Las vías por las que el Pacto Histórico busca liberar a los presos de la primera línea

Varias de las acciones del Gobierno evidencian un compromiso particular con la primera línea, grupo de manifestantes que protagonizó el estallido social. Incluso parlamentarios del Pacto Histórico, colectividad del presidente Gustavo Petro, confiesan que se sienten agradecimiento por el apoyo de esos jóvenes, tanto en las calles como en las urnas.

Ahora, por tres vías distintas, la bancada y el Gobierno intentan liberar a los presos de la primera línea. En buena parte se encuentran privados de la libertad en centros penitenciarios del país, acusados por delitos como daño en bien ajeno y terrorismo. Sin embargo, para el Pacto Histórico, varios de estos jóvenes son presos políticos que deberían ser liberados.

La primera vía es el proyecto recién radicado por representantes de la colectividad que busca indulto y amnistía para quienes lo soliciten.

Los beneficios no aplicarían para delitos como secuestro, violencia sexual, terrorismo, concierto para delinquir agravado y aquellos que presenten violaciones graves a los derechos humanos. Sin embargo, el proyecto abre la posibilidad de que se les otorgue el beneficio de casa por cárcel a personas que estén siendo investigadas por estas acciones.

Teniendo en cuenta que el Congreso de la República decidió eliminar dos artículos en ese sentido del proyecto de paz total, existen pocas posibilidades de que la iniciativa sea aprobada tal y como está. Sin embargo, existen otros mecanismos para lograr indultar a los miembros encarcelados del grupo manifestante.

Otra vía es accionar la mesa de alternatividad penal, que sería liderada principalmente por Néstor Osuna, ministro de Justicia, quien ya sostuvo una reunión con los miembros de la primera línea. El fin de esta instancia sería no enviar a infractores de bajo riesgo a las cárceles, de manera que, de utilizarse, se revisaría caso por caso, con el acompañamiento de las autoridades competentes, para tomar una decisión.

La tercera vía también se tramitará en el legislativo. La senadora Clara López radicó un proyecto de ley para “despolarizar” al país y una de las medidas sería castigar a quienes cometen delitos en protestas con servicio social.

López propone modificar el artículo 469 A del Código Penal, de manera que se establezca un tratamiento restaurativo de los delitos en contextos de protestas sociales y no punitivo, como se está haciendo actualmente.

“Quien en el marco del ejercicio del derecho a la protesta social haya incurrido en delitos tendrán un tratamiento no punitivo, que establezca sanciones restaurativas, alternativas y que vincule a los jóvenes con el trabajo social y comunitario”, dice el texto del proyecto.

Este tratamiento se restringiría a delitos amnistiables o indultables en ciudadanos no pertenecientes a grupos armados al margen de la ley. De esta manera, no podrán beneficiarse personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad y que formen parte de organizaciones armada ilegales.

SEMANA conoció que la primera línea, en reuniones con el Gobierno y visitados en las cárceles por congresistas del Pacto Histórico, hacen llegar sus propias recomendaciones sobre cómo debe ser el indulto a los asesores de los parlamentarios de la colectividad. Se trata de una organización que activamente busca la liberación de sus presos y el presidente Gustavo Petro dio la bendición para que ocurra.

Una de las figuras que más ha colaborado para este fin es Néstor Osuna, ministro de Justicia. El jefe de cartera avaló y acompañó el primer proyecto radicado para liberar a los presos, sería el responsable de accionar la mesa de alternatividad penal y se reunió en días pasados con los miembros de la primera línea, encuentro que los manifestantes consideran fructífero.

En caso de que sea potestad del Congreso, el trámite promete ser complejo y un motivo de discordia al interior de la coalición de Gobierno. Lo cierto es que el oficialismo quiere mostrar su lealtad a la población en la cual tiene más impacto: jóvenes indignados.