Lista la estrategia del presidente Petro para que campesinos dejen de cultivar hoja de coca, advierten que son “recursos millonarios”

El presidente de la República, Gustavo Petro, ya tiene listos los recursos que se destinarán para la comunidad campesina con el objetivo que deje de sembrar hoja de coca en zonas estratégicas del territorio nacional y en áreas en donde se ha registrado un aumento, en el marco de un ambicioso plan de sustitución de cultivos ilícitos.

De acuerdo con el ministro del Interior y portavoz del Gobierno nacional, Alfonso Prada, los recursos apropiados son “millonarios” para suplir las economías ilegales; el papel estará a cargo de la dirección del Programa de Sustitución de Cultivos.

“En medio del marco claro de la seguridad humana y del concepto de la paz total se ha designado al director del Programa de Sustitución de Cultivos, para dar alternativas a los campesinos cocaleros”, sostuvo Prada.

También señaló: “Todo el Gobierno trabaja en diálogo directo con ellos para construir los programas con estos campesinos. Preparamos un desembarco del Gobierno en el Putumayo y otras regiones cocaleras de Colombia con todos los instrumentos del acuerdo de paz como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”.

Cabe señalar que el gobierno de Gustavo Petro le cerrará definitivamente la puerta al uso del glifosato en Colombia para fumigar cultivos de coca. Por lo menos así se desprende de un proyecto de decreto, conocido por SEMANA, en el que se deroga el marco normativo existente con el que el anterior Gobierno buscaba reanudar las fumigaciones.

La norma que expedirá el gobierno Petro es breve pero contundente al decretar: “Derogar el Decreto 380 de 2021 ‘Por el cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, y se dictan otras disposiciones’”.

Es decir, deja sin efecto el decreto que había emitido hace un año el Gobierno del expresidente Iván Duque para dar piso jurídico al uso del herbicida.

Entre los argumentos de la administración de Gustavo Petro para emitir esta nueva norma está el hecho de que “la posición actual del Gobierno nacional frente a la aspersión aérea ha cambiado y se decidió no hacer uso del herbicida glifosato en método de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos”.

El Gobierno deja claro además que, en su consideración, el uso del glifosato es “potencialmente cancerígeno”, tal como lo han señalado pronunciamientos de la Corte Constitucional.

“La Corte Constitucional en sus providencias ha sido enfática en considerar que el uso del glifosato en aspersiones aéreas para la eliminación de los cultivos de uso ilícito puede causar cáncer u otras afectaciones a las células humanas, además de generar importantes impactos ambientales y, por tanto, resulta procedente la aplicación estricta del principio de precaución”, indica el proyecto de decreto.

En la exposición de motivos de este documento, el Ministerio de Justicia también invoca el acuerdo de paz, en el que se pactó dar prevalencia a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos como método para acabar con las siembras ilegales.

“El Acuerdo Final de Paz de la Habana, elevado a rango constitucional mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, acordó ‘encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género”, se desprende del documento conocido por esta revista.

El Gobierno nacional finalmente argumentó que “la lucha contra el narcotráfico y el control de cultivos ilícitos no puede dejar de lado la protección de los colombianos respecto de los riesgos en su salud y afectaciones al medio ambiente, así como salvaguardar los derechos fundamentales de la población víctima del conflicto armado, las comunidades y los campesinos”.