¿Las reformas del presidente Gustavo Petro tienen futuro? Este es el complicado panorama que se avecina en el Congreso durante el próximo semestre

El Gobierno Petro tiene la mirada puesta en el próximo periodo del Congreso con el objetivo de que las reformas prometidas en campaña resurjan de las cenizas y sean aprobadas. El primer año legislativo fue agridulce. Aunque se aprobó el Plan de Desarrollo, la Reforma tributaria, el Pacto de Escazú ―que se venía estudiando desde el gobierno de Iván Duque― y el Código Electoral, la Casa de Nariño sufrió grandes derrotas, pues la reforma laboral, la ley de humanización carcelaria, la ley de sometimiento y la reforma política terminaron hundidas.

En el segundo semestre del año, se debatirán nuevamente las polémicas reformas a la salud, a las pensiones y la laboral bajo la coyuntura de la campaña electoral para alcaldías y gobernaciones, lo que hará más difícil que sean respaldadas. Como es habitual, los candidatos buscarán el voto criticando el rumbo del Gobierno.

Hoy el presidente Petro está preocupado porque el Congreso no le camina como esperaba y su alianza con senadores y representantes está prácticamente rota. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha dicho que el Gobierno tiene mayorías, pero son precarias, porque en cada debate debe moverse para sostener los respaldos y pescar votos entre los congresistas. Por eso, la Casa de Nariño descartó la posibilidad de extender las sesiones extraordinarias hasta finales de junio ante el temor de nuevas derrotas.

Desde este sábado, Velasco iniciará una maratónica jornada de conquista de congresistas con el fin de recomponer la coalición que Petro voló en mil pedazos. Intentará reconstruir las alianzas con el Partido de la U, el Conservador y el Liberal para garantizar que esas colectividades apoyen al Gobierno en el nuevo periodo legislativo.

La tarea es titánica, pues hay más de un obstáculo. Uno de ellos es la molestia de los partidos por la forma en que el presidente destrozó la coalición y los sacó del Gobierno. Aunque no lo dicen abiertamente, creen que sin participación burocrática no tienen afán ni compromiso de aprobar las reformas. Algunos legisladores han sido premiados, pero, en general, la mayoría dice que los han desconocido.

El Gobierno insistirá en acuerdos directamente con los congresistas, pero no será tan sencillo porque el 28 de junio empezará a regir la Ley de Garantías y los movimientos de personal en las entidades descentralizadas del Estado quedarán congelados. Es decir, no habrá movidas hasta después del 29 de octubre tras las elecciones regionales. ¿Logrará correr el Gobierno con la gestión burocrática en menos de una semana? El escenario es imposible.

“Reajustar los mapas políticos regionales será muy complejo. No hay tiempo, no alcanzarán a hacerlo”, resumió a SEMANA un senador cercano al Gobierno, quien pidió reserva de su identidad.

Otro obstáculo son los comicios. Para nadie es secreto que la contienda de octubre marcará el derrotero de las elecciones de 2026, y los partidos que necesita Petro para la aprobación de sus reformas tienen intereses en los departamentos y municipios. Como ocurre cada cuatro años, los congresistas estarán en las regiones y, en muchas oportunidades, será difícil conformar el quorum que se requiere en momentos definitivos para las reformas.

Las elecciones locales se convertirán en un talón de Aquiles para el Ejecutivo. A medida que pasan los días, la popularidad del presidente Petro se desploma. Invamer reveló el 2 de junio pasado que la aprobación del jefe de Estado pasó del 50 por ciento en noviembre de 2022 al 33,8 por ciento en mayo de 2023. En cambio, la desaprobación se trepó al 59,4 por ciento.

Los escándalos que sacudieron la Casa de Nariño provocados por los explosivos audios del exembajador Armando Benedetti, quien habló del ingreso de 15.000 millones de pesos a la campaña de Petro; las ‘chuzadas’, al parecer, orquestadas desde el Gobierno; la controvertida salida de la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, porque sometió al polígrafo a su exniñera; además de las escandalosas declaraciones de Day Vásquez contra Nicolás Petro se convirtieron en un artefacto que le estalló en las manos al presidente en sus primeros diez meses de gobierno.

Las cifras de popularidad están jugando en contra del líder del Pacto Histórico y tendrán repercusión en el Congreso porque los parlamentarios, a los que tendrá que acudir el ministro Velasco, se valorizarán políticamente. Asimismo, como están las cosas, el Gobierno tendrá que enfrentarse con el miedo que existe entre los partidos de que la aprobación de las reformas les pase factura en las elecciones de octubre.

SEMANA conoció que en La U examinan, por ejemplo, qué repercusiones tendrá, para la candidatura de Dilian Francisca Toro a la gobernación del Valle, el respaldo a las reformas y la cercanía con el palacio presidencial.

Los temores se agudizaron luego de la masiva movilización del martes 20 de junio en contra del Gobierno. Según cifras de la Policía, más de 92.000 colombianos salieron a las calles, una cantidad cuatro veces mayor que la convocada el 7 de junio para respaldar las reformas.

A favor de Petro salieron cerca de 20.000 personas, una cifra mínima teniendo en cuenta que solo en Bogotá ―una ciudad que ha apoyado al petrismo― 30.000 ciudadanos se manifestaron contra el Gobierno.

Para rematar, desde el 20 de julio el Pacto Histórico no tendrá las presidencias del Senado y la Cámara, pues la coalición de gobierno quemó sus cartuchos el primer año y ni así consiguió los resultados legislativos que esperaba.

El Congreso respetará los acuerdos y elegirá al ungido por la Alianza Verde, en la que se libra una fuerte puja entre los senadores Inti Asprilla y Angélica Lozano. Petro quiere que sea Asprilla por su radicalismo en favor de la izquierda y su estrecha cercanía con el Gobierno, pero el grueso del Capitolio tiene los ojos puestos en Lozano. La senadora no es de la confianza de la Casa de Nariño porque es la esposa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien cada día eleva el tono del discurso contra el presidente.

Por los lados de la Cámara, Andrés Calle, cercano a Gustavo Petro, podría convertirse en presidente. Y, aunque su favoritismo se mantiene, será necesario esperar. Las nuevas mesas directivas serán claves para el Ejecutivo, ya que se avecina la elección del nuevo contralor tras la decisión del Consejo de Estado que declaró nula la escogencia de Carlos Hernán Rodríguez.

Asimismo, la coyuntura nacional estará al rojo vivo: la Corte Suprema elegirá al nuevo fiscal en reemplazo de Francisco Barbosa, y la Cámara votará por el sucesor de Carlos Camargo en la Defensoría del Pueblo.

El camino para las reformas pinta tortuoso. La Comisión Séptima de la Cámara, en la que comenzará el estudio de la laboral, ya no estará en manos de Agmeth Escaf ni del Pacto Histórico, y eso enredará más el trámite de la iniciativa.

El nuevo presidente será del Partido Liberal. El Gobierno buscará que sea María Eugenia Lopera, la congresista antioqueña que desobedeció al expresidente César Gaviria y aprobó la ponencia de la reforma a la salud. Sin embargo, las mayorías empujan a Héctor David Chaparro, cercano al gavirismo. De los 21 congresistas de la comisión, hoy tiene 9 votos a favor (2 del Centro Democrático, 2 de Cambio Radical, 2 de La U, 3 del Partido Liberal). Solo le falta conseguir los votos conservadores.

Las reformas estructurales del Gobierno solo tendrán éxito si el presidente logra un acuerdo con los partidos, acepta consensos, abandona su discurso de polarización y deja de amenazar al Congreso con la ciudadanía en las calles si no aprueba sus proyectos. De lo contrario, será otro año de desgaste y pocos resultados.