“Las normas no se hacen para una persona”, el ministro del Interior responde por el caso de Iván Márquez y el “repechaje” al que se refirió Humberto de la Calle y del que tienen dudas varios sectores

Varias dudas subsisten en diferentes sectores políticos luego de la aprobación del proyecto de prórroga y modificación de la Ley 418 o de orden público en el Congreso, esta semana, y el cual ha sido presentado por varios funcionarios oficiales como la “ley de la paz total”.

Pese a que la norma alcanzó las mayorías necesarias para ser avalada en el Capitolio y solamente le resta la conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara, todavía persisten algunos interrogantes, en especial en cuanto al tratamiento de los disidentes o desertores del proceso de paz con las Farc, entre los que se encuentran el exjefe negociador de esa organización, alias Iván Márquez.

Según aseguró el ministro del Interior, Alfonso Prada, la paz total en la que está empeñado el gobierno del presidente Gustavo Petro incluye a todos los grupos armados ilegales que quieran acogerse a esta nueva oportunidad para dialogar, negociar, desarmarse o someterse a la justicia ordinaria.

“Lo que el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, nos ha entregado es la posibilidad de no cerrar la puerta a fuentes de violencia para que tengamos la opción de sentarnos a conversar, dialogar y escoger la ruta dependiendo del tipo de actividad y el tipo de gestos que tengan con la sociedad”, afirmó Prada al ser indagado por los periodistas sobre casos como el de Márquez.

El disidente de las Farc tomó la determinación de abandonar el acuerdo de paz y, según las autoridades, retomó su camino de delincuencia y es uno de los principales líderes de la llamada “segunda marquetalia”.

De acuerdo con el ministro, “no quedan cerradas las puertas para ninguna ruta de violencia que se esté generando en Colombia y, en esa medida, con la mayor responsabilidad, el presidente puede señalarlos el camino oportunamente con los grupos que, finalmente, tomen la decisión de respetar a la sociedad y escoger el camino de la paz total”.

“Lo que pedimos claramente al Congreso es que no se hagan normas para personas, eso no es jurídicamente aceptable. Las normas no se hacen para una persona. Aquí hay estructuras de tipo político y tipo criminal que quedan definidas claramente en la ley, que tienen un camino y una posibilidad que nos lleve a cesar el conflicto en Colombia”, agregó Prada sobre el caso de Márquez.

Pero el tema parece ir mucho más allá. Diferentes sectores siguen rechazando la posibilidad de que disidentes como Márquez puedan ser tenidos en cuenta para nuevos procesos de negociación, luego de que, por voluntad propia, abandonaron el acuerdo de paz y regresaron a delinquir.

Uno de los primeros en poner el dedo en la llaga fue el exjefe negociador con las Farc, Humberto de la Calle, quien advirtió que este tipo de posibilidades envían mensajes negativos a la sociedad y a grupos como el ELN, el cual está en camino de reanudación de diálogos de paz con el Gobierno nacional.

Para el congresista, “el mensaje que se les da a los colombianos es que ahí no pasa nada, que el más avivato sale adelante. El mensaje para el ELN es muy malo. ‘Hombre, pues vamos aceptando y después a unos les dan el repechaje, les dan la amnistía y vuelven a negociar’”, afirmó De la Calle en el Congreso.

La senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, opositora de la administración de Petro, se refirió al caso de Márquez y a otra disposición que, adicionalmente, impediría su eventual extradición. “Ahora el terrorista Iván Márquez podrá estar tranquilo, no habrá extradición para él y los otros criminales, que están de acuerdo con la farsa de la paz total”, manifestó la congresista.

El representante a la Cámara uribista Hernán Cadavid afirmó que la decisión del gobierno de Petro y sus aliados fue “abrirle la puerta legal a Iván Márquez y compañía para volver a negociar con él. ¿Cuántas veces lo perdonarán? Que obsesión por estar dando beneficios a todo criminal que se les aparezca”.

Incluso, desde los partidos aliados del gobierno de Petro sigue el rechazo a esta determinación. El representante a la Cámara por el Partido Liberal Carlos Felipe Quintero manifestó su desacuerdo con que “a la segunda marquetalia y a Iván Márquez se les trate como actores políticos en una negociación de paz. Ellos engañaron a los colombianos que creímos en el proceso”.

La senadora Angélica Lozano, de la coalición Centro Esperanza-Alianza Verde, declarada de gobierno, afirmó: “Aquí hay un elefante en la sala. Iván Márquez traicionó al pueblo colombiano ¿vamos a premiarlo? Debe someterse a la justicia, tiene un rol diferente a todos los disidentes”.

Y el excandidato presidencial del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, afirmó que “a los colombianos no les causa curiosidad saber cuál es la obsesión del desgobierno con Iván Márquez. Interés por la paz no es y #EsPuraCarreta que ese narcoasesino sea un garante de algo saludable para el país. Entonces ¿qué mueve el empeño por rescatar a ese delincuente?”.

Pese a estas críticas y a que los interrogantes no están del todo despejados, el ministro Prada afirmó: “La sociedad nos va a exigir, con absoluta seguridad, como lo ha dicho el Alto Comisionado de Paz, que quienes se pretendan sentar, sea por la vía del diálogo político o la del acogimiento judicial, tengan gestos de paz, que impliquen cese de hostilidades, de secuestros y que la sociedad valore para un diálogo”.