goza de aceptación al ser considerado un “caballero” y de esa manera siempre obtiene la información de primera mano.

Además, los secretarios de comisiones siempre envían el orden del día y allí es muy sencillo enterarse de lo que se está tramitando. Fuentes de esa Comisión le confirmaron a SEMANA que Flórez es un habitual visitante de los despachos para saber qué proyectos se radican y es uno de los legisladores que más iniciativas radica en temas relacionados con su jefe político.

Con esa información, cuando no es el autor, solicita ser el ponente argumentando ser un conocedor del tema por contar con una experiencia empresarial y se “compromete” con sus colegas a sacar adelante las iniciativas. Como nadie conocía su pasado “empresarial” con los Torres, aceptaban que fuera el ponente, pero seguramente esta situación cambiará. En las plenarias se debate como fiera para impulsar los proyectos y ahora se sabe el porqué.

Cuando no son temas de su interés económico, su voz jamás se oye en el Senado. En medio de este escándalo, Flórez salió de viaje a Estados Unidos para atender una invitación que se le hizo para asistir a foros de salud, un asunto que no es su fuerte en el Legislativo. Además, no ha querido hablar en medios y su equipo de trabajo le dijo a SEMANA que por ahora no se referirá a este tema.

Sorprende también el silencio del Pacto Histórico, bancada que tanto critica este tipo de actuaciones políticas.

Pese a que el actuar de Flórez no es ilegal y está amparado por la ley, sus acciones sí pueden convertirse en un problema ético, pues todos los congresistas están amparados bajo la ley de conflictos de interés, que el congresista no se ha atrevido a declarar.