Las redes explotan contra dos senadoras que se quejaron por proyecto que pretende reducir sus sueldos de congresistas

Una de las iniciativas que avanza en el Congreso de la República es la ley que pretende reducir el sueldo a los congresistas en Colombia. Sin embargo, muchos de ellos no se quieren bajar del millonario salario. Las protagonistas durante el debate del proyecto fueron las senadoras Isabel Zuleta y Karina Espinosa.

Las dos senadoras tienen algo en común: se oponen rotundamente a que les bajen el sueldo y no es que suenen mucho por sus iniciativas. En el caso puntual de la congresista del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, comparó su salario con el de los futbolistas, pero olvidó que a ellos no les pagan con el impuesto de los colombianos.

“El pueblo reconoce y por eso nadie discuta cuánto vale, cuánto es un salario de un futbolista, por qué le reconoce su esfuerzo. Yo no he visto en los barrios populares que nadie diga: uy, ese futbolista gana mucho. ¿Saben por qué? Por qué la gente del pueblo, que es distinto a los medios de comunicación y a la opinión, reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo, la dedicación”, dijo Zuleta.

Ante sus comentarios, no se hicieron esperar las reacciones en redes sociales, especialmente en X (antiguo Twitter). Uno de los que reaccionó fue Mauricio Santa, exdirector del DNP.

Otros, en cambio, le recordaron al país que el Pacto Histórico fue uno de los partidos que promovió en campaña la reducción del salario de los congresistas.

A la senadora del Partido Liberal, Karina Espinosa, también le salió caro su posición al respecto de reducir el salario. Ella defendió que no es un trabajo fácil y que tienen derecho al dinero devengado, razón por la que solicitó aplazar el debate.

“Nosotros de verdad queremos saber en cuánto nos va a quedar el salario y si nos sirve o no venir (...). Creo que todo el que trabaja tiene derecho a su remuneración. Ya este debate está bueno de populismo. Estoy segura de que nadie quiere que le bajen su salario aquí en el Congreso”, dijo Espinosa.

Al respecto, el activista y opositor al Gobierno de Petro, Daniel Briceño, de manera sarcástica escribió en X: “Su ‘inmenso’ trabajo legislativo con ley de ‘Cero Cacho’ respaldan esa indignación”.

La senadora Espinosa se defendió y argumentó que no estaba indignada. “No es por cuestión de indignación que solicitamos el aplazamiento del debate sobre la modificación al régimen salarial de los congresistas. Propendemos por la revisión de los descuentos y deducciones reales que busca el proyecto”, dijo.

“Propuse que se permitiera a los congresistas trabajar desde las regiones de manera virtual y con salario fijo; reduciendo el gasto en vivienda, servicios públicos, tiquetes aéreos y oficinas, que son inherentes al ejercicio efectivo de nuestras funciones como servidores públicos”, agregó.

La reconocida periodista Pily también le respondió a la senadora liberal y la invitó a dejar el cargo: “Renuncie. Nadie la va a obligar a trabajar por un sueldo que no le sirve”.

Otro de los que reaccionó a los comentarios de Isabel Zuleta y Karina Espinosa fue el senador Jota Pe Hernández. Sin mencionarlas, dejó un mensaje bastante fuerte en su cuenta de X: “Hipócritas, descarados y sinvergüenzas”.

El salario de los congresistas: ¿por qué va en alza, no baja y ya está en 43 millones de pesos?

El presidente Gustavo Petro desató una nueva tormenta el pasado 25 de julio, cuando firmó el decreto que establece el aumento de los salarios de los congresistas.

Aunque algunos sectores de oposición al Gobierno consideraron que el jefe de Estado buscaba un incentivo para que los legisladores aprobaran el grueso de sus controvertidas reformas estructurales en el segundo semestre de 2023, el escenario tiene un tinte más legal, según informan desde el Palacio Presidencial.

La razón obedece a que el salario de los congresistas es un tema que quedó ‘amarrado’ jurídicamente desde la Constitución Política de 1991, porque el aumento anual es una obligación que establece el Artículo 187 de la Carta Política.

De acuerdo con dicho artículo, “la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”.

Es decir, legalmente es obligación del presidente de turno realizar los incrementos debidos a los congresistas durante cada año, más allá de sus intereses y la agenda legislativa. De lo contrario, podría terminar demandado constitucionalmente.

Una congresista consultada por SEMANA, quien pidió omitir su identidad, dijo que Gustavo Petro podría derogar el decreto. Sin embargo, otras fuentes coinciden en que él tiene la facultad para hacerlo “porque en derecho se deshace lo que se hace”, pero estaría pasando por encima de la Constitución y, además, le pondría un freno de mano a sus reformas en el Congreso.