POLÍTICA
Ley de paz total: ¿se podrá volver a negociar con Iván Márquez? Así quedó la norma
Las plenarias del Senado y la Cámara discuten la conciliación del proyecto de ley, paso previo a la llegada del texto a la oficina del presidente Gustavo Petro para su sanción.
La plenaria de la Cámara discute a esta hora la conciliación de la llamada ley de paz total, con la cual se otorgan las herramientas para los diálogos que ha planteado el presidente de la República con los grupos armados ilegales.
La conciliación que discuten a esta hora los representantes es el último paso antes de que el proyecto sea enviado al despacho del presidente Gustavo Petro, quien se encargará de sancionar la norma.
Este texto, luego de cuatro debates, ya no se puede modificar en la etapa de la conciliación. Los congresistas tendrán que aprobarlo, que es lo más probable, o rechazarlo tal cual está.
La iniciativa, en esencia, entrega facultades al presidente Gustavo Petro para adelantar diálogos con los grupos armados ilegales, en búsqueda de lo que él ha llamado la paz total, lo que implica establecimiento de zonas especiales para el agrupamiento de los miembros de estas organizaciones y el levantamiento de órdenes de captura.
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Y luego viene un asunto bastante polémico, pues se permite que en esas zonas se levanten las órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición.
“En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso”, indica la norma.
Además de las facultades para que el Gobierno pueda adelantar negociaciones con los armados grupos ilegales, este proyecto contiene tres puntos claves que han generado discusión.
Negociar con Iván Márquez y su grupo
Uno de los puntos sensibles del texto que llegará a manos del presidente Petro es que se abrió la puerta a la posibilidad de volver a negociar con delincuentes que formaron parte de otros procesos y no cumplieron con sus compromisos.
En el fondo, uno de los principales reclamos de quienes no están de acuerdo con esa medida es que el Estado podrá volver a sentarse a negociar con Iván Márquez y los integrantes de la Segunda Marquetalia.
Sobre ese punto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, reconoció: “Queda habilitada la posibilidad de comenzar un proceso de diálogo, será el Comisionado de Paz el que defina las condiciones en que se negociará con cada uno de los actores”.
La polémica está contenida en el artículo 5 del proyecto, en el que no se hace mención explícita a la posibilidad de renegociar con disidentes pero tampoco se cierra esa puerta.
Uno de los principales reclamos del Pacto Histórico es que si no se dejaba esa puerta abierta quedaría incompleta la propuesta de paz total porque no se podría volver a negociar con varios de esos grupos residuales.
Servicio social para la paz
Otro de los componentes de la norma es la modificación del servicio militar obligatorio para generar la posibilidad de que los jóvenes opten por el servicio social para la paz, que es una alternativa para que ellos se consagren en la construcción de paz y la implementación de los acuerdos.
El texto señala que el servicio social para la paz tendrá una duración de 12 meses, una remuneración conforme a lo también previsto para el servicio militar, y podrá prestarse en las siguientes modalidades:
- Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.
- Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos.
- Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.
- Servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.
- Servicio social para la protección de la naturaleza y la biodiversidad.
Impuestos municipales
El proyecto también generó discusión porque permitía a los departamentos podrían imponer un “impuesto de seguridad y convivencia ciudadana” y los municipios una “sobretasa al impuesto predial”.
El asunto generó tanto debate que al final se matizó el tema y quedó únicamente que los municipios o departamento que ya están cobrando estos tributos lo podrán seguir haciendo, pero se cierra la puerta a que otros entes territoriales lo hagan.
Frente a la posibilidad de que el presidente pueda otorgar indultos a miembros de la primera línea, una de las grandes polémicas de esta iniciativa, esto quedó eliminado por completo.
