Las prórrogas en obras que terminan abandonadas, se estarían convirtiendo en un negocio para las interventorías en Bogotá; esta es la alerta

“No saben la vergüenza que tengo con los vecinos de la calle 73, la 79, la 85, la 92, la 94 y la 112 que tienen obras de valorización y que desafortunadamente dejaron tiradas los contratistas. Por fin pudimos caducarles los contratos por incumplidos”. Con esas palabras fue que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció recientemente que el Distrito iba a tomar posesión de unas obras de valorización que consistían en construir unas aceras en la localidad de Chapinero, luego de que el contratista dejara literalmente abandonada la obra.

Se trata de las obras de construcción de aceras y ciclorutas de las calles 92 y 94. El acta de inicio se firmó el 30 de diciembre de 2020 y el plazo inicial era de 20 meses, lo que quiere decir que debía entregarse el 29 de agosto de 2022, pero un año después, la obra quedó abandonada por el contratista, con tan solo un avance del 24 % y el Distrito tuvo que tomar posesión de la misma.

El contrato se firmó por $30.298 millones, y estuvo a cargo el Consorcio Vial IDU, conformado por las empresas Innovaconst S.A.S (20 %), Aicon S.A.S. (30 %), Ingesem S.A.S. (20 %), y Sain Espinosa Murcia (30 %). La interventoría estuvo a cargo de MAB Ingeniería de Valor S.A., por un valor de $3.716 millones.

Lo que no se explican desde el Concejo de Bogotá es si esta obra empezó a tener retrasos desde 2021, por qué fue hasta agosto de este año que se ordenó la caducidad del contrato, y por qué, a pesar de los evidentes incumplimientos, se le otorgaron tres prórrogas al contratista.

Desde el cabildo distrital cuestionan, además, dónde quedó el trabajo de la interventoría, que precisamente es la encargada de alertar al IDU de posibles incumplimientos en la ejecución de las obras, pero contrario a ello, en este caso, se dio el visto bueno para las prórrogas del contrato e irónicamente al final el contratista no cumplió y abandonó la obra. ¿Este pésimo final no se pudo haber evitado?

De acuerdo con la concejal de la Alianza Verde, Mafe Rojas, quien fue directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), hay un problema por atacar en la ejecución de obras públicas y es que a las interventorías, al parecer, les conviene justificar las prórrogas y evitar pedir muy rápidamente sanciones o finalizaciones del contrato, pues las prórrogas significarían más dinero para ellas.

“Además del contratista, aquí también hay un gran responsable, y es la interventoría, porque todos estos son escenarios evitables, y justamente para evitar este tipo de abandono, es que el Distrito contrata interventorías, para que haya alertas y se tomen medidas a tiempo”, dijo la cabildante.

Según la concejal, las interventorías, en vez de alertar incumplimientos, estarían justificando la firma de prórrogas, “por algo muy sencillo, al haber prórroga del contrato principal, inmediatamente también hay prórroga a la interventoría. Un buen interventor se preocupa en que las obras salgan en el tiempo establecido, y que se utilicen los recursos de manera adecuada, pero ese espíritu se ha ido perdiendo”, precisó Rojas.

Las obras de valorización de las calles 92 y 94, no son las únicas que fueron abandonadas. En el pasado mes de julio, el Distrito también tomó posesión de las conexiones transversales en la calle 73 entre carrera 7 y avenida caracas, la calle 79b entre carrera 5 y carrera 7 y la calle 85 entre carrera 7 y carrera 11 en Bogotá.

Esta obra, cuya acta de inicio se firmó el 18 de diciembre de 2020, tenía un plazo inicial de 16 meses, lo que quiere decir que debía entregarse el 17 de abril de 2022, pero el contratista la dejó con tan solo un avance del 26,8 %.

El contrato de esta obra se firmó por $15.443 millones y el contratista fue C.I. Grodco Ingenieros Civiles SAS. La interventoría de la obra estuvo a cargo de Ingenieros Constructores y Asesores S.A.S., Ingconsa, por un valor de $2.875 millones.

En el caso específico de las obras de conexiones transversales en la calle 73, Rojas cuestionó: “si eran evidentes los problemas financieros de Grodco desde el inicio, ¿por qué la interventoría decidió no recomendar la sesión del contrato, el incumplimiento, o alguna figura sino hasta mayo de 2023?

“En muchas ocasiones los contratistas e interventores se dedican es al litigio y no a la infraestructura y eso no debe ser así”, agregó la concejal.

Similar situación de abandono ocurre con la obra de valorización del puente peatonal de la calle 112 con carrera novena, cuyo valor fue de $10.725 millones. El acta de inició se firmó el 5 de agosto de 2020, y debía entregarse inicialmente el 4 de julio de 2021, pero al contrato se le hicieron 3 prórrogas y finalmente el contratista consorcio infraestructura 2020 debía culminar el puente el 19 de mayo de 2023, pero el 16 de mayo de este año se declaró la caducidad del contrato.

De acuerdo con Rojas, “la interventoría solo aconsejó la sanción el 13 de marzo de este año, más de un año después de que debía estar lista”.

“Las interventorías se convirtieron en un negocio redondo, a tal punto que al dar una mirada a los procesos de contratación de las obras, por cada contratista que se presenta a hacer la obra, se presentan entre 4 y 5 para hacer la interventoría”, puntualizó Rojas.

De acuerdo con la Alcaldía, en esta obra, teniendo en cuenta los incumplimientos contractuales, el 16 de mayo de este año se declaró la caducidad del contrato, y se hizo efectiva la cláusula penal establecida en el mismo, por valor de $3.250.036.234. Esta obra alcanzó un avance de 36,41 %, principalmente con la cimentación y estructura metálica adelantada. En esta obra se impuso una multa por un valor de $2.426.156.462.

¿Qué responde el IDU?

El director del IDU, Diego Sánchez, en diálogo con SEMANA, respondió a los cuestionamientos por el trabajo de las interventorías e indicó cuál es la realidad de las obras de valorización.

“Se ha generado un mensaje de preocupación porque efectivamente no hubo casos exitosos en todos los contratos, pero estamos hablando de 15 obras que tenemos que ejecutar, de las cuales en tres obras tenemos problemas con los contratistas, en las demás tenemos contratos avanzando, incluso algunos se terminaron, otros están en buen avance”, dijo el funcionario.

Frente a la obra del puente peatonal de la calle 112 con novena, Sánchez indicó: “es una obra que se contrató en el año 2021 con un consorcio de empresas que terminó incumpliendo el contrato, se declaró la caducidad, se suministraron las políticas de garantía y tomamos posesión y arrancamos con un proceso licitatorio para terminar ese puente porque el contratista lo había dejado casi un 36 % de ejecución”.

En cuanto a las obras de construcción de aceras y ciclorutas de las calles 92 y 94, el director del IDU sostuvo: “el contratista no cumplió, se venció el plazo el pasado 14 de agosto. Entramos a tomar posesión y acabamos los eventos que están abiertos con brigadas y con cuadrillas del Distrito; nos pusimos como fecha límite la primera semana de octubre para poder terminar los frentes abiertos”.

Y relación con las conexiones transversales en la calle 73 entre carrera 7 y avenida caracas, la calle 79b entre carrera 5 y carrera 7 y la calle 85 entre carrera 7 y carrera 11 en Bogotá, el director Sánchez manifestó “el contratista tampoco cumplió con el plazo contractual, llegó la fecha de terminación del plazo, no ejecutó la obra, por lo tanto, se declaró el incumplimiento y estamos avanzando con el cumplimiento de la garantía”.

Frente al cuestionamiento del por qué el Distrito tardó tanto en caducar estos contratos y en tomar posesión de las obras cuando los incumplimientos eran evidentes desde hace un año, el funcionario dejó claro que “los contratos tienen unas obligaciones entre las dos partes, el contratista tiene una obligación de ejecutar en el plazo establecido, nosotros tenemos la obligación también de cumplir la ley y los contratos se rigen por ley, pero también por un debido proceso, yo no puedo saltarme el debido proceso, entonces no puedo entrar a hacer una declaratoria de incumplimiento a un contrato mientras que el contrato esté en ejecución, a menos que haya una causal como la muerte el contratista, o una situación de fuerza mayor muy grande que impida que la obra se haga, pero mientras que el contratista esté haciendo obras, así la esté haciendo lenta, yo tengo debo conminarlo a cumplir iniciando procesos administrativos sancionatorios, es decir, aplicación de multas, cosa que hemos estado haciendo, o sea nosotros a esos contratistas los multamos antes de la fecha terminación”.

Ahora, en cuanto al trabajo de las interventorías y por qué se aprobaron prórrogas a los contratos, a pesar de los incumplimientos evidentes, el director del IDU aseguró que las prórrogas están sustentadas y el objetivo inicial es siempre terminar las obras. Incluso, afirmó que casi todas las obras en Bogotá, por diferentes razones, por lo general terminan requiriendo adiciones de tiempo.

“El objetivo principal de un contrato de obra pública es lograr el bien público, el fin del Estado es completar una obra, si un contratista está ejecutando una obra y evidencia que necesita más plazo porque ha tenido problemas con interferencias que no fueron detectadas oportunamente, porque ha tenido demoras en los trámites, demoras por falta de personal, o ha tenido problemas financieros, pues él todo eso lo puede argumentar y la entidad es la que finalmente determina si la da una prórroga o no”, dijo Sánchez.

Y agregó: “en el IDU miramos si son conveniente las prórrogas, vemos hasta dónde esa prórroga es razonable, dado que el contratista puede pedir un año, pero la interventoría puede decir que un año es demasiado y requiere menos tiempo, y finalmente se acuerda un plazo que el IDU adopta en un modificatorio del contrato”.

Sin embargo, el director del IDU indicó que efectivamente al haber un plazo adicional de tiempo, también se requiere un mayor valor.

“Al plazo adicional viene asociado un valor, porque efectivamente las obras terminan costando más entre más se prorrogan, pero si en la prórroga el contratista acepta que esta prórroga es imputable a él, o sea que las causas por las cuales está pidiendo el plazo adicional son por dificultades que él ha tenido, pero ofrece cumplirla en un plazo adicional, y asume todos los costos adicionales e incluso asume el valor de la interventoría para que el IDU no tenga que pagar un peso más, pues de entrada le damos una sanción pecuniaria, es decir, ya lo estamos sancionando económicamente”, señaló Sánchez.

Las interventorías cobran más

El director del IDU confirmó que así el contratista finalmente incumpla con la obra, a la interventoría sí se le debe pagar no solo por el contrato inicial, sino por las prórrogas adicionales. En otras palabras, se termine o no se termine la obra, al interventor sí se le cancela por su trabajo.

“La ley obliga que todas las obras públicas en Colombia tienen que tener una interventoría experta, entonces si se prórroga el plazo de una obra, también se prórroga la interventoría a las cuales claramente hay que pagarles ese plazo adicional, pero ahí entra el tema de a quién se le imputan los gastos de la interventoría, si es por culpa del contratista, es el contratista el que paga la interventoría, pero no es que le pague directamente, lo que se hace es que el IDU le paga al interventor, pero le descuenta al contratista”, afirmó el funcionario.

Y en el caso de que el contratista nunca termine la obra, y por ende no tenga derecho a cobrar dinero, el IDU debe acudir a las pólizas de cumplimiento y es de ahí de donde sale el dinero para pagar a las interventorías.

Ahora, en todo caso, el director del IDU puntualizó que en las tres obras de valorización en las que la Alcaldía de Bogotá tomó posesión por el incumplimiento de los contratistas, las interventorías de cada una de las obras alertaron en su momento, los retrasos en las ejecuciones e hizo llegar a SEMANA la trazabilidad de cuándo empezaron a hacer advertencias por las demoras.

No obstante, la realidad es que más de 363.000 contribuyentes pagaron más de 825.000 millones de pesos como impuesto de valorización para la ejecución de estas obras y a la fecha, solo se ha entregado una obra, de 16 establecidas.